Editorial
En el debate sobre la despenalización del aborto, la jerarquía católica mantiene una postura que puede considerarse intolerante y ha lanzado ataques verbales contra los simpatizantes de esta medida, lo que podría calificarse de guerra sucia si se atiende a los más recientes episodios de confrontación política en el país. No obstante, para la Secretaría de Gobernación (SG) esta intromisión del clero en temas políticos es tan sólo un "ejercicio de derechos (...) en un régimen democrático", afirmación que avala las reiteradas agresiones del Episcopado Mexicano contra el principio del Estado laico, pese a que el artículo 130 constitucional establece que "los ministros no podrán asociarse con fines políticos (...) Tampoco podrán en reunión pública, en actos de culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones".
Ayer viernes, el subsecretario de Asuntos Religiosos de la SG, Florencio Salazar Adame, respondió a la denuncia presentada por el partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina en contra del cardenal Norberto Rivera Carrera por presunta violación a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público al considerar que el prelado atacó a los partidos que apoyan la despenalización. Dijo que la prohibición que figura en dicha ley sobre el proselitismo de los ministros de culto sólo se aplica "en lo que se refiere a procesos electorales", por lo que "no hay un atentado contra las instituciones".
Esta apreciación choca frontalmente con los hechos registrados en el último mes, periodo en el cual los obispos han calificado al jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard -quien respalda la iniciativa-, de "hipócrita", "antidemocrático" y "radical". Los prelados también han lanzado desde el púlpito agresiones verbales contra los partidarios de la medida y exhortos a oponerse a ella. Además, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha denunciado que el Vaticano envió al cardenal Alfonso López Trujillo para presionar a las autoridades sobre este tema y que el arzobispado ha colocado mensajes en su página web llamando a la gente a no votar por el PRD y el Partido Revolucionario Institucional por apoyar la despenalización, entre otras irregularidades. Esta intromisión en la esfera política ha provocado una grave polarización del debate y una peligrosa radicalización de las posturas. Prueba de ello son las amenazas de muerte recibidas por la agrupación Católicas por el Derecho a Decidir y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Pero el avance del clero en detrimento del Estado laico no es un fenómeno nuevo, como lo demuestran las escuelas confesionales que existen en el país. El reciente caso del internado Villa de las Niñas ilustra cómo se atenta contra los principios de educación laica mediante una excesiva disciplina religiosa, a la vez que se daña a los estudiantes. Cabe señalar que las internas de esta escuela obtuvieron pobres resultados en la prueba Enlace, que mide los conocimientos de los alumnos en español y matemáticas.
Es lamentable que la Iglesia se permita lesionar con impunidad la laicidad del Estado, uno de los puntales del México moderno y garante del principio de división entre clero y gobierno.
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