Boletín Informativo ISA núm 152

http://serviciodenoticiasisa.blogspot.com

Sumario:

I. 30 por ciento de aumento en los alimentos de la canasta básica en lo que va del año: Mario Di Costanzo

II. EPR, Estado y sociedad, por José Luis Piñeyro

-----------------------------

30 POR CIENTO DE AUMENTO EN LOS ALIMENTOS DE LA CANASTA BÁSICA EN LO QUE VA DEL AÑO: MARIO DI COSTANZO

De acuerdo con datos obtenidos por la Secretaría de la Hacienda Pública del gobierno legítimo que encabeza Andrés Manuel López Obrador, se observa que durante los primeros siete meses del año, los precios de 42 productos que componen la canasta básica se incrementaron 27.7%; de entre ellos, el aumento en los que son alimentos ha sido aún mayor: de casi 30%.

Lo anterior fue dado a conocer por Mario Di Costanzo, secretario de la Hacienda Pública del gobierno lopezobradorista, quien ha seguido mes a mes y trimestre por trimestre el comportamiento de los precios de la canasta básica.

Según sus datos, mientras que en enero de 2006 para adquirir estos 42 productos básicos una persona tenía que realizar un gasto de 740.44 pesos, para diciembre de ese mismo año el gasto necesario para adquirir esos mismos productos se ubicó en 818.44 pesos y para julio del presente año ascendió a 1 045.15 pesos

Comparado con el salario mínimo mensual, que el año pasado fue de 1 457.10 pesos, el costo de estos productos pasó de representar, en enero de 2006, 50.8% del ingreso total de un trabajador que percibía el salario mínimo, a 69.7% para julio del presente año.

Di Costanzo señaló que esta situación se ha visto recrudecida en el caso de los productos alimenticios de la canasta básica, cuyo costo pasó de 485.40 pesos en enero de 2006 a 540.46 en diciembre de ese año y a 701.82 pesos en julio de 2007, lo que representa un incremento de 44.57% con respecto a enero de 2006 y de 29.85 en lo que va de este año.

El funcionario lopezobradorista afirmó que los datos muestran que para julio de 2007, de los 42 productos básicos de la muestra, sólo 2 (el jamón y la cebolla) registraron incrementos inferiores al porcentaje de incremento al salario mínimo en 2007, ya que el resto de los productos mostró crecimientos superiores a 14%, lo que significa que se ha aniquilado el poder adquisitivo del salario mínimo, incluso por debajo de los niveles alcanzados en enero del 2006.

Esto se traduce en que un obrero requería en enero de 2006 de 15.24 días de trabajo con pago de salario mínimo para adquirir los 42 productos de la canasta básica y para julio del presente año requiere de 20.33 días de trabajo para adquirir los mismos productos, por lo que con lo que le resta (10 días de trabajo) tiene que hacer frente a los costos de transporte, vestido y vivienda, lo cual resulta prácticamente imposible, ya que el incremento del salario mínimo en 2007 fue de sólo 3.9%.

Mario Di Costanzo concluye de lo anterior que el seguimiento de los precios que realiza el Banco de México, para obtener la inflación o el crecimiento de los precios en la economía, ya no refleja la realidad del poder adquisitivo de las familias y revela que el costo de los alimentos ha tenido un crecimiento superior que el del resto de los productos de la canasta básica.

--------------------------

EPR, ESTADO Y SOCIEDAD

por José Luis Piñeyro, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Azcapotzalco (jlpinyro@aol.com)

Durante las últimas semanas, e incluso el día de hoy, las noticias han reportado la detonación de diversos explosivos, hechos cuya autoría, en el caso de los ocurridos en los gasoductos de Pemex y en el ataque al penal de Chiapa de Corzo, en Chiapas, se la ha adjudicado el Ejército Popular Revolucionario (EPR). Para aportar a la comprensión de lo que representa la actuación de organizaciones político-militares en el contexto de la lucha social y política más general, con el permiso de su autor reproducimos en este servicio de noticias ISA el siguiente artículo del doctor José Luis Piñeyro, mismo que fue recientemente publicado en el diario El Universal.

