Pide HRW a Ulises Ruiz indagar abusos policiales en disturbios del 16 de julio
México, D.F., 24 de julio (apro).- “Si el gobernador Ulises Ruiz está comprometido con el mantenimiento de la ley y el orden público en Oaxaca, debe asegurar que las denuncias de brutalidad policial sean investigadas y los responsables sancionados”, afirmó hoy el director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.En un comunicado, Vivanco comentó que HRW recibió información “creíble” de que el pasado 16 de julio, durante el nuevo episodio de violencia en Oaxaca, la policía “llevó a cabo detenciones arbitrarias al aprehender y golpear a personas que se encontraban en coches y autobuses”.Citó el caso de Emeterio Merino Cruz, de 43 años de edad, quien, dijo, fue bajado de un autobús y arrestado por el sólo hecho de tener tierra en las manos.Según HRW, el asunto no quedó ahí, pues Merino fue hospitalizado por la golpiza que le propinaron los policías y que lo pusieron al borde de la muerte. Actualmente, dicha persona permanece en terapia intensiva.Vivanco comentó también que funcionarios del gobierno de Oaxaca inicialmente informaron que hubo un total de 40 detenidos, de los cuales cuatro requirieron atención médica, y agregó que la subsecretaria de Derechos Humanos, Rosario Villalobos, reconoció públicamente que los policías incurrieron en “uso excesivo de la fuerza”.Por ello, el director ejecutivo de la División de las Américas de HRW pidió a Ulises Ruiz que investigue los hechos ocurridos el pasado 16 de julio en las inmediaciones de El Fortín.“Evidentemente las autoridades del estado de Oaxaca tienen el deber de investigar a cualquier manifestante que haya violado la ley durante los disturbios del 16 de julio; no obstante, la policía estatal y otros funcionarios también tienen el deber de respetar los derechos humanos fundamentales de los detenidos, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y la Constitución mexicana”, asentó.En la parte final del comunicado, aconsejó al gobernador a suspender de sus funciones a los policías que se encuentren bajo investigación por presuntos crímenes con el fin de evitar violaciones similares en el futuro, así como dejar claro ante las fuerzas de seguridad estatales que "no va a tolerar un trato abusivo bajo ninguna circunstancia", so pena de afrontar medidas disciplinarias, incluyendo despido y enjuiciamiento.
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