Oaxaca: entre la Guelaguetza y la Guerraguetza

Editorial

En el contexto del conflicto entre la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el gobierno de aquel estado, la celebración de la Guelaguetza -una de las principales fiestas de la entidad- se ha convertido en posible detonador de la violencia, tal y como sucedió el pasado lunes 16, cuando la policía bloqueó el acceso de los manifestantes al auditorio del cerro de El Fortín, dejando un saldo de 40 heridos y 60 detenidos. Este enfrentamiento, o Guerraguetza, podría repetirse el lunes 23, cuando está programada la primera de dos presentaciones de esta celebración: el gobierno de Oaxaca apoya una fiesta marcada por la comercialización y el folclor, mientras los inconformes pretenden realizar una versión que recupere su sentido de fiesta de intercambio y cooperación. Este clima de confrontación y de falta de diálogo se debe a la negativa del gobernador Ulises Ruiz y de las autoridades federales a resolver este conflicto social conforme al estado de derecho y en respeto a los derechos civiles y humanos de los oaxaqueños, demanda formulada desde el año pasado por la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que emitió ayer un resolutivo sobre este caso.

Tanto la CCIODH como la CIDH son contundentes a la hora de denunciar las deficiencias, los excesos y las violaciones a las garantías individuales perpetradas por las autoridades en su respuesta a los inconformes. Ambas instancias criticaron la detención de menores de edad, el desconocimiento del paradero de muchos de los arrestados, la carencia de garantías del respeto al estado de derecho y las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden, entre otras irregularidades. Sin embargo, hay que constatar que entre uno y otro documento media un lapso de unos siete meses, situación que pone al descubierto la falta de voluntad y de interés de los gobiernos estatal y federal para resolver este conflicto por la vía de la negociación y el diálogo y su apuesta por el uso de la fuerza y la represión para acallar las voces de los manifestantes.

Así, esta actitud de intolerancia hacia una parte importante de la población del estado ha provocado que Oaxaca permanezca como un foco rojo en el panorama nacional pese al discurso oficial, lo que afecta la estabilidad y gobernabilidad del país. De hecho, las autoridades han ignorado las conclusiones de la CCIODH y no han movido un dedo para aclarar los asesinatos de activistas de la APPO y de maestros registrados en 2006, las desapariciones de personas, las detenciones arbitrarias, los malos tratos, torturas y abusos sexuales infligidos a los arrestados, las violaciones al debido proceso de los detenidos y los atentados contra la libertad de expresión. Por lo visto, para estos gobiernos es preferible recurrir a la fuerza bruta antes que resolver los problemas de pobreza, caciquismo, acceso desigual a los recursos y falta de democracia que padece la entidad, ello sin mencionar el desinterés por fincar responsabilidades hacia los servidores e instituciones públicas que cometieron o permitieron estos abusos, como la Procuraduría General de Justicia del estado y la Secretaría de Seguridad Pública federal, entre otras.

Aunque la solución del conflicto oaxaqueño no será fácil ni rápida, urge que se adopten decisiones firmes en torno de este caso. De esta manera, no habría que echar en saco roto las demandas sobre la renuncia del gobernador, tal como lo solicitó Ulises Ramírez Núñez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado e integrante del Partido Acción Nacional, en vez de caer en negociaciones en lo oscuro para mantener en el poder a un personaje repudiado en los ámbitos estatal, nacional e incluso internacional.