El derecho humano a la tortilla

Miguel Concha

No obstante que le pueda parecer irrelevante, y hasta irrisorio, a un reducido segmento de la población, y a pesar de que desde la década de los 80 sea un criterio fundamental cada vez más omitido en la planeación de la política oficial el acceso físico y económicamente viable al consumo de la tortilla, en cantidad y calidad suficiente, no sólo es un elemento básico de la cultura y alimentación de la mayoría de los mexicanos, sino antes que nada un derecho humano que el Estado tiene la obligación de garantizar, y el gobierno la responsabilidad política de respetar, procurar, proteger contra terceros y facilitar.

Ello se deriva de la relación estrecha que se da entre el derecho a la alimentación, la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria (que no son lo mismo), la que en los instrumentos y acuerdos internacionales de protección a los derechos humanos firmados por México implica en primer lugar el fomento de la producción y comercialización nacionales de maíz nutritivo e inocuo para la salud, de manera regular y permanente. Sin embargo, aun reconociendo el cúmulo de arbitrariedades que en los últimos años ha llevado a cabo, su cumplimiento no únicamente obliga al Poder Ejecutivo, sino también al Legislativo, que para ello tiene que modificar el marco jurídico que nos rige, y al Judicial, que debe ser capaz y contar con los instrumentos legales para hacerlo valer frente a cualquiera.

En este sentido, hay que subrayar que el Senado nos debe la aprobación de la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, que le fue presentada por un grupo de diputados de las fracciones parlamentarias que conformaban el Congreso, desde el 7 de noviembre de 2005; y, lo que también es fundamental en esta y otras materias semejantes, la Cámara de Diputados nos debe la aprobación del reconocimiento constitucional de nuestro derecho a la alimentación.

La escandalosa crisis de la cadena producción de maíz-consumo de tortilla, que de ninguna manera está resuelta para el futuro, es una nueva oportunidad para que nuestros legisladores cumplan con su obligación. En noviembre de 1996 México firmó en efecto la Declaración de Roma sobre Seguridad Alimentaria, y cuando la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó por unanimidad en 1992 que nuestro país se uniera a la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, los días 16 de octubre, se incluyó un pronunciamiento a favor de la incorporación del derecho a la alimentación en la Constitución.

Ello animó a varias organizaciones, agrupadas en el Frente por el Derecho a la Alimentación, a elaborar y promover una iniciativa de reforma en este sentido. En 1994 se logró presentar para ello ante el pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa que adiciona el artículo 4° de la Constitución, el cual sin embargo quedó en el olvido, a pesar de que en los años 1997, 2000 y 2001 distintos miembros de la Cámara realizaron exhortaciones para que las comisiones respectivas la dictaminaran, y de que durante el pasado periodo de sesiones se presentaron varias iniciativas para elevar a rango constitucional este derecho.

El 15 de diciembre de 2003 el pleno del Senado aprobó por fin un dictamen con proyecto de decreto para adicionar un párrafo tercero al artículo 4° y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27, para incorporar en la Constitución el derecho a la alimentación, estableciendo además como responsabilidad de los tres niveles de gobierno el asegurar que toda persona tenga derecho a una alimentación sana y suficiente en calidad, cantidad y dignidad.

El 29 de abril del año siguiente la Cámara de Diputados propuso algunas modificaciones al dictamen aprobado por el Senado, que sin embargo éste no aceptó, y turnó de nuevo a la Cámara de Diputados, donde actualmente se encuentra sin aprobación. Teniendo en cuenta todo el trabajo ya realizado, es indispensable que el Congreso lo retome y asegure pronto para el presente y el futuro el derecho a la alimentación de los mexicanos.

La iniciativa de Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, ya aprobada por la Cámara de Diputados, es también de vital importancia, pues precisamente tiene como uno de sus objetivos el dar certidumbre a la producción nacional de alimentos, por medio de políticas agrícolas estables, que promuevan el desarrollo económico del campo.

Retomando elementos de leyes existentes en otros países en la materia, la ley procura también estabilidad en las inversiones productivas, mediante presupuestos multianuales para 80 por ciento de las inversiones públicas. Busca además la eliminación de la discrecionalidad y politización anual o sexenal de las políticas agrícolas, pues se ha observado que muchos de los subsidios se otorgan por presiones políticas de grupos, y no por una planeación estratégica de largo plazo.