Para el gobierno es justo el aumento de 42% a la tortilla

Carlos Fernández-Vega

Con la pompa que amerita la ocasión, el gobierno calderonista decidió fijar un "precio justo" para el kilogramo de tortilla, que resulta 42 por ciento superior al "precio justo" prevaleciente dos meses atrás (8.5 contra 6 pesos, respectivamente).

Al grito de "no toleraremos a especuladores ni acaparadores; vamos a aplicar la ley con firmeza y a castigar a quienes busquen aprovecharse de la necesidad de la gente", el inquilino de Los Pinos encabezó la "firma del acuerdo para estabilizar el precio de la tortilla", y lo hizo ante un grupo de empresarios y comerciantes que de una u otra suerte han sido señalados, comerciantes incluidos, como partes interesadas en este conflicto.

Lo cierto es que el acuerdo firmado ayer en Los Pinos es un paliativo adicional a los muchos registrados en los poco más de siete años de contar con un mercado de la tortilla "totalmente liberado" (como se presume), cuyo efecto inmediato se ha traducido en un incremento en el precio de este alimento cercano a mil 300 por ciento en ese lapso.

Son cosas de la llamada democracia empresarial mexicana, en la que el gobierno en turno se ve en la penosa necesidad de pedir permiso, y a destiempo, para equilibrar un mercado artificialmente desequilibrado, en el que va de por medio la alimentación y el bolsillo de millones de mexicanos, los depauperados en primerísimo lugar.

Como los anteriores, el gobierno actual no puede llamarse sorprendido con lo que sucede en el caso del maíz y la tortilla. Forma parte del Frankenstein neoliberal puesto a caminar dos décadas y media atrás, y que a estas alturas ya no saben cómo controlar. Sucede en prácticamente todos los sectores estratégicos de la economía mexicana: de la banca a los alimentos, del acero a los satélites, de las aerolíneas al cemento, de la telefonía a la televisión, y los que guste y mande añadir. Y el gran perjudicado, siempre, es el consumidor final.

Tocó el turno del alimento más importante para los mexicanos, y aunque algunos voceros de las grandes empresas de la cadena maíz-tortilla insisten en que esta nueva escalada "agarró a todos por sorpresa", el hecho es que algunas de ellas, como en el caso del Grupo Minsa del ex senador priísta jalisciense Raymundo Gómez Flores, ex propietario de la rescatadísima Banca Cremi se dieron el lujo de anunciar su intención desde finales de octubre pasado. Así lo notificó oficialmente el consorcio, en un documento presentado a las autoridades de la Bolsa Mexicana de Valores: "la empresa implementará un incremento de precios para el último trimestre del presente año, sustentado en el incremento de los costos del maíz que está siendo afectado tanto por el notable aumento de los precios y de las bases internacionales, como por el efecto de la escasez de maíz blanco nacional debido al apoyo que el gobierno federal otorgó para estimular las exportaciones y el consumo pecuario durante la cosecha de Sinaloa". Y lo hizo en noviembre, sin que autoridad alguna metiera la mano. Dos meses después, el caos.

En la pomposa ceremonia que ayer se efectuó en Los Pinos participaron, entre otros, dos secretarios del gabinete calderonista: el de Economía, Eduardo Sojo, el de Sagarpa, Alberto Cárdenas. El primero, contumaz defensor de la libertad de mercado, una semana atrás juraba que no existe "posibilidad de que el gobierno controle el precio de la tortilla (comentario que le ameritó la primera Medalla al Mérito Fox del sexenio); el segundo fue el caballo negro a quien Lorenzo Servitje, patriarca del grupo Bimbo, financió precampañas y campañas políticas. ¿Realmente están interesados en evitar la escalada?

Todo indica que no, porque los ayer reunidos en Los Pinos sólo se comprometieron a respetar el citado acuerdo "hasta el 30 de abril del presente año, fecha de inicio del ciclo agrícola otoño-invierno 2006-2007, en que será revisado para analizar la viabilidad de su modificación o prórroga de acuerdo con las condiciones que entonces prevalezcan, sin menoscabo de las acciones y programas aquí enunciadas que por su propia naturaleza tienen un alcance mayor a esa fecha", de acuerdo con el siempre exacto Eduardo Sojo. Por cierto, el ex coordinador de Políticas Públicas en el sexenio foxista es un innovador nato, porque ahora a las masas depauperadas las denomina "hogares más apartados del país", a quienes Diconsa garantizaría el abasto de tortilla a un precio menor.

Por eso, todos tranquilos, porque una vez más "no toleraremos a especuladores ni acaparadores" y se "aplicará la ley con firmeza", mientras se cocina el (los) nuevo (s) aumento (s).

Las rebanadas del pastel

Nada bien le fue al "presidente del empleo" en su primer mes de estancia en Los Pinos. Ayer informó el INEGI que en diciembre pasado la tasa oficial de desempleo abierto se incrementó a 3.47 por ciento a nivel nacional y a 4.28 por ciento en las 32 principales ciudades de la República (con más de 100 mil habitantes). El promedio para 2006 fue de 3.6 por ciento de la población económicamente activa, también mayor que un año antes. Como ya es tradición, el desempleo afectó más a las mujeres que a los hombres, también a nivel nacional... Y si de buenas noticias se trata, probablemente regrese a la palestra el mexicano más extrañado, Vicente Fox, pues el yunquista Manuel Espino Barrientos, anunció que buscará "incorporar" al ex mandatario "a la vida activa del PAN, sin que ello se interprete como injerencia en el espacio de responsabilidad del presidente Felipe Calderón". Eso sí, "tiene que ser una participación prudente", como la decisión misma.