El círculo vicioso para los migrantes

Víctor M. Quintana

Las autoridades estadunidenses celebraron a su modo el día del migrante; el pasado 18 de los corrientes: deteniendo a cuando menos 604 trabajadores indocumentados mexicanos. Realizando razzias en las empacadoras de carne más importantes de Estados Unidos, como la Smithfield Foods, la más grande matanza de cerdos en el mundo, en Carolina del Norte, y en las plantas procesadoras de carne de res operadas por Swift and Co., en los estados de Nebraska, Utah, Texas, Minnesota y Iowa.

La empresa operadora de las seis plantas de proceso de carne no fue acusada de nada. Así, se salvó de pagar prestaciones y sueldos a un buen número de trabajadores, la mayoría mexicanos. Y es que la producción industrial de comida en los Estados Unidos, en manos de trasnacionales como la citada Smithfield Foods, como Cargill, como Tyson, debe su competitividad y su indudable rentabilidad al pago de muy bajos salarios y nulas prestaciones a los migrantes indocumentados que conforman una buena parte de sus operarios.

La mano de obra indocumentada ya es mayoría en la agroindustria y en las actividades del campo en los Estados Unidos. Según la Encuesta Nacional de Trabajadores Agrícolas, publicada en 2005 por el Departamento del Trabajo del vecino país, durante el año fiscal 2001-2002, 75 por ciento de la mano de obra contratada para las cosechas había nacido en México y 50 por ciento eran indocumentados. Los trabajadores agrícolas ganan en promedio 8 mil dólares al año, lo que los convierte en los trabajadores asalariados peor remunerados de aquella nación. Peor aún, según un estudio de 2003, sólo 23 por ciento de ellos tenía seguro de salud y menos de la mitad recibía algún servicio médico por parte de sus empleadores. La mayoría de ellos habitan en condiciones insalubres y de hacinamiento, en viviendas que carecen de los más mínimos servicios. Según el Consejo de Asistencia para la Vivienda, los trabajadores pagan 30 por ciento de su ingreso mensual por la renta de sus cuartuchos o barracas y 61 por ciento de ellos están debajo de la línea de pobreza.

Hasta en los mismos Estados Unidos se reconoce que los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas y agroindustriales en ese país cierran el círculo virtuoso para las trasnacionales del ramo: con sus exportaciones subsidiadas desplazan la producción campesina de México y expulsan a cientos de miles de ellos a Estados Unidos como migrantes indocumentados, hecho por el que son considerados criminales y perseguidos.

Según un estudio de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, la desestabilización causada por las exportaciones agroalimentarias a precio dumping de los Estados Unidos hacia México es "vasta y profunda": pérdida de 1.3 millones de empleos agrícolas en los primeros ocho años del TLCAN, a resultas de que las exportaciones de maíz de Estados Unidos se tasan en un promedio de 13 por ciento abajo del costo de producción, y de trigo en un 43 por ciento también bajo ese costo. Reducción de la población rural en tres millones tan sólo entre 1991 y 2002. Según dicho estudio, la mayor preocupación es el hecho de que México es una sociedad altamente desigual y que los sectores que son más afectados por las exportaciones estadunidenses a bajo precio son los más pobres y vulnerables en la economía mexicana.

Esto, ya muy evidente, inclusive para importantes actores sociales y políticos de los Estados Unidos, es ignorado por los sectores agrícola y ambiental del gobierno de Felipe Calderón. Uno de los subsecretarios de Sagarpa acaba de hacer declaraciones en su natal Chihuahua, que lo muestran encandilado por los señuelos neoliberales del mercado y de la necesidad de terminar con los subsidios... pero a los agricultores mexicanos. Visión que se traduce en las reducciones significativas a los presupuestos de Sagarpa y de Semarnat.

El gobierno de Calderón no va a avanzar un ápice en estas materias. Por eso es importante que se preparen para la movilización y la lucha las organizaciones que representan a los sectores afectados por estas políticas: los productores agropecuarios mexicanos, los migrantes, los trabajadores del campo. El próximo año debe ser el espacio de lucha para que se renegocie el Tratado de Libre Comercio en materia agropecuaria; para que se ponga un valladar definitivo a las importaciones a precios dumping, para que se respeten los derechos humanos y laborales de nuestros migrantes. Para acabar con el círculo virtuoso para los que lucran, y vicioso para quienes son explotados, aquí y allá.