Reforma fiscal impugnada

Editorial

La iniciativa de reforma fiscal del calderonismo hace agua por todas partes. Ha sido impugnada por la bancada del Frente Amplio Progresista (FAP) en la Cámara de Diputados, por los inversionistas españoles en el contexto de la visita a México de José Luis Rodríguez Zapatero, por los distribuidores de automóviles, por la Cámara de Comercio de Canadá en México, por organizaciones de agroindustriales, por transportistas, por las industrias lechera y tabacalera, y por las universidades privadas, entre otros sectores. Con ese telón de fondo, ayer el titular de la Unidad de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Juan Manuel Pérez Porrúa, realizó inútiles malabarismos conceptuales para intentar convencer a los integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados de las bondades de una propuesta fiscal que no deja satisfecho a nadie.

Ciertamente, la implantación de la llamada contribución empresarial de tasa única (CETU) ha sido hasta ahora la parte más repudiada de la iniciativa fiscal presidencial, y no sin razón: diversos analistas han señalado que, de aplicarse, ese impuesto -cuyo defecto más grave es que elimina la deducibilidad de nóminas y prestaciones- se traduciría en una contracción de la planta laboral, perjudicaría sobre todo a las clases media y media baja (a quienes ganan entre 7 mil y 23 mil pesos mensuales) y generaría otros desbarajustes significativos. Pero la CETU es el síntoma, no el problema central de la iniciativa. La inoperancia real de ésta radica en que es un intento por hallar la cuadratura del círculo, es decir, por incrementar los ingresos fiscales del gobierno sin afectar de manera significativa a las grandes fortunas del país ni a los intereses financieros internacionales que se mueven en la economía mexicana.

En el curso de la polémica se ha evidenciado, por lo demás, que la propuesta oficial se redactó en forma improvisada y apresurada, sin analizar sus posibles impactos en el conjunto económico, y con una lamentable falta de profesionalismo por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la cual ya empieza a tomar nota del cúmulo de correcciones que habría que efectuar a la iniciativa, no para garantizar su aprobación sino simplemente para que pueda ser considerada viable.

Un tercer error en el proceso de elaboración de la propuesta es la falta de trabajo político previo -falla típica del foxismo, por cierto- entre el conjunto de las fuerzas representadas en el Congreso de la Unión y entre los sectores productivos del país. Si el gobierno federal se hubiese tomado la molestia de realizar tal tarea, de seguro habría podido detectar algunas de las carencias e inconsistencias más graves de su iniciativa antes de presentarla y de someterla, como lo ha hecho, al desgaste de reacciones críticas generalizadas.

Ante el alud de inconformidades generado por la propuesta gubernamental, es razonable que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados se dedique a analizar la otra iniciativa fiscal, la que elaboraron los integrantes del "gobierno legítimo" que encabeza Andrés Manuel López Obrador, y que fue presentada por los legisladores del FAP. Incluso es pertinente que el examen se lleve más allá del Palacio Legislativo de San Lázaro y que se realice un debate público sobre las ventajas e inconvenientes de ambas propuestas, como lo ha pedido el coordinador de los diputados perredistas, Javier González Garza. Es posible que de la discusión emergieran conclusiones claras sobre lo que debe cambiarse en la recaudación y sobre las maneras de hacerlo. No habría que descartar, incluso, que la adopción de la iniciativa opositora le hiciera menos ardua al calderonismo la tarea de administrar, una tarea para la cual, y ante lo que ha podido verse, no está preparado.