Intenta el gobierno federal dividir a defensores del caso Ascensión Rosario

Compró a dirigentes para facilitar presiones a familiares de la víctima, acusan

Pretende que los deudos se desistan de señalamientos contra soldados, dice alcalde

ANDRES T. MORALES CORRESPONSAL

Soledad Atzompa, Ver., 21 de abril. Para dividir el frente formado entre autoridades municipales, organizaciones indígenas y familiares de la anciana Ernestina Ascensión Rosario, quienes exigen justicia por el crimen y que defienden el último testimonio de la víctima, que señala a militares como los responsables de la agresión sexual, el gobierno federal comenzó a "comprar" a dirigentes de organizaciones indígenas e imponer amenazas a la familia Inés Ascensión.

"Al parecer hay una estrategia para que los deudos se desistan del señalamiento contra los soldados por el crimen contra su madre", aseveró Javier Pérez Pascuala, alcalde de Soledad Atzompa, quien acusó a René Huerta, presidente de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ), de haber negociado apoyos económicos con Abraham González Uyeda, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, para facilitar las presiones y amenazas hacia los familiares de la víctima.

Desde su primera visita a la región, el 10 de abril pasado, González Uyeda sostuvo una reunión a las 23 horas de ese día, "a puerta cerrada", con René Huerta, en el domicilio de éste en Ciudad Mendoza, de quien se notó un cambio en su discurso, afirmó Pérez Pascuala.

Explicó que a la mañana siguiente, ambos subieron de madrugada a la comunidad de Tetlatzinga para dialogar con los cinco hijos de Ernestina Ascensión Rosario, casi dos horas antes de la cita formal que se realizaría en el poblado de Atzompa, a unos kilómetros del lugar, como se había acordado formalmente.

"Yo llegué a la cita y como a las 7.30 arribó González Uyeda a bordo de una camioneta resguardada por agentes, y acompañado por los familiares, así como por René Huerta, que ya habían sostenido una reunión a espaldas de las autoridades y los representantes comunales", expuso el edil.

La misma estrategia se repitió el pasado jueves, cuando el subsecretario de Gobierno se reunió por segunda ocasión con la familia Inés Ascensión, la cual fue transportada desde las 8 de la mañana hacia Ciudad Mendoza y posteriormente a Boca del Río y Jalapa. "Lo grave no es que hayan evadido a las autoridades municipales, sino que los encuentros en solitario con los deudos tienen el fin de presionarlos, amenazarlos o comprarlos para desistirse en los señalamientos contra los agresores de doña Ernestina".

Nos prohibieron hablar: familiares

René Huerta se ha negado a informar a los medios sobre el contenido de la charla entre los deudos de la anciana y los funcionarios federales.

Pero en Tetlatzinga, la única persona que tiene acceso a la familia Inés Ascensión es el líder de la CROISZ, afirmaron Rosendo Antonio Dolores, subagente municipal, y el juez indígena Francisco Juárez Juliana, quienes dejaron de ser notificados sobre las reuniones de los familiares con funcionarios del gobierno, y señalaron que los deudos dejaron de recibir a periodistas a petición de los enviados gubernamentales.

Para estos dirigentes comunitarios, el objetivo es tender un cerco alrededor de los familiares para evitar que sostengan públicamente el último testimonio de la anciana, que está dirigido contra sus agresores: los soldados. "No sabemos qué sucede, a nosotros tampoco nos dan explicación de esta actitud", dijo Antonio Dolores.

Francisco Inés Ascensión, hijo menor de Ernestina Ascensión Rosario, aseguró en breve charla y sin dar detalles que se les "prohibió hablar con la prensa, con ningún reportero".

-¿Es verdad que les darán ayuda económica?

-Sí, pero no sabemos cuándo y cuánto.

Temeroso de ser reprendido, Francisco corta la conversación y se encierra en la casa que compartía con su madre.

El viernes, los cinco hijos de Ernestina Ascensión fueron trasladados a la ciudad de Jalapa y hospedados en el hotel México. Ahí, los reporteros intentaron abordarlos y la respuesta fue la misma: "nos prohibieron hablar".

Por su lado, alcaldes de la Sierra de Zongolica exigieron al presidente Calderón "sacar las manos" de la investigación. También respaldaron la petición de los pobladores de Soledad Atzompa para que el Ejército salga de los poblados indígenas. Acusaron al gobierno federal de "politizar y desvirtuar las investigaciones" sobre el asesinato.