lunes, abril 30, 2007

Desafuero religioso

Julio Hernández López

La excomunión de Marcelo Ebrard es una especie de desafuero religioso que busca inhabilitar a una corriente política, ideológica y electoral aunque no necesariamente -pero sí de paso- a un (pre)candidato en particular. Vulnerar la autoridad de un personaje técnicamente de izquierda y convertirlo en un estigmatizado social es una forma clerical de jugar carambola política disfrazada de santos oficios. Al colocar al esposo de la señora Mar(t)iagna en la hoguera de leña verde, los jefes de la asonada neocristera creen posible lastimar la figura del único de los gobernadores mexicanos que no reconoce a Felipe Calderón como presidente (aunque haya pláticas y entendimientos subterráneos y pragmáticos), del único de los gobernadores perredistas o de "izquierda" (incluyendo a López Obrador), que ha sido capaz de promover y sostener una medida -el aborto-, que contiene una plena, y electoralmente riesgosa, definición ideológica de verdadera izquierda (el asistencialismo y el populismo no lo son, ni con AMLO ni con ME) y del todavía un poco encubierto aspirante a los comicios presidenciales de 2012 que estaba jugando a vestirse tentadoramente con los ropajes de la izquierda "moderna", ilustrada, bonita y bien pronunciada.

El inquisidor Valdemar ha saltado al foro en la noche de las teas purificadoras para acelerar el linchamiento de las opciones de izquierda (o no de derecha). Con el desafuero jurídico se pretendía quitar a una gran porción de mexicanos la oportunidad de contar con un candidato contrario a la derecha. Con el fraude electoral del año pasado se demostró a los ciudadanos que su voto y los procesos comiciales no cuentan. Y ahora se trata de demostrar que la creación de leyes y la aplicación de éstas son letra muerta si a juicio de los presuntos controladores de la conciencia social los términos de esas normas no deben ser cumplidos.

Valdemar, el medieval, no es sino un instrumento de ventriloquia de Norberto Rivera, quien durante décadas ha jugado a la política de los privilegios mediante nada cristianas alianzas de complicidad con destacados jefes del saqueo de la nación, como son los grandes empresarios, los políticos y funcionarios de moda y los "líderes de opinión" (gerentes religiosos, dueños de medios, entre otros) que forman parte del grupo discreto de presión llamado "Por México". Norberto Rivera ha estado siempre del lado de los intereses de los poderosos, sentado a la mesa del gran capital, sin sentir el dolor de los pobres, sin entender ni impulsar ninguna lucha de reivindicación social, entregado a la diaria degustación de los placeres mundanos (sus niveles gozosos sólo podrían ser superados por Onésimo Cepeda, el más público ejemplo de traición a la doctrina de Cristo).

Justamente uno de esos pervertidos caminos terrenos, el de la sexualidad con menores de edad, ha llevado al cardenal Rivera a un proceso judicial en Los Angeles, California, donde se le acusa oficialmente de proteger a un sacerdote pederasta que a causa de ese cobijo norbertino habría podido continuar con su historia de depredación infantil. Tan entrampado judicialmente está el arzobispo primado de México que en los corrillos de la Catedral Metropolitana se habla de la posibilidad de que el político religioso nacido en Durango sea llevado al Vaticano, con algún nombramiento o alguna comisión piadosa, como una forma de colocar la estructura eclesiástica mexicana al margen de los resultados de los jaloneos judiciales por venir. Lo único cierto es que hoy no es Rivera el jefe católico con mayor autoridad moral y con menos flancos vulnerables.

En el momento de mayor debilidad del aparato presidencial desde el gobierno de Francisco I. Madero, la Iglesia pretende ganar fuerza, posiciones y concesiones. Mientras Fox y Calderón se ponen de acuerdo o se enfrentan, la sección mexicana de la elite vaticana busca recuperar lo históricamente perdido. Una veladora derribada hoy sobre la pradera social podría llegar a consecuencias insospechadas. Si la jerarquía católica llama a no respetar leyes ni autoridades, y éstas (al menos en el Distrito Federal) se hacen valer, el país estaría en riesgo de entrar a una confrontación social que, con el agravante de la polarización inducida a partir de la contienda electoral pasada, nos colocaría en el umbral de nuevas cristiadas, de nuevos franquismos.

Astillas:

México corre grandes riesgos cuando sus mandos institucionales no tienen pleno apego a lo nacional. Con Vicente Fox se pudo constatar la razón que tenían los diseñadores de la Constitución cuando exigían que el presidente de México fuera hijo de padres mexicanos por nacimiento, requerimiento modificado en la batahola modernizadora del salinismo (Fox es hijo de española, y de un padre que se asumía como estadunidense, según las indagaciones hechas por Ventura Gutiérrez, líder demandante de pagos a braceros y sus herederos). En este sexenio, el toque extranjerizante lo pone el virrey Juan Camilo Mouriño, beneficiario de sus paisanos españoles. Las cosas llegan a extremos como el que se vive en el Servicio Postal Mexicano (los Correos de toda la vida), donde Purificación Carpinteyro Calderón, mexicana de nacimiento, ha sido nombrada directora luego de renunciar a las nacionalidades brasileña y española. El artículo 21 de la ley federal de las entidades paraestatales dice que cada director general debe ser "ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad". Los allegados a Carpinteyro Calderón dicen que ella fue condiscípula de Felipe Calderón en la Escuela Libre de Derecho, pero no están seguros de que sea familiar del michoacano. La funcionaria viene del buró ejecutivo de Telefónica Movistar y antes fue directiva durante siete años de Embratel, la compañía telefónica brasileña...Y, mientras el fotógrafo Spencer Tunick monta un desafuero indumentario en el Zócalo, con un breve plantón de desnudos que bien podría corear: "¡Foto por foto!", ¡Hasta mañana, en esta sección que insiste en invitar a sus lectores -y también a los que no lo son- a ver El violín, una película mexicana a la que se quiso aplicar la nueva forma de censura, la económica, que consiste en la negación de oportunidades de exhibición al material indeseado!

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