Que Dios ayude a los malos

Gustavo Iruegas

Más allá de los discursos soflameros y la desacreditada propaganda oficial, en la confrontación armada que libran los diversos grupos de la delincuencia organizada en México -vale decir, traficantes de personas, armas, drogas y dinero- y las diversas fuerzas militares y civiles (federales, estatales y municipales) los facinerosos llevan la ventaja. Disponen de dinero en grandes cantidades y pueden comprar todo lo necesario en su torcida lucha y su negocio perverso. Cuentan con buenas armas y abundantes municiones, con sofisticados equipos de protección, vigilancia y comunicación, y modernos transportes en aire, mar y tierra; alquilan y compran cualquier terreno, casa o edificio; los dividendos son cuantiosos y la paga personal es más que generosa; sus bajas y deserciones se remplazan en la fábrica nacional de desempleados y reclutando traidores en las instituciones. Compran también identidades desechables, informaciones oportunas y conciencias de ocasión. Esto les permite mantener la iniciativa. Ellos eligen cuándo, dónde y a quién asesinar.

Entre tanto el gobierno no termina de definir el dispositivo institucional con que quiere enfrentar a los criminales. La decisión de crear la Policía Federal Preventiva (PFP) fue la respuesta a un dilema: por un lado, las policías incapaces de enfrentar el crimen organizado fueron derrotadas y corrompidas y, por el otro, recurrir al Ejército era tan poco efectivo como impopular. Se pensó entonces en crear una policía nacional que, sin fuero militar, actuara con la fuerza de las infanterías. La PFP, levantada desde el propio ejército, no logró incorporar plenamente a las diferentes corporaciones que, como la famosa Policía Federal de Caminos, aún encuadrada en la PFP y a las órdenes del secretario de Seguridad Pública, se negó a abandonar su nombre y su uniforme para no confundirse con los otros cuerpos.

La función primordial de la PFP es la de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos en los espacios de jurisdicción federal y en todo el territorio nacional en coadyuvancia con las autoridades competentes. Sin embargo, su verdadera misión es la de intervenir como una fuerza superior a cualquiera de las fuerzas estatales y municipales en las situaciones de quebrantamiento del orden y la seguridad pública en las que, de otra manera, tendría que intervenir el Ejército. La PFP ha sido, aunque ruda y brutal, efectiva para reprimir las luchas civiles y los movimientos sociales. Pero frente a la delincuencia organizada no ha sido exitosa. De ahí la necesidad del gobierno de volver sobre sus pasos y recurrir, nuevamente, al Ejército.

Grandes y muy publicitadas operaciones militares se han realizado en diversas entidades federales, en ciudades determinadas, en operaciones específicas. Suelen ir acompañadas de espots televisivos que presumen su éxito. No obstante, todavía no ha sido posible anunciar una sola región liberada del narcotráfico o un cártel aniquilado. Se determinó entonces crear, dentro del Ejército, el denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal. La finalidad de este cuerpo se sustenta jurídicamente en las atribuciones constitucionales del Presidente y en la determinación de la Suprema Corte de admitir la posibilidad de que las fuerzas armadas puedan actuar en apoyo de las autoridades civiles en tareas de seguridad pública, lo que implica la restauración del orden público, enfrentar al crimen organizado o los actos contra la seguridad de la nación. Como se ve, el nuevo cuerpo tendrá las mismas funciones que la PFP.

La situación resultante es confusa: ¿qué es lo que no funciona en cuanto a la PFP; la efectividad del cuerpo o la del concepto? Si lo que falla es la institución, sería necesario reforzarla, mejorarla, aumentarla. Si es el concepto, hay que revisarlo. ¿Son las fuerzas armadas la respuesta idónea a la inseguridad pública? Si es así, la PFP no es necesaria.

Por otra parte, el nuevo cuerpo se constituye con una característica especial: dice el decreto que la crea "que debe existir dentro de la estructura del Ejército y la Fuerza Aérea un cuerpo especial bajo las órdenes del Presidente de la República (...) Este cuerpo dependerá técnica, operativa y administrativamente de la Secretaría de la Defensa Nacional". Nótese que el mando le está reservado al Presidente de la República. Una situación extraña porque, según estipula la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea, el mando supremo corresponde al Presidente de la República, quien lo ejercerá por sí o a través del secretario de la Defensa Nacional. El mando supremo del Presidente abarca todos los órganos, unidades, armas y servicios del Ejército y la Fuerza Aérea (y de la Armada por supuesto). ¿A qué obedece entonces la necesidad de hacer esta salvedad que solamente se entiende en el Estado Mayor Presidencial y el Cuerpo de Guardias Presidenciales? Si lo que no funciona es la PFP y se hace necesaria la intervención del Ejército, ¿por qué se sustrae esta unidad del mando del secretario de la Defensa Nacional? ¿De verdad el señor Calderón se siente capaz de comandar una unidad militar? A estas preguntas y a otras, que seguramente faltan, hay que agregar una hipótesis en forma de pregunta: ¿se estarán peleando?

Lo increíble es que para responder a todas esas preguntas, para lo cual se requieren profundos conocimientos y experiencia, el pelele se fue a tomar un cursillo de unas horas a Italia (como las que tomó en la escuela patito de Harvard). Se necesita ser retrasado mental para suponer que en unas horas va a poderse diseñar una estrategia y se van a tomar decisiones sustanciales para acabar con el crimen organizado, repito, organizado. La ineptitud del espurio es cada vez más asombrosa.