Arturo Alcalde Justiniani
¿Qué es más grave, traficar con drogas o con la calidad de vida de los trabajadores del país? La pregunta intenta comparar la conducta de aquellos que han aterrorizado algunas zonas de México por sus actos violentos relacionados con la producción y venta de drogas, y la de los personajes cuyo oficio es lucrar a costa de los trabajadores, impidiendo a los hombres y mujeres que viven de su trabajo mejorar sus salarios, evitar los abusos que padecen, proteger su integridad en los procesos productivos peligrosos, organizarse conforme a su interés y, en fin, soñar que después de muchas jornadas y sacrificios tendrán un mejor futuro para sus hijos.
Los trabajadores del país, así como buena parte de pequeños y medianos empresarios, son víctimas de estos personajes dedicados a administrar siglas de organizaciones sindicales con absoluta impunidad. Su estilo de vida suele ser ostentoso, utilizan automóviles caros y de modelos recientes, visten ropa de marca como los empresarios ricos a quienes pretenden emular, habitan en las zonas más exclusivas, no pagan impuestos, son excéntricos en sus gustos y, por lo general, cuentan con grupos de golpeadores a quienes encargan la tarea de presionar en los recuentos, de amedrentar a la disidencia o de acompañarlos en sus actividades públicas. Buena parte de sus conductas podrían ser motivo de persecución criminal, pues incurren en delitos como el abuso de confianza al apropiarse del patrimonio de los trabajadores, de simulación jurídica al suscribir los contratos colectivos sin conocimiento de los destinatarios, de declaraciones falsas ante autoridad, evasión fiscal, además de lesiones, amenazas e incluso en ocasiones de homicidios.
Es muy fácil identificarlos, por el ambiente de temor que suelen generar a su alrededor. Con los trabajadores son altivos y firmes en su lenguaje; con autoridades, altos empresarios y superiores jerárquicos en la estructura sindical, sumisos y disciplinados. Saben muy bien cuál es la fuente de su poder. Consideran el sindicalismo como un negocio, por eso nunca lo abandonan. Su máxima preocupación es conservar el cargo indefinidamente y heredarlo a sus hijos o allegados.
La existencia de estos personajes del mundo sindical sería inexplicable sin el apoyo empresarial. En los despachos patronales se presume el contacto con ellos, operan como abonados o socios del servicio. "Yo trabajo con tal líder", suelen afirmar como parte de su menú de servicios los abogados de empresa, y los recomiendan para ser elegidos en la firma del primer contrato colectivo. Los trabajadores no tendrán otra opción que formar parte de esa organización sindical si necesitan trabajar. La facultad patronal para decidir la central y el líder será defendida a toda costa en el futuro. Si los trabajadores intentan organizarse de manera autónoma, se entenderá como una afrenta para el empresario, que considera tener el derecho de imponer el liderazgo gremial; es su empresa y su sindicato. Esta es la verdadera cultura laboral mexicana, la que impide recuperar el prestigio del sindicalismo como elemento fundamental para lograr justicia y equilibrio en las relaciones de trabajo. El sindicato como forma de organización social es esencial para superar muchos de los problemas estructurales de México. Así acontece en otros países, no es una visión idílica. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) debería fijar una postura congruente y franca respecto al tema.
Al inicio de la gestión del presidente Fox se pensó que la alternancia guardaría cierta distancia de estos traficantes de derechos laborales. No fue así: desde el principio se les cobijó y protegió, se les trató incluso de manera más elogiosa que en el largo periodo priísta. El entonces secretario del Trabajo y Previsión Social, Carlos Abascal, llegó a afirmar en una reunión del Congreso del Trabajo: "Si tuviera que calificar el liderazgo sindical presente les otorgaría un diez". El último acto de gobierno de Fox fue bautizar la obra hidráulica más importante de su sexenio con el nombre de Leonardo Rodríguez Alcaine. Sería interesante conocer la argumentación para esta pleitesía.
En la agenda de cambios profundos que nuestro país necesita, conviene preguntarnos ¿por qué se mantienen con poder los líderes sindicales charros? ¿Por qué se inhiben medidas elementales de saneamiento en ese sector ilegítimo de origen, ajeno por definición a una cultura de transparencia y rendición de cuentas, responsabilidad productiva y distribución justa de beneficios? En la medida que son producto y beneficiarios de un sistema de control sustentado en la simulación, no pueden ser actores de una auténtica concertación. Algunos funcionarios del sexenio anterior justificaban su complacencia por el apoyo que obtendrían en la reforma laboral a fin de hacerla aparecer como consenso de los "sectores productivos". La sumisión al conocido proyecto Abascal incrementó el desprestigio de los líderes, generando incluso su división interna, pues algunos no advirtieron que en dicha iniciativa se suprimía el poco espacio que aún quedaba al derecho de asociación y de huelga. Finalmente, pagaron caro este apoyo; hoy es casi nula su presencia legislativa, a grado tal que perdieron la presidencia de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en la Cámara de Diputados que habían ocupado durante muchos años.
La pobreza salarial que agobia a la mayor parte de la población es en buena medida imputable a esta falsa representación obrera. Su conducta reciente al fijarse el incremento a los salarios mínimos, que avalaron "por solidaridad", y su falta de respuesta y acción ante la escalada de precios de los productos básicos, exhiben su verdadero papel. No han movido un solo dedo. Están conformes en que el salario siga siendo la única mercancía controlada que no está sujeta siquiera a las fuerzas del mercado.
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