Nueva visita de la CIDH a México

Miguel Concha

Florentín Menéndez, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relator para México, visitó esta semana nuestro país. Lo acompañó Santiago Cantón, secretario ejecutivo del mismo organismo. Su propósito era el estudio de la situación de los derechos humanos en México, para lo cual se reunieron con las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y el Consejo de la Judicatura Federal, entre otros. De igual forma se agendaron varios encuentros con organizaciones de la sociedad civil, con el fin de escuchar sus opiniones con relación a temas como seguridad pública, acceso a la justicia, derecho a la información y a la libertad de expresión, situación de los derechos humanos en Chiapas y Oaxaca, derechos humanos de los refugiados y migrantes, y el estado de los derechos humanos de las mujeres.

No obstante que las conclusiones de esta visita aún no se han dado a conocer, los representantes de la CIDH han hecho ya varios comentarios que muestran claramente que México no ha cumplido satisfactoriamente con las recomendaciones que este organismo emitió desde la publicación de su último informe en 1998, y que cuestiones como las agresiones a periodistas han aumentado de forma alarmante. ¿Qué podemos entonces esperar de esta visita? Primeramente, hay que puntualizar el carácter de la misma. Una de las formas de trabajo de la CIDH es justamente la realización de visitas in loco o in situ. Estas visitas tienen como objetivo el estudio de la situación de los derechos humanos en un determinado país, pero se llevan a cabo previa invitación del gobierno anfitrión. Posteriormente se publica un informe, que incluye recomendaciones concretas al Estado parte, con el fin de que cesen las violaciones o en su caso se mejore el cumplimiento de los derechos humanos.

México fue ya objeto de una vista de la CIDH en el año 1996. La CIDH publicó después, en 1998, un informe que contenía 61 recomendaciones. Lamentablemente, a la visita que Florentín Menéndez realizó esta semana no se le ha dado el mismo carácter que aquella realizada en 1996. Por lo que no debemos esperar un informe igual de amplio que el que se publicó en aquella ocasión. Sin embargo, su visita fue importante, pues el relator ha mostrado especial interés en conocer la situación actual de los derechos humanos en México, así como los avances y retrocesos que ha habido en la materia. Sus conclusiones seguramente serán también publicadas en un informe con recomendaciones puntuales al gobierno mexicano. La CIDH, junto con la Corte Interamericana, es el máximo órgano de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos. Al contrario de lo que sucede en otros países del continente, su presencia en México no es muy difundida, y por lo regular sus visitas, e incluso sus resoluciones, salvo en casos destacables, pasaban inadvertidas o no generaban interés más que en aquellos actores gubernamentales, civiles y sociales directamente involucrados con estos temas. Este fenómeno negativo también se proyectó por décadas en los ámbitos académicos y judiciales. En los últimos años, sin embargo, hemos visto un incremento constante en el interés de los medios, la academia e inclusive el gobierno hacia este organismo. Cuestión a todas luces positiva, aunque insuficiente, mientras no se acaten sus recomendaciones y no tengamos en México el marco legal necesario para que las decisiones de la corte sean también en nuestro país de observancia obligatoria. Esto nos lleva a comparar el peso que se les da a otros organismos internacionales, y a reflexionar sobre cómo el concepto de soberanía se usa en México a conveniencia de poderosos intereses económicos y políticos.

En efecto, es de todos conocido que en cuestiones económicas y financieras el gobierno de México sigue puntualmente y con exceso lineamientos e instrucciones dictadas por organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Organización Mundial de Comercio. A pesar de que estas acciones se llevan a cabo sin consultar a la población, y sin considerar los impactos negativos que pueden tener sobre la misma, no vemos a nuestros gobernantes tan solícitos en esgrimir la soberanía nacional en contra de ellas. Sin embargo, cuando se trata de cumplir con los compromisos que en materia de derechos humanos el país ha contraído, el gobierno es reticente y siempre aduce algún argumento legal que invoca la soberanía o el estado interno de derecho, para justificar el incumplimiento de recomendaciones o resoluciones de los organismos internacionales de protección a los derechos humanos. Por ello desde años atrás la CIDH y los relatores especiales de la OEA y de la ONU han señalado la necesidad de que nuestro país reforme su marco jurídico, con el fin de que se reconozca a los tratados internacionales de protección de los derechos humanos de manera explícita en la Constitución.