Jaime Avilés
De nuevo, cateos y represión en Oaxaca
Vender Pemex ya, urge el FMI al PRIAN
Calderón amaga a Fox, Marta responde
Ayer, minutos después de la una de la tarde, una pick up se detuvo ante el parque Juárez de Oaxaca. De ella bajaron siete uniformados de la policía preventiva estatal, arma- dos con rifles de asalto. Sin preámbulos, rodearon, encañonando, a David Venegas Reyes, de 27 años, militante activo de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, lo subieron al vehículo a golpes y se lo llevaron sin orden de aprehensión. ¿A dónde? Nadie lo sabe. Con él se encontraba en esos momentos el abogado Isaac Torres Carmona, de la Liga Mexicana de Derechos Humanos (Limedh), quien trató de anotar los datos de la camioneta cuando uno de los policías le dijo, burlándose: "No trae placas, pendejo, y no le rasques porque sigues tú".
A pesar de la amenaza, Torres Carmona acudió al juzgado correspondiente a solicitar un amparo en favor del activista y exigir su inmediata liberación. Al denunciar los hechos ante la prensa, la Limedh aseguró que la entidad sufre una nueva escalada represiva por parte del gobierno de Ulises Ruiz, cuyos pistoleros otra vez andan sueltos: "Desde hace días, elementos de civil hacen cateos a casas particulares con el pretexto de que buscan explosivos".
Ruiz vuelve a la carga, por lo visto, fortalecido por las palabras de un alto representante de la Secretaría de Gobernación, quien la semana pasada dijo que el de aquella entidad es "un conflicto que no le compete al ámbito federal". Eso, en castellano, significa que el asesino serial de Oaxaca podrá seguir secuestrando y torturando a quien desee, mientras en el Congreso el PRI, su partido, se mantenga en alianza con el PAN para sacar, en fast track, las reformas "estratégicas" que faltan.
Pero en inglés, de acuerdo con un diccionario bilingüe, fast track puede traducirse como "el camino más corto al abismo" si la expresión se aplica a la privatización de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, que el Fondo Monetario Internacional acaba de exigir tronando los dedos, luego de sugerir que el "gobierno" de México aproveche, para llevarla a cabo, el "marco político" que permitió la "rápida modificación del régimen pensionario de los trabajadores", o sea, la entrega de los ahorros de los jubilados del ISSSTE a la mafia de Elba Esther Gordillo gracias al voto de los senadores y diputados del PRIAN.
La "visionaria" recomendación -que confiere a su autor la grandeza del ratero que se queda echando aguas ("apúrense cabrones") mientras sus colegas desvalijan a la víctima en un callejón oscuro- fue formulada anteayer en Washington por Rodrigo Rato, director-gerente del FMI, que de 1996 a 2004 fue ministro de Hacienda del gobierno ultraderechista de José María Aznar, quien como bien se sabe apoyó y sigue apoyando a Calderón para que éste ponga las escrituras de Pemex a nombre de la petrolera ibérica Repsol.
Rato, que en su país de origen ha sido acusado varias veces de "rata", dijo también que nuestra economía necesita una reforma fiscal para mejorar "el entorno de (algunos) empresarios mexicanos", los cuales, como es notorio, están insatisfechos después de haberse quedado sólo con 105 mil millones de pesos por concepto de impuestos no pagados al fisco en 2006.
En este contexto, los escandalosos "descubrimientos" de la Auditoría Superior de la Federación -dados a conocer en las últimas dos semanas para insinuar que Vicente Fox podría enfrentar acusaciones penales por haber permitido que los empresarios le escatimaran a la Secretaría de Hacienda varios miles de millones de pesos-, ya sacaron de su rancho al destinatario de esos mensajes.
El mismo jueves, mientras Rato pontificaba en Washington, Fox llegó a la ciudad de León en compañía de su resplandeciente esposa y de enormes cajas de Kellogs con el emblema de la fundación Vamos México para alimentar a los pobres. Fue, en apariencia, su respuesta a Calderón para anunciarle quizá que volverá a opinar sobre las elecciones de 2006 porque no le está gustando eso de que salgan a relucir tanto las cifras de los impuestos no cobrados, como el hecho de que eran falsas las firmas que la Secretaría del Trabajo dio por buenas para desconocer al líder charro minero Napoleón Gómez Urrutia.
Ese es un asunto por el que Fox podría vérselas también ante un juez penal, ya que la falsificación de esos documentos y el manipuleo de la tragedia en la mina Pasta de Conchos desataron una crisis política dentro del sindicato minero y ésta produjo muertos en Michoacán, muertos que reclaman justicia. Sin embargo, el propio jueves, Marta Sahagún se refirió a su marido como "el presidente Fox", en señal del nulo respeto que le merece Calderón. Y entonces que a la PGR se le pierde el expediente del otro líder minero para que se vea quién manda en este país.
A los empresarios, mientras tanto, estos dimes y diretes no sólo no les quitan el sueño sino que les endulzan aun más la vida. Si Calderón los exhibió como estafadores del fisco para moverle el tapete a Fox, al día siguiente les condonó el pago de 80 por ciento de lo que debían por los impuestos de 2005 y ahora está por verse cuánto les rebajará el adeudo de 2006.
Mientras tanto, en una decisión destinada tal vez a establecer cierto equilibrio entre esos empresarios y el Poder Ejecutivo, Calderón nombró como director de Canal 22 al escritor de derecha Jorge Volpi. El pasado miércoles, en entrevista con Mónica Mateos para La Jornada, Volpi no dijo, pero dio a entender, que meterá en cintura precisamente a los hombres de negocios que hicieron posible el fraude electoral de 2006.
Sin mencionar que en 1997 los hermanos Roberto y Lorenzo Servitje iniciaron el naufragio económico de Canal 40 al retirarle la publicidad de Bimbo en represalia porque esa emisora difundió graves acusaciones de pederastia contra el padre Marcial Maciel, Volpi dijo que hará del 22 una "empresa exitosa", o sea que gane muuucho dinero, y que para ello dará "precios razonables" a sus anunciantes, entre los cuales, añadió, hay "nuevos clientes que jamás se habían visto en un canal cultural: Wal-Mart, La Costeña, Alpura, Bimbo, pero no anunciando gansitos sino panes integrales, ¿eh?", palabras estas últimas que sembraron el desconcierto, porque hasta donde se sabe Alpura vende leche y La Costeña chiles enlatados.
A todo esto, al comentar el descrédito absoluto en que se ha hundido el titular de la CNDH (Coloquial Negación de los Derechos Humanos), José Luis Soberanes, un lector que pide no ser identificado plantea: "No se necesita ser médico para saber que algunas enfermedades son más graves que otras, por ejemplo que el sarampión es peor que la gripa o el cáncer peor que la gastritis. Yo creo que cuando Calderón informó que la señora de Zongolica murió de 'gastritis crónica no atendida' dijo lo primero que se le vino a la mente. Si hubiera sabido que tenía cáncer se hubiera fijado más en eso que en la gastritis. Por eso opino que la autopsia de la CNDH se hizo después de que empezó el escándalo y Soberanes está mintiendo. ¿Por qué en el gobierno ya no se habla de ese cáncer de hígado?"
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