La SSP federal, dependencia que más recomendaciones recibió durante 2006

Le sigue el Instituto Nacional de Migración con siete, afirma la CNDH

EMIR OLIVARES ALONSO

La Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) fue la instancia pública que más recomendaciones recibió durante 2006 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): ocho de 45 en total. Dichos exhortos fueron hechos, sobre todo, por el uso ilegítimo de la fuerza por elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP).

Esa dependencia fue una de las que más resolutivos rechazaron, pues su ex titular, Eduardo Medina Mora (ahora procurador general de la República), no aceptó los concernientes a los hechos en la Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, en Michoacán, y en San Salvador Atenco, estado de México, suscitados en abril y mayo, respectivamente.

A pesar de que el organismo, encabezado por José Luis Soberanes Fernández, acreditó que policías federales y locales vulneraron derechos relativos a la vida, la integridad física, la legalidad y la seguridad jurídica de varias personas en el primer caso, y en San Salvador Atenco los cuerpos de seguridad incurrieron en detenciones arbitrarias, retenciones ilegales, torturas, violaciones a la libertad sexual, allanamientos de morada, robos, incomunicaciones, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como irregular integración de averiguaciones previas, Medina Mora no aceptó las recomendaciones, lo cual fue considerado por el ombudsman nacional como actos de impunidad.

Si bien la SSP federal dio entrada a las demás recomendaciones, "ninguna ha sido cumplida en su totalidad", aseguró el organismo.

Al hacer un balance anual de su labor, la CNDH refirió que el Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, recibió siete recomendaciones, lo cual lo convierte en la segunda instancia gubernamental que más resolutivos recibió por violaciones a los derechos humanos.

Fuentes de la CNDH informaron que, a pesar de que dicha instancia no rechazó ningún exhorto, las condiciones en los centros de retención para migrantes a quienes se recluye, en la mayoría de los casos, en cárceles y no en centros idóneos y el respeto a las garantías no han mejorado.

Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) fue la tercera instancia con más recomendaciones recibidas: cuatro. Dicha dependencia también rechazó los exhortos de Soberanes Fernández por hechos relacionados con tortura; cabe recordar el caso del presunto narcotraficante Jesús Zúñiga Velázquez, quien fue víctima de torturas por policías judiciales.

La Secretaría de Marina fue otra instancia que rechazó dos recomendaciones en 2006.

Dicha acción de la procuraduría ocasionó que la CNDH emitiera su recomendación 13/2006 en mayo de 2006, que fue rechazada por la PGR con el argumento de que Zúñiga se había retractado de los cargos de tortura. El caso provocó un conflicto entre ambas dependencias, e inclusive una denuncia ante el Ministerio Público en contra del ombudsman nacional.

La procuraduría, encabezada entonces por Daniel Cabeza de Vaca, reculó y decidió aceptar en noviembre pasado la recomendación, argumentando que lo hacía "en aras de contribuir al debido esclarecimiento de los hechos". El cambio de actitud del entonces procurador general de la República se presentó días después de que integrantes del Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas hicieron fuertes señalamientos a representantes del Estado mexicano sobre ese caso y la "persecución" que se emprendió contra Soberanes.

Fuentes consultadas revelaron que 2006 significó "el año negro" para los periodistas. A pesar de que hubo más libertad de expresión, se suscitaron más casos de persecución, asesinatos y hostigamientos, que "quedaron en la impunidad".

El balance de la CNDH establece que el Gobierno del Distrito Federal y los institutos Mexicano del Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado recibieron tres recomendaciones este año.

Además, se hicieron dos exhortos a cada uno de los gobernadores de Michoacán, San Luis Potosí, Sonora y Querétaro, lo mismo que para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.