Carlos Fernández-Vega
Licitaciones dudosas
Concursos afectan a empresas nacionales
¿Apoyo a las micro y pequeñas empresas?
Parece que el gobierno calderonista está decidido no sólo a eliminar varios capítulos de la seguridad social en el país para sacar adelante su tercera "solución definitiva" y fortalecer, dice, las finanzas del IMSS, sino que, mediante licitaciones dudosas, por decir lo menos, y severos retrasos en el pago de facturas a proveedores, pretende matar por inanición a las pequeñas y medianas empresas del sector industrial médico y farmacéutico que intentan participar en la cadena de abasto del Instituto.
A tal grado ha llegado el intento, que las organizaciones de esas ramas productivas, asociadas a la Canacintra, tuvieron que pedir ayuda a los diputados, dada la cerrazón del IMSS, organismo que, de acuerdo con la denuncia, desde 2004 realiza sus licitaciones con base en "una ilegal interpretación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento", condenado a las pequeñas y medianas empresas del sector a dedicarse a otras actividades.
Dichas organizaciones coinciden en que "pretenden borrar de un plumazo a la pequeña y mediana industria mexicana de este sector, que aproximadamente mantiene a 50 mil familias que laboran en mil 500 empresas del sector industrial médico y farmacéutico del país, sin considerar que las mismas cuotas obrero patronales que el IMSS recibe, provienen de estas empresas. Creemos que como mexicanos tenemos derecho a vivir de un trabajo legítimo en nuestro país y a vivir dignamente, tenemos derecho a fabricar y a surtir nuestros productos y a que seamos considerados en el presupuesto federal mediante las compras de gobierno, es decir, nuestros productos están hechos para atender las necesidades de abasto de las instituciones mexicanas".
Caso concreto son las licitaciones números 00641218-035-06, para la adquisición de material de curación y radiológico; 00641193-038-06, para la adquisición de medicamentos; 00641194-053-06 y 00641194-054-06, para la adquisición de sustancias y productos farmacéuticos, todas convocadas por el IMSS, en agosto de 2006, a través de sus delegaciones "Estado de México Poniente", "Michoacán" y "Oaxaca", respectivamente. En ellas, "se tomaron decisiones discrecionales que contribuyeron a la ilegal publicación de las bases de concurso de las licitaciones referidas, que afecta directamente la competitividad de las empresas nacionales, en virtud de ser obligadas a cotizar precios (artificialmente) bajos de los productos que el IMSS requería, al tiempo que incluyeron la ilegal figura de los llamados precios máximos de referencia, de tal suerte que las licitaciones fueron guiadas arbitrariamente, por lo que no se concreto un procedimiento adquisitivo adecuado". En el proceso se violaron varias leyes, pero el instituto sólo "ha solapado a los servidores públicos involucrados, en lugar de proceder a efectuar el deslinde de las responsabilidades legales relativas y llevar a cabo procedimientos licitatorios con apego a las disposiciones normativas que los rigen". Como siempre, los beneficiarios no son otros que las trasnacionales y el monopolio autóctono de los medicamentos.
En la tienda de enfrente, también como siempre, las pequeñas y medianas empresas, en este caso las integrantes del sector de la industria médica de Canacintra, así como la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, quienes denuncian: "estamos siendo gravemente afectados por las disposiciones que ha establecido el gobierno federal en materia de adquisiciones, aplicadas en el IMSS, donde los formas de licitación para el abastecimiento del año 2008 del instituto pretenden ser una réplica de los procedimientos irregulares de 2006 para el abasto del presente año 2007; donde el IMSS argumentó -por medio de sus funcionarios responsables del área de abasto, Agustina Amaya Chávez, Alvaro Valdés Girón y Sergio A. Salazar Salazar-, que tenían la facultad de imponer precios máximos de referencia, siendo éstos los mínimos a los que ha comprado el instituto a nivel internacional y nacional, y que a partir de estos supuestos precios máximos de referencia las empresas licitantes tenían que efectuar descuentos, convirtiendo los (citados) eventos licitatorios en ilegales, con depredación de precios y práctica comercial inequitativa, ya que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de Competencia Económica, la Ley del Procedimiento Administrativo ni ningún otra Ley Federal, faculta a los funcionarios públicos responsables del área de abasto del IMSS a establecer precios máximos de referencia, ni a solicitar descuentos sobre esos precios; además que en dichos supuestos precios máximos de referencia" no se tomaron en cuenta las circunstancias económicas de nuestro país (inflación, pasivos laborales, cuotas obrero-patronales al IMSS y la carga de impuestos federales y estatales, que forman parte de las circunstancias con que las empresas mexicanas tenemos que trabajar y competir en el mercado interno y externo), y tampoco se tomó en cuenta la realidad internacional, comparándonos con precios de productos que tienen su origen de fabricación en países como China, India, Malasia y nuestros vecinos del norte, donde las diferencias económicas son abismales, dado que cuentan con estructuras económicas muy diferentes a las de México; sobresaliendo los ínfimos y casi nulos costos laborales y/o de mano de obra que se tienen en China, así como el fomento del empleo y la protección de empresas nacionales, como sucede en Estados Unidos".
Y en el ISSSTE, las formas no son muy distintas.
Las rebanadas del pastel
Lo mejor del caso es que el inquilino de Los Pinos asegura que "mi gobierno encabezará la más grande cruzada que se haya realizado para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas".
Lo peor es que muchos de estos pequeños y medianos empresarios le creen porque les es aparentemente más fácil que luchar por un cambio. Lo mismo que pasa con muchos que sin empleo siguen creyendo en el "presidente del empleo", por increíble que esto parezca.
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