Ilícito, que Calderón se apropie del dinero de Las Lomas; debería entregarse al GDF

Aún no existe una resolución judicial definitiva, dice el constitucionalista Clemente Valdez
''¿Cómo pueden hablar de un decomiso cuando no se ha iniciado un juicio contra Ye Gon?''

JESUS ARANDA

En caso de que el gobierno de Felipe Calderón insista en apropiarse los 211 millones de dólares asegurados en una casa propiedad de Zhenli Ye Gon, con el argumento de que son producto de una ''declaratoria de abandono'', incurriría en un acto ilícito porque, en todo caso, ese dinero tendría que ser entregado al Gobierno del Distrito Federal (GDF).

Afirmó lo anterior el constitucionalista Clemente Valdez, quien dijo en entrevista que el gobierno federal debe ser ''muy cuidadoso y muy escrupuloso'' en el manejo de este asunto, porque tampoco puede determinar el decomiso de ese dinero sin que exista de por medio una resolución judicial definitiva.

Es más, cuestionó Valdez, cómo pueden hablar los funcionarios federales sobre un decomiso, cuando ni siquiera se ha iniciado un juicio penal en contra del ciudadano chino naturalizado mexicano y, mucho menos, hay una sentencia definitiva en el asunto.

Debe probarse el ''abandono''

Entrevistado en relación con las declaraciones que ante diputados hizo el pasado lunes el director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Luis Miguel Alvarez Alonso, en el sentido de que ''no hubo una resolución judicial para que se procediera a distribuir'' los millones de dólares ''decomisados'' a Ye Gon, sino que hubo ''una declaratoria de abandono emitida por la Procuraduría General de la República (PGR), el experto constitucionalista alertó que el mal manejo de este caso por parte de las autoridades ''puede propiciar una situación totalmente irregular, si se reparte ese dinero como se dice que se está haciendo o se piensa hacer''.

Recordó que Calderón anunció que una parte de ese dinero se destinaría a campañas de prevención antidrogas, otra al combate al narcotráfico y una más para apoyar la labor de los jueces federales.

La entrega de recursos a los juzgadores, precisó, sería particularmente grave, porque ellos tienen la obligación -empezando por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia- de saber que no pueden recibir dinero decomisado sin que exista una resolución judicial definitiva al respecto.

Agregó que también se generaría una situación ''totalmente irregular'', puesto que es de suponerse que serían los mismos juzgadores los que en su momento tengan que determinar si el gobierno manejó legal o ilegalmente ese dinero.

Se llegaría al absurdo de que ''estarían incapacitados para conocer del asunto todos los jueces federales''.

Y si en última instancia se determinara que el dinero fue obtenido lícitamente, ¿entonces de qué forma restituirían esas cantidades las secretarías de Estado beneficiadas originalmente?''

En cuanto al argumento del abandono, ahí el gobierno tiene ante sí un problema ''muy serio'', porque antes de declarar que un dinero fue ''abandonado'', se tiene que seguir un procedimiento de ley que prevé plazos de más de 90 días para que el dueño de los bienes reclame ante la autoridad su propiedad.

Y en el supuesto de que nadie demandara la propiedad de los mismos, entonces, según el Código Civil, el dinero tendría que entregarse al Gobierno del Distrito Federal, pues fue en la capital del país donde se ubicaron dichos recursos, concluyó Valdez.