Carlos Beas Torres
El año pasado y como parte del gran movimiento ciudadano que se levantó en Oaxaca demandando la democratización y la destitución del gobernador Ulises Ruiz, se celebró por vez primera y de manera exitosa la Guelaguetza popular, un gran festival que contó con la participación de cientos de auténticos danzantes indígenas provenientes de todas las regiones del estado y de más de 30 mil asistentes, los cuales lo disfrutaron de manera gratuita.
Este año el movimiento ciudadano impulsó de nuevo la realización de la Guelaguetza popular como una forma de protesta, pero también de recuperación de una fiesta tradicional desvirtuada por los mercaderes y los políticos. La calenda realizada el pasado domingo 15 de julio fue todo un éxito, ya que los danzantes caminaron por las calles de la capital del estado acompañados por la música y por la algarabía de decenas de miles de oaxaqueños, quienes coreaban además demandas políticas entre las que sobresalía la innegociable destitución del mal gobernador.
Sin embargo, y al igual que el año pasado, un clima de hostigamiento y de represión fue el preludio de la celebración de la Guelaguetza popular. En los caminos de Oaxaca se establecieron en los últimos días decenas de retenes militares donde se controla e intimida a la población con el pretexto de dar cumplimiento a una ley de armas y explosivos. En las proximidades de la comunidad chontal de El Morro Mazatán se pueden encontrar en menos de 10 kilómetros tres de estos retenes, donde se revisa e interroga de manera exhaustiva a los viajeros.
En uno de los retenes, ubicado a la altura de la presa El Estudiante, en Huayapan, muy cerca de la capital del estado, fue detenida en pleno la delegación de danzantes provenientes de la región de la Cuenca; los artistas populares fueron tratados como delincuentes, siendo vejados e intimidados por los militares.
Por otro lado, hace unos pocos días decenas de comerciantes priístas establecieron sus puestos alrededor del plantón que mantienen en el zócalo desde hace un mes los profesores de la sección 22 y los miembros de la APPO. Las provocaciones y amenazas se han incrementado, lo cual puede derivar en un fuerte enfrentamiento cuando se sumen nuevos contingentes al plantón magisterial.
Las acciones represivas que buscan inhibir la protesta ciudadana también han aumentado. El estudiante Francisco Velasco Hernández, quien fue detenido y torturado en enero pasado por policías ministeriales, viene siendo hostigado por sus torturadores, quienes han llegado al extremo de denunciarlo por los delitos de lesiones y resistencia a la autoridad. David Venegas, mejor conocido como El Alebrije, continúa detenido en el penal de Ixcotel a pesar de haber obtenido el amparo de la justicia federal, el cual de manera expresa señala "la no existencia de pruebas que acrediten su responsabilidad en los delitos de los cuales ha sido acusado", y por su parte los familiares de Flavio Sosa vienen denunciando que el detenido en el penal de alta seguridad del Altiplano no ha recibido la atención médica necesaria, por lo cual su estado de salud es delicado.
Todos estos hechos hacían previsible que la movilización anunciada con motivo de la Guelaguetza popular fuera agredida por la policía con redadas y detenciones masivas. Un día antes, el 15 de julio, los voceros de la APPO habían advertido ya acerca del establecimiento de un operativo policiaco que tenía como objetivo reprimir la movilización ciudadana, y alertaban sobre muy posibles provocaciones.
En la mañana del 16 de julio más de 10 mil maestros y gente del pueblo acompañaron a las delegaciones artísticas provenientes de las diferentes regiones a la llamada Rotonda de la Azucena, lugar donde se encuentra el auditorio de la Guelaguetza y en el que desde hace 75 años se realiza esta festividad. Sin embargo, a un kilómetro de ese lugar, al pie del cerro de El Fortín, el paso de los manifestantes fue cerrado por un fuerte dispositivo policiaco encabezado por el siniestro Aristeo López, mando responsable directo de las graves violaciones a los derechos humanos de cientos de oaxaqueños. Durante más de media hora y en un ambiente tenso, los manifestantes se mantuvieron dialogando, exigiendo pasar, mientras algunos policias los hostigaban tomándoles fotos. El ambiente era muy tenso hasta que del cercano hotel El Fortín fue lanzado un cohete que como señal marcó la ofensiva policiaca, y con ella un masivo lanzamiento de gases y golpes. La respuesta de los manifestantes fue inmediata, dando lugar a un enfrentamiento que se prolongó por espacio de cuatro horas y que dejó un saldo de más de 70 personas detenidas y de unas 40 heridas, entre ellas Emeterio M. Cruz, quien fue brutalmente golpeado por los policías y se encuentra muy grave; entre los lesionados se encuentran también ocho periodistas de medios nacionales y estatales, varios de los cuales denunciaron que a pesar de haberse identificado como informadores fueron atacados por los miembros de las corporaciones policiacas.
Mientras ocurrían estos graves enfrentamientos en la parte norte de la capital oaxaqueña, a unas cuantas cuadras, en la llamada Plaza de la Danza, se pudo realizar con éxito la Guelaguetza popular. En ella miles de oaxaqueños pudieron disfrutar de la riqueza artística de los pueblos indios de Oaxaca expresada en danzas tradicionales. La gran mayoría de los medios de comunicación no reseñaron la celebración de esta festividad y el éxito logrado por sus organizadores.
Tampoco los medios reseñaron que apenas unos días antes, el 13 de julio pasado, en el auditorio de la Guelaguetza, Beatriz Paredes, la "moderna" presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, arengaba en un acto político a varios miles de priístas, en su gran mayoría acarreados con el pago de 500 pesos y portando camisetas de color rojo. La Guelaguetza roja fue también un acto de respaldo a Ulises Ruiz y tuvo lugar precisamente en el auditorio que tres días después le sería negado con violencia a los profesores y miembros de la APPO. Cosas del poder en Oaxaca.
Los graves hechos de violencia colocaron de nuevo en la atención pública nacional una situación que se ha venido ocultando: en Oaxaca se mantiene vivo un grave conflicto social. En los próximos días este conflicto podrá adquirir mayores dimensiones, ya que hasta ahora el gobierno federal y el Poder Legislativo se han negado a asumir con seriedad su atención, y por otro lado es más que evidente que no hay cambios importantes en la situación local. Muestra de ello es que mandos policiacos como Aristeo López siguen realizando con plena impunidad actos de extrema brutalidad en contra de la población, y que en pleno uso discrecional de la ley, Ulises Ruiz amenaza cínicamente aplicarla con rigor en contra de los detenidos. No, las cosas no han cambiado en Oaxaca. ¿Cuántos muertos más hacen falta para ello? ¿Cuántos abusos más serán tolerados? ¿Cuántos?
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