Pretensión de regresar a los contratos riesgo en Pemex

Antonio Gershenson

En un plan de negocios de Pemex (ya sus funcionarios tienen tiempo considerando los negocios que puedan hacer con Pemex, en lugar de usar los anteriores términos como plan, programa y proyectos) se pretende volver a los "contratos riesgo" de Miguel Alemán, pero les da vergüenza usar ese nombre, si es que conocen algo de la historia de nuestro país. Se trata de contratos, prohibidos todos ellos en la Constitución, en los que las empresas reciben un porcentaje de la producción petrolera y/o gasera en pago por su participación en la exploración y explotación de esos hidrocarburos.

Estos contratos, además de violar como todos la Constitución, violan la Ley Reglamentaria del artículo 27 en materia de petróleo, que en su artículo sexto dice que "Petróleos Mexicanos podrá celebrar con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere. Las remuneraciones que en dichos contratos se establezcan serán siempre en efectivo y en ningún caso concederán por los servicios que se presten o las obras que se ejecuten, porcentajes en los productos, ni participación en los resultados de las explotaciones".

La razón por la que este artículo está ahí es histórica. En tiempos de Miguel Alemán, cuando el presidente hacía y deshacía a su antojo, cuando casi sólo había un PRI en el poder, se firmaron, en secreto, los llamados contratos riesgo. Se trataba, precisamente, de lo que ahora prohíbe el artículo sexto recién transcrito: las compañías extranjeras recibirían, por el supuesto riesgo que corrían de que no hubiera petróleo donde perforaban, un 15 por ciento de la producción que se obtuviera.

Las grandes petroleras, las llamadas Siete Hermanas, no quisieron regresar a México. Ponían de condición que se derogaran los planteamientos del artículo 27 constitucional. En éste se prohibían las concesiones, además de señalar que en materia de petróleo y demás carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, entre otros recursos naturales, la única participación privada podría ser mediante concesiones del gobierno federal. O sea, que no podían participar en ninguna forma. Pero esa derogación, esa eliminación de la prohibición de que particulares exploraran y explotaran el petróleo era algo que ni el mismo Miguel Alemán podía hacer.

Entonces, las que entraron fueron las llamadas compañías independientes, todas ellas originarias de Estados Unidos. Como las Hermanas controlaban el petróleo del llamado Medio Oriente, mucho más barato que el que extraían las independientes en Estados Unidos, éstas estaban en desventaja. Y les caía muy bien que se les entregara gratis el 15 por ciento del crudo que sacaran en México. Hay que aclarar que los gastos de operación de las compañías se los reponía Pemex, con lo que el 15 por ciento del petróleo extraído que se quedaban era gratis.

La fiesta iba muy bien, ya ni nos queremos imaginar las formas en que las compañías petroleras pueden haber agradecido el regalito del 15 por ciento. Pero les echó a perder la fiesta un diputado, presidente de la Comisión del Petróleo de la cámara: Natalio Vázquez Pallares, muy cercano al ex presidente y general Lázaro Cárdenas. No hubiera podido hacer gran cosa en una Cámara de Diputados totalmente controlada. Pero nadie le alcanzó a impedir que publicara una serie de 20 artículos en el periódico El Popular, denunciando los contratos riesgo y dando numerosos elementos para mostrar la forma en que operaron y que consecuentemente violaban la Constitución.

El mismo presentó también una denuncia ante la procuraduría federal, la cual dijo que no había ningún problema. Pero ya no se volvieron a firmar contratos riesgo, y en 1960 se prohibieron expresamente en el artículo 27, también los contratos y no sólo las concesiones. Los contratos riesgo que quedaban fueron dados por terminados anticipadamente. Y se agregó en la ley reglamentaria la prohibición expresa de estos pagos con un porcentaje de la producción.

Ahora, los tecnócratas y los funcionarios derechistas quieren regresar a esa época. Y en su plan de negocios también plantean que no se apliquen en los contratos para perforar en aguas profundas las leyes federales de obras y de adquisiciones, para poder adjudicar los contratos sin concurso. Ante la imposibilidad política de cambiar la Constitución, quieren cambiar las leyes que la reglamentan, en un sentido contrario al constitucional.

Debemos rechazar estos intentos, que muestran que la política oficial va más a la derecha que algunos discursos oficiales. Nos quieren hacer retroceder más de medio siglo; no lo van a lograr.