Mineros, ni un caso más

Arturo Alcalde Justiniani

Debió transcurrir más de un año para que cambiara el rumbo de la maniobra foxista que pretendió imponer a los trabajadores mineros un liderazgo sindical al gusto empresarial. En este largo, costoso y sangriento periodo se exhibió la verdadera cultura laboral que predomina en nuestro país y las graves implicaciones de un añejo sistema corporativo sustentado en el control de los registros sindicales y tomas de nota que ahoga la libre expresión de la voluntad de los trabajadores. Los agravios y afectaciones son muchas, pero la única manera en que esta experiencia puede operar en favor de la sociedad, es que además de la reparación y deslinde de responsabilidades, se creen las condiciones institucionales para que no se repita otra experiencia similar.

La lista de cuentas pendientes se inicia con la decisión del presidente Vicente Fox de acceder a la petición de los dueños de Minera México y Villacero para imponer en el sindicato correspondiente un líder a su gusto, influyeron en ello los consejos de Ramón Muñoz y Bernardo Ardavín; los funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ejecutaron la orden en unas cuantas horas sobre la absurda base de dos firmas, una de ellas falsa según ha quedado acreditado. Cómplices también fueron los líderes del Congreso del Trabajo que apoyaron la intervención gubernamental para relegir en su dirigencia al ferrocarrilero Víctor Flores.

Muchos agravios se han generado, entre ellos, el soborno y las presiones a los trabajadores para cambiar de bandera y la manipulación de los medios de comunicación. Los jueces hicieron su parte, unos encarcelando líderes locales insubordinados, otros, como el juez cuarto de distrito en materia laboral, se limitaron a congelar el expediente y después de un año llegar a la conclusión de que no podía conceder protección legal a los destituidos por razones irrisorias: los solicitantes no se podían considerar "comité ejecutivo" pues uno de ellos no había firmado la solicitud y el secretario general quejoso no acreditaba su personalidad, "ya que había sido desconocido por la STPS"; claro, precisamente por eso se estaba quejando. Fue necesario que un lúcido cuarto tribunal colegiado, apoyado en la ponencia de la magistrada Idalia Peña Cristo, salvando el honor, revocara la resolución del juez ordenando la reposición del comité depuesto.

El saldo más dramático ha sido la perdida de vidas que no podrán ser jamás recuperadas. Además de las centenas de trabajadores despedidos; varios centros de trabajo, entre ellos, la mina de La Caridad en Cananea y la planta de cal en Aguaprieta, Sonora, fueron cerrados para imponer a Elías Morales. Estas presiones se han enfrentado a la indomable voluntad de los mineros que los gobernantes foxistas nunca imaginaron, pensaron que en pocos meses se consolidaría la maniobra, como ha sucedido en otros conflictos laborales en que a los vencidos se les obliga a firmar supuestas conciliaciones e inclusive a "agradecer a las autoridades su valiosa intervención".

En contrapeso, la solidaridad nacional expresada en el Frente Nacional por la Unidad y Autonomía Sindical (FNUAS) y en el ámbito internacional por el combativo sindicato de los Steelworkers (USW) y la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM) crearon un muro de contención en favor de los trabajadores mineros y una luz de esperanza para seguir luchando.

Más allá de deslindar responsabilidades por el uso faccioso de las facultades de la autoridad laboral y por los costos sociales y económicos de este conflicto, es fundamental evitar su repetición. Ello sólo será posible suprimiendo el actual sistema de control ejercido por el Estado sobre las organizaciones gremiales en su registro, confirmación de directivas y solución de controversias. Como sabemos, la STPS en el ámbito federal y las juntas de Conciliación y Arbitraje en el ámbito local, deciden discrecionalmente sobre estos aspectos que corresponden sólo a los trabajadores, curiosamente siempre ignorados en estos conflictos.

Para garantizar el respeto a la voluntad de los trabajadores sin presiones de líderes, empresarios o partidos, es necesario crear una institución idónea para ello. No se trata simplemente de depurar los registros y padrones como lo anuncia la STPS, sino de crear un instrumento imparcial que sustraiga del control corporativo este ámbito de la vida democrática del país. Una propuesta en ese sentido, es la creación de un registro nacional público y autónomo de sindicatos y contratos colectivos, dirigido por personas de amplio prestigio; se trataría de un órgano que a nivel de toda la República daría un vuelco a las prácticas corporativas, que no sólo agobian a los trabajadores sino también a buena parte del empresariado pequeño y mediano obligados a lidiar con sindicatos fantasmas, emplazamientos a huelga falsos y líderes violentos.

La auténtica modernización laboral de nuestro país pasa por la creación de espacios públicos para un diálogo social y productivo, lo que supone, a su vez, interlocutores legítimos. Existen muchos análisis que coinciden en la necesidad de una cirugía mayor en los instrumentos de control gremial vigentes, tanto en el ámbito federal como local. En éste último, quienes laboran en las ramas industriales más modestas viven dramas poco conocidos por sus limitados recursos: nos referimos entre otros a los trabajadores de la industria de la construcción, de la rama del vestido y los servicios.

Organismos internacionales especializados en el ámbito laboral, de derechos humanos, incluso los vinculados al comercio, reclaman que el sistema político mexicano modifique sus reglas de juego para permitir una competencia leal. Por esta y muchas otras razones, principalmente la de responder a los mineros caídos en esta lucha de resistencia, es necesario que retomemos las banderas de un verdadero cambio en favor de la libertad de asociación en nuestro país.