Detrás de la reforma

Por Jesús González Schmal

La reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, Radio y Televisión, que se hizo en la pasada legislatura ha atraído, a tal grado el interés de la opinión pública que, con la denominación de "Ley Televisa" está generando oposición y repudio que evidentemente no se ubica en las reformas sino en los agravios y reclamos populares que van más allá de lo legislativo y que se explican en el uso que el poder en turno ha hecho de las concesiones televisivas y el inimaginable beneficio que sus concesionarios han recibido con ello.
Si se vieran objetivamente las reformas que se impugnaron ante la Suprema Corte, tendrían que valorarse como las modificaciones obligadas que se tenían que hacer porque la Cámara de Senadores llevaba cinco años intentándolas y no se lograba nada mientras las innovaciones tecnológicas hacían obsoleta la banda ancha y, en todo el mundo, se abría la convergencia con la adopción de las frecuencias analógicas y luego las digitales, que imponen la ampliación de voz y datos a imagen y a la inversa. Era inaceptable que México se quedara a la zaga mientras en el mundo se avanzaba a gran velocidad.
Nadie duda que cuando Fox supo de la inminencia de las reformas se adelantó, a sabiendas de que la facultad omnímoda y unipersonal del presidente para otorgar concesiones radiofónicas, desde siempre cuestionada, se iba a acabar y por consiguiente las ofrecidas al grupo Imagen le fueron entregadas sin regateos. Igual ocurrió con Televisa y Azteca cuando les redujo el impuesto en especie del 12.5 por ciento del tiempo aire para el gobierno a sólo el 2.5 por ciento. Desde luego Bernardo Gómez, del canal de las estrellas, le compensó el favor a Marta Sahagún, con un agradecido beso en la mano.
Las reformas, vistas con objetividad, significaron un impresionante avance de la ley de la materia. Uno de los temas que ha sido más polémico es el de las licitaciones o concursos que se tendrán que hacer para los nuevos concesionarios. Es aquí obvio que si bien pueden concursar los actuales magnates de la televisión, también lo es que para impedir el crecimiento del oligopolio, está la Comisión Nacional de Competencia que el pueblo paga para ese efecto y que no pocas veces ha actuado con acierto.
De igual manera se critica, a mi manera de ver sin fundamento, el que las frecuencias de banda ancha que queden libres cuando los concesionarios emigren a la tecnología digital, seguirán en poder de los titulares actuales. Esta interpretación es absurda si se considera que, de acuerdo con el artículo 27 Constitucional, el espectro radioeléctrico es de la nación y su restitución, mediante un nuevo convenio de concesión, donde se determinarán las prestaciones para su uso, será de las tareas a cargo de la Secretaría de Comunicaciones en los próximos días. En otros países del mundo, estos avances tecnológicos le han generado, a los gobiernos, ingresos de significativa importancia.
Hay que considerar que todavía no se emite el reglamento de la ley con estas reformas, por lo que ese será un espacio adecuado para precisar lo relativo a las licitaciones, permisionarios para servicio social y, desde luego, las modificaciones de las concesiones con la nueva tecnología y las frecuencias disponibles que se liberen a favor del Estado. Incluso, en las actuales reformas logramos insertar las obligaciones sociales de los concesionarios, tanto en cobertura, como en el precio para la prestación del servicio en áreas rurales y lejanas.
Detrás de las reformas está el uso político de la televisión y la radio que han viciado el avance democrático cuando apenas se iniciaba. Aquí en realidad está la factura que el pueblo le cobra a los concesionarios que anteponen sus intereses personales a los de la nación. La Suprema Corte deberá explicitar en algunas partes de la reforma lo que en términos constitucionales sea más claro pero, lo inaplazable es que los partidos políticos aprueben reformas en la materia electoral para evitar dispendio de recursos públicos en la televisión y en la radio, para el pago de este servicio público, que en la práctica opera en contra de la democracia y el derecho a la información del pueblo.
Los poderes de facto que trastocan la política y sus resultados en una imposición presidencial. Son saldos antidemocráticos que la radio y televisión mexicana deben a la nación.