La Minera San Xavier, otra historia de impunidad

Claudia Sheinbaum Pardo

La empresa canadiense Metallica Resources Inc. que sustenta a la Minera San Xavier SA de CV arribó a Cerro de San Pedro en San Luis Potosí en 1995. Su objetivo, explotar oro y plata que aún están presentes en esta zona, por medio del método de minería a cielo abierto. Este procedimiento de extracción consiste en la remoción de grandes cantidades de suelo y subsuelo, que son posteriormente procesadas para extraer minerales que están presentes en concentraciones muy bajas. Para recuperar los metales del resto de material se utilizan cantidades significativas de cianuro, sustancia altamente venenosa.

De acuerdo con el documento de impacto ambiental que presentó en su momento la firma canadiense, se utilizarán además 25 toneladas diarias de explosivos, con las cuales se tumbarán unas 80 mil toneladas de cerro que serán trituradas, 40 por ciento de las cuales serán depositadas en los patios de lixiviación, donde se aplicará diariamente por aspersión una mezcla de 16 toneladas de cianuro de sodio diluido con 32 millones de litros de agua. El impacto de esta explotación minera puede resumirse en contaminación del aire y de las aguas superficiales y subterráneas, afectación de los suelos, de la flora, fauna y del paisaje.

Este método de extracción de minerales pesados es tan agresivo al ambiente y a la salud de la población que ha sido prohibido en diversos países. Por ejemplo, en Costa Rica, Turquía, Grecia y la República Checa. En la Unión Europa existen importantes pronunciamientos negativos sobre la extracción de oro con cianuro, como la Declaración de Berlín. Diversas entidades de Estados Unidos han prohibido o determinado regulaciones coercitivas, y en Argentina y Perú ha habido movimientos sociales muy importantes para impedir la actuación de estas minas.

Por si fuera poco, resulta que la Minera San Xavier está ubicada a escasos kilómetros de la ciudad de San Luis Potosí en un área natural protegida decretada por el estado, en terrenos de alta recarga del acuífero y precisamente en el legendario pueblo minero del Cerro de San Pedro, decretado patrimonio cultural de la humanidad.

Por estas razones, el noveno tribunal del primer circuito ordenó a la sala superior de justicia fiscal y administrativa la anulación del proyecto. Esto desde el punto de vista legal debería haber solucionado el problema en forma definitiva, sin embargo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, desacatando abiertamente al tribunal, concedió a la citada empresa minera, de forma ilegal, irresponsable y criminal, otro permiso... ¡con las mismas causales de violación que el anterior! Este "nuevo permiso", totalmente ilegal desde cualquier punto de vista, fue impugnado y está por resolverse. Desde el punto de vista jurídico, es imposible que la resolución sea emitida en favor de la minera.

Además, el gobernador potosino, Marcelo de los Santos, ha estado amenazando a los miembros del Frente Opositor a la minera, y recientemente encarceló a Pedro Rebollosa, acusándolo de "motín", por haber cometido el "terrible" delito de participar en un mitin frente al palacio municipal contra la firma canadiense.

De acuerdo con los miembros del movimiento opositor a la minera en San Luis Potosí, en unas cuantas semanas la mina comenzará a lixiviar minerales. A estas alturas, parte del Cerro de San Pedro ya ha sido destruido y la minera trabaja 24 horas al día en la remoción de materiales. ¿Hasta cuándo tanta impunidad? Digamos no a la ilegalidad y a la depredación ambiental y exijamos la libertad inmediata de Pedro Rebollosa.