Diversos analistas han afirmado o dudado de la autoría del EPR respecto a los atentados a los gasoductos de Pemex, lo cierto es que el EPR ha reiterado tal autoría. No repetiré los argumentos de quienes a partir de la historia, estrategia y comunicados recientes eperristas vieron congruencia o contradicciones en tales acciones, sino que recuperaré algunas conclusiones de mi ensayo (“Fuerzas armadas y contraguerrilla rural en México: pasado y presente” Nueva Antropología No. 65, 2005) sobre los por qué del difícil avance social y territorial de la insurgencia armada rural.

En primer lugar mencionaba el divisionismo persistente entre los comandos guerrilleros y a su interior; el predominio del voluntarismo militarista y el reducido trabajo entre el pueblo; el dogmatismo teórico al interpretar la realidad nacional y la estrategia militar; el sectarismo frente a otras guerrillas y organizaciones de masas y partidarias; las rígidas actitudes verticales de la dirigencia con la base armada, según revelaron guerrilleros escindidos del EPR. Segunda limitante señalada era la mayor capacidad de respuesta de las fuerzas armadas (FA) en el tiempo y el espacio nacional: mejor coordinación de Defensa y Marina, entrenamiento, armamento y transporte aéreo y terrestre, más grupos de fuerzas especiales, superior mecanismo de inteligencia, más y mejores carreteras y mayor colaboración con las policías federales, estatales y municipales. Tercera restricción al accionar armado campesino, era el pasivo estado de ánimo popular y sus desastrosas condiciones de vida producto del capitalismo neoliberal, como son: la depauperación salarial, el desempleo y subempleo, la economía informal y criminal y los patrones de sobrevivencia y delincuenciales, más actitudes individualistas de rompimiento de la solidaridad comunal y ejidal y de barrio, de desgarramiento del tejido social. A este producto natural del capitalismo se agrega “lo artificial”: la voluntad gubernamental o caciquil de mantener la disgregación social como forma de dominación estatal vía la cooptación mediante programas antipobreza, el estimulado enfrentamiento intercomunitario campesino e indígena, la violencia selectiva y sistemática, medidas que varían de región a región y de tiempo político a tiempo electoral.

Hoy, sin embargo, las tres limitantes mencionadas se han revertido al menos parcialmente, los informes de inteligencia destacan la muy probable unificación de los comandos guerrilleros a pesar de las diferencias tácticas dada la crítica situación de violación a los derechos humanos como publicitó Amnistía Internacional, la tendencia gubernamental a la criminalización de la protesta social y el reciente arresto y desaparición de dos dirigentes del EPR. También, la mejor coordinación de inteligencia de las FA con las policías federales, estatales y municipales muestra fisuras, las explosiones del EPR indican mayor movilización geográfica al salir de Guerrero y Oaxaca y actuar en Guanajuato y Querétaro, superior capacidad técnica bélica con detonaciones simultáneas y una base de apoyo social en estos estados. Asimismo, el ánimo popular de pasividad no es el mismo después de diversos conflictos como los de Atenco y Oaxaca y sobre todo de la cuestionada elección presidencial que un año de distancia más de 40% de la población no la considera legítima, para no mencionar procesos más estructurales que provocan profunda irritación como la “exportación” sexenal de 3.2 millones de migrantes con la secuela de desintegración familiar y cientos de muertos y heridos en la frontera, así como la persistencia de la pobreza, el desempleo y al inseguridad pública que avanzan o al menos se mantienen y que como candidato presidencial Calderón prometió combatir a fondo.

Al gobierno de Calderón le interesa dentro de ciertos límites funcionales, reconstruir el destrozado tejido social y la desestructuración de las identidades colectivas antes aludidas. Corresponde a las fuerzas democráticas y progresistas hacer la principal labor de reconstrucción y al gobierno nacional enfrentar a la oposición armada con la presentación de los dos dirigentes detenidos desaparecidos y una amnistía general para los comandos guerrilleros. Desactivar los focos armados es posible, iniciar un desarrollo económico regional y nacional incluyente es tarea de la sociedad civil mayoritaria y de ciertas agrupaciones partidarias y sindicales. Si no sucede este cambio gubernamental y político, sea neutralizada o eliminada la guerrilla rural, en pocos años regresaremos al círculo vicioso que Carlos Montemayor llama la guerrilla recurrente. Se requiere un pacto nacional que desactive el campo minado y reactive la economía y democratice al Estado.