Oaxaca: derechos humanos y el factor electoral

Magdalena Gómez

En Oaxaca, el próximo 5 de agosto puede marcar desenlaces en la muy complicada situación de quien se ha convertido en lastre de su propio partido. No es previsible que Ulises Ruiz entregue buenas cuentas en el proceso electoral, como no lo hizo en julio de 2006 con todo y las provocaciones que montó para cultivar el voto del miedo. Su problema es que se niega a reconocer que el pueblo ya cambió, las comunidades no son más el tradicional granero de votos, tampoco incondicionales de los partidos políticos, pero está arraigando su convicción sobre la efectividad del llamado voto de castigo, dirigido, obviamente, al PRI que por décadas las ha manipulado con el manejo clientelar y discrecional de recursos públicos.

Habría que pensar en la libertad que les han dado las remesas de recursos provenientes de sus familiares que trabajan en el vecino país del norte. Libertad que ha promovido la recuperación de dignidad y sentido de justicia. Así que el voto de castigo no es un fin en sí mismo, sino el medio que tienen a su alcance para responder a la impunidad con la que han sido tratadas.

Ulises Ruiz tiene una larga lista de cuentas pendientes con la justicia que van más allá de su manifiesta incapacidad para gobernar. Los hechos criminales que han rodeado a la persecución y el acoso contra el movimiento que lo cuestiona y se agrupa en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) han sido suficientemente documentados dentro y fuera del país: precisamente Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional (AI), estará esta semana en México y trae en su agenda el tema de las violaciones a derechos humanos en Oaxaca.

Sin duda, después del 5 de agosto los aliados incondicionales del gobernante ilegítimo oaxaqueño tendrán que valorar los costos de su complicidad. Concretamente el PRI habrá de decidir si mantiene el veto protector para que proceda la desaparición de poderes en la entidad.

Bien sabemos que en el Partido Acción Nacional está amarrado frente al PRI, de ahí la caótica reacción ante las reiteradas violaciones de derechos humanos, lavándose las manos bajo la supuesta bandera del federalismo, que nunca fue concebido para que los gobernadores se comportaran como señores de horca y cuchillo. Cuando mucho deslizan filtraciones en torno a que no enviarán fuerzas federales a reprimir en aquella entidad (La Jornada, 28/07/07). Lo hicieron en 2006 y Ulises Ruiz no logró consolidar siquiera la fachada de normalidad democrática. No parece casual que las denuncias de desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez (o Raymundo Rivera Cruz), el 25 de mayo pasado, hayan ocurrido precisamente en Oaxaca. Como sabemos, la demanda por su presentación con vida no ha recibido la respuesta que un Estado de derecho debería dar. Y aquí no valen las simples declaraciones de "yo no fui, yo no los tengo".

También sabemos que ya está más que probado que la cresta represiva contra la APPO de noviembre de 2006 no logró desarticular este complejo y diverso movimiento, que junto con el magisterio decidió boicotearle a Ulises Ruiz la fiesta de la histórica Guelaguetza. Después de los enfrentamientos del 16 de julio pasado, con su cauda de golpeados, detenidos y torturados, la APPO realizó marchas silenciosas para mantener su repudio al "señor gobernador", discípulo ominoso, y seguramente ignorante, de la gran obra literaria de Miguel Angel Asturias: El señor Presidente.

Con un entorno fortificado por decenas de policías preventivos, auxiliares y municipales, armados de rifles AR-15 y AK-47 para proteger el Auditorio Guelaguetza, preparó el Segundo Lunes del Cerro (cuyos resultados desconocemos al enviar nuestra colaboración). Vaya manera de atraer al turismo y celebrar fiestas populares, con un público nutrido de los amenazados empleados públicos acarreados a ese escenario. Así tenemos el ambiente una semana antes de las elecciones para renovar el Congreso local, a escasos meses de las relativas a los municipios.

De esas vísperas habrán de sacar cuentas los priístas para valorar los costos de mantener a Ulises Ruiz hasta el término de su mandato formal. El PAN y el gobierno federal simplemente se alinean, no tienen el poder real, ni mucho menos los principios y autoridad moral para defender derechos humanos.

De cualquier forma, desde la sociedad civil no hay que dar tregua al reclamo democrático precisamente la organización Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos está propiciando la difusión del estudio sobre el Derecho a la verdad de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Justamente el acceso a la justicia, la atención política a las causas que originan los conflictos sociales antes que la criminalización de las mismas son temas que están ausentes en estos aciagos días del calderonismo y sus facturas cómplices.