Corrupción y autismo gubernamental

Editorial

El diputado federal por Convergencia Elías Cárdenas, quien preside la comisión especial del Congreso de la Unión encargada de investigar las presuntas actividades ilícitas de las empresas de los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bribiesca, denunció en entrevista con La Jornada la negativa sistemática por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) a entregar a la Cámara de Diputados la información concerniente a las denuncias penales en contra de las familias Fox y Sahagún, a pesar de que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública ha desclasificado ya alguna de la información que la PGR mantiene reservada. Al mismo tiempo, Cárdenas aseguró que existen elementos que involucran a los hermanos Bribiesca en fraudes millonarios derivados de contratos entre Pemex Exploración y Producción y Oceanografía SA, también de su propiedad.

Los señalamientos de Elías Cárdenas plantean la impostergable necesidad de que las autoridades federales consagren sus esfuerzos a esclarecer los presuntos actos de corrupción por el desfalco de la paraestatal que, cabe recordarlo, constituye la principal fuente de ingresos del país. Asimismo tampoco debieran pasarse por alto las acusaciones recientes de Lino Korrodi, en el sentido de que el notable crecimiento de la fortuna del matrimonio Fox-Sahagún se debe a prácticas corruptas cometidas durante el sexenio pasado. En ese sentido, resulta plausible la petición de los líderes de las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática en el Senado de la República, Manlio Fabio Beltrones y Carlos Navarrete, quienes se pronunciaron el jueves por la necesidad de que el gobierno llame al ex mandatario a rendir cuentas.

En respuesta, la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) salió en defensa de la “honorabilidad” del ex presidente Fox, desestimó los señalamientos de Korrodi y retó al PRI a publicar el patrimonio de los ex presidentes emanados de ese partido, además de gobernadores y ex gobernadores que son conocidos “por sus grandes fortunas”. A tono con su partido, el senador Santiago Creel condicionó la creación de una comisión investigadora del presunto origen ilícito de la fortuna del ex mandatario a que se investigue también a los ex gobernantes surgidos de las filas del tricolor.

La condición que plantean Creel y el PAN es muy cuestionable, porque deja entrever la falta de voluntad del actual grupo gobernante por que se esclarezca un caso de presunta corrupción que, de ser confirmado, daría cuenta de la descomposición política y moral de lo que alguna vez se hizo llamar el “gobierno del cambio”. Parecen olvidar que en la base de la solicitud de que se investigue al ex mandatario panista, se encuentra el reclamo ciudadano por el respeto a la transparencia y el derecho a la información.

En ocasión de la entrevista que sostuvo con este diario la semana pasada, el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Germán Martínez, reclamó la insuficiencia de las estructuras del Poder Judicial y de la propia PGR en materia de combate a la corrupción. Su llamado puso en evidencia la falta de articulación de las distintas instancias del gobierno encargadas de sancionar las actividades ilícitas de los funcionarios públicos.

El grupo gobernante ha exhibido un autismo sistemático a la hora de esclarecer y castigar a los responsables de ese tipo de escándalos: basta con mencionar los casos de Raúl Muñoz Leos y Carmen Segura Rangel, ambos inhabilitados y multados por la SFP por haber incurrido en prácticas irregulares, pero a fin de cuentas libres de toda acción penal. Por lo que toca a la fortuna de Vicente Fox y a las acusaciones en contra de los hijos de su esposa, no dejan de ser significativas las declaraciones que hiciera el propio Germán Martínez el año pasado, antes de asumir la titularidad de la SFP, en el sentido de que “metería las manos al fuego” por el ex mandatario. A lo que puede verse, no existe voluntad política por parte de la actual administración para sancionar al ex mandatario y a sus familiares.

La conjunción de corrupción e impunidad es un lastre histórico de la administración pública federal, que no sólo pone en evidencia el deterioro moral de la clase gobernante, sino también constituye una importante fuga de recursos públicos que bien podrían ser empleados en programas sociales o acciones gubernamentales de apoyo a los más necesitados. Si el gobierno de Felipe Calderón no investiga –y en su caso, sanciona– los presuntos actos ilícitos cometidos por la familia Fox-Sahagún en el sexenio pasado –incluidos los que involucran a los hermanos Bribiesca– se ahondará la crisis de credibilidad que padecen las instituciones públicas y acrecentará el déficit de legitimidad que la administración actual padece de origen.