Más sobre el caso Aspe

Por: Miguel Ángel Granados Chapa

El viernes pasado conocimos dos episodios de deuda pública de gobiernos locales. Por un lado, el de Hidalgo colocó dos mil cuatrocientos millones de pesos, mediante una emisión de certificados bursátiles a través de la Bolsa Mexicana de Valores. El intermediario para la colocación es Acciones y Valores Banamex (Accival). Por otra parte se hizo pública la presencia de Protego, la firma encabezada por el ex secretario de Hacienda Pedro Aspe en el manejo de la deuda pública del Gobierno capitalino, que por primera vez desde 1997 requiere de intermediación.

En los dos últimos sexenios la administración hidalguense se ha endeudado en proporciones exageradas. Hasta el final del gobierno de Adolfo Lugo Verduzo, en 1993 el concepto de deuda no existía. En su primer año, iniciado el primero de abril de 1993 el gobernador Jesús Murillo Karam contrató más de ocho mil millones de pesos, el 18 por ciento del Producto Interno Bruto de la entidad. Al comenzar la gestión de Manuel Ángel Núñez Soto en 1999 el endeudamiento era ya de 12 mil 438 ( 21.8 por ciento del PIB hidalguense) y al iniciarse el gobierno de Miguel Osorio Chong, en 2005, llegaba a 30 mil millones de pesos, el 30 por ciento del PIB local. (Los de abajo, diciembre de 2006)

La deuda estaba contraída con la banca de desarrollo y la banca comercial, y sólo en los años recientes se ha bursatilizado, sobre todo a causa de la penuria en que dejó Núñez Soto a la hacienda pública hidalguense. La colocación de títulos en el mercado de valores ha supuesto la intermediación de firmas especializadas, en parte por la inexperiencia e incapacidad de la administración local en esos menesteres, y en parte por la tendencia de los gobiernos priistas a ofrecer comisiones por servicios que no son estrictamente necesarios, pues era y ha sido un modo de financiar a negocios privados que a su turno apoyan a quien ofreció dicha intermediación.

Por eso fue sorprendente la noticia de la participación de Protego en la contratación de la deuda pública capitalina, aprobada por la Cámara de Diputados hasta por un monto de mil 400 millones de pesos. Nunca hasta ahora se había requerido una intermediación de esa naturaleza, que supone un costo adicional al de la deuda misma. Obligado por la información de su nexo con Protego (El Centro, 11 de mayo) a admitir la presencia de Aspe en la administración financiera capitalina, Marcelo Ebrard aceptó que la firma ofrece experiencia, y que se paga por honorarios que ascienden a cien mil pesos por mes, lo que significaría que el ex Secretario de Hacienda ha obtenido medio millón de pesos si fue contratado tan pronto Ebrar reemplazó a Alejandro Encinas el 5 de diciembre pasado. Si la exhibición del contrato respectivo, algo necesario para la plena transparencia de la operación muestra que así es en efecto, el ex colaborador de Carlos Salinas merece un monumento a la generosidad pues al cabo de un año ganará un millón doscientos mil pesos, la quinta parte de lo que obtendría en la más baja de las posibilidades, de aplicarse las comisiones porcentuales que son las acostumbradas en estos casos.

El mercado de la intermediación de deuda ha tasado este género de servicios en 0.5 por ciento cuando es barata y en el doble, 1 por ciento, cuando es onerosa. La diferencia obviamente depende del grado de dificultad para la colocación del endeudamiento. Si se aplicara la tasa menor, y no el monto de los honorarios de Aspe, Protego ganaría siete millones de pesos este año, o 14 si se aplica la mayor. Es de suponerse que se eligió una de las dos formas de retribución y que no estamos ante un pago a Aspe en lo personal y una comisión a Protego.

Ignoramos también si la restructuración de la deuda histórica, de que parece ocuparse ya la firma de quien manejo las finanzas de Salinas (y rehusó devaluar el peso en noviembre de 1994, para que su administración quedara a salvo, y su estallido en cambio perjudicara al sucesor) se ha pactado mediante pago de honorarios, o si regirá en ese caso el régimen de comisiones. Siendo que el endeudamiento actual del gobierno de la ciudad asciende a 42 mil millones y medio de pesos, la administración de Ebrard daría a ganar a Aspe hasta 425 millones, si se reestructurara el monto total.

Hasta 2003, la deuda capitalina no hizo más que crecer, de 21,377 millones en que la dejó Óscar Espinosa Villarreal hasta 45 mil 328 millones de pesos que fue la cota máxima del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Haciendo de la necesidad virtud, pues la Cámara de Diputados regateó al jefe de Gobierno el tope más allá del cual no puede endeudarse, el manejo de la deuda la hizo disminuir a partir de entonces. Que sepamos la restructuración de la deuda, el uso de nuevas formas de manejar las finanzas públicas no requirió en esos años ningún auxilio externo, lo que se comprende porque el establecimiento de pautas para la realización de esa tarea permitió que la negociación se realizara con la participación directa de los funcionarios, sin intermediación.

Además de ser superflua, se ha criticado la intervención de Aspe por su alineamiento con una visión de política financiera que dañó a los más necesitados por cuya suerte el PRD asegura preocuparse de manera preferencial. El asunto empeoraría si se confirman los avisos que el ex regente Ramón Aguirre difunde en su entorno, que lo ubican como ganador de licitaciones públicas a las que ni siquiera se ha convocado. La familia feliz estaría de regreso.