Monsiváis: Estado laico y clericalismo

Editorial

Con el telón de fondo de la conmemoración por el 15 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano, el secretario para las Relaciones con los Estados, Dominique Mamberti, instó al gobierno mexicano a modificar el marco jurídico vigente en el país, a fin de “superar las limitaciones y equívocos” de la ley en materia religiosa. El enviado papal afirmó que el Estado debe velar por los derechos fundamentales de los individuos, entre los cuales, dijo, la libertad de creencia ocupa un lugar central. A tono con las declaraciones de Mamberti, el ex presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, José Guadalupe Martín Rábago, afirmó que dicha revisión legal podría darse dentro del marco de la celebración por el bicentenario de la Independencia, “un momento privilegiado para crecer en una fructuosa reconciliación”.

No es casual que la petición vaticana de modificar el marco legal, de acuerdo con sus intereses y ambiciones, se dé en la actualidad. Parece ser que Roma ha decidido apostar al hecho de que el gobierno federal mexicano haya emanado de las filas de un instituto de derecha, el Partido Acción Nacional (PAN). En efecto, desde su llegada a la Presidencia, en 2000, el panismo no ha mostrado recato en manifestar abiertamente sus inclinaciones profundamente religiosas, y ha encontrado en la Iglesia un aliado en el panorama político nacional, como quedó de manifiesto con la intervención de la jerarquía católica en el conflictivo proceso electoral de 2006.

Frente a este panorama, vale la pena resaltar la pertinencia de la respuesta de Carlos Monsiváis, quien advirtió sobre “la trampa” de los señalamientos de la Santa Sede y la Iglesia católica mexicana: es evidente, como el escritor lo afirma, que las pretensiones de reformar el marco constitucional vigente –supuestamente para “ampliar” las libertades religiosas— son necias e improcedentes.

La vigencia del Estado laico, como lo apuntó Monsiváis, radica en la inclusión de las “exigencias y demandas” de las sociedades, sobre todo en lo que respecta a los derechos de las minorías sexuales, étnicas y religiosas, muchas de las cuales son y han sido históricamente perseguidas, marginadas y vilipendiadas por la Iglesia católica. También son dignas de mención las críticas a la incongruencia del partido gobernante, institución que ha mostrado tendencias autoritarias, características de la ultraderecha y que ahora, sin embargo, pretende definirse como un “partido de centro”, según ha expresado el aspirante a la dirigencia blanquiazul, Germán Martínez.

De manera significativa, las declaraciones de Monsiváis se dan a la par de la reunión del Consejo Nacional del PAN, donde se han puesto en evidencia los serios problemas que aquejan a esa institución política, los cuales pasan por la corrupción, la falta de rumbo para gobernar, la división y desacatos internos.

A guisa de conclusión, bien cabría esperar que el grupo gobernante ponga atención a las declaraciones de Carlos Monsiváis, y de otros sectores de la población, y que, de manera efectiva, rechace las pretensiones eclesiales de vulnerar el Estado laico: la experiencia histórica de nuestro país da cuenta de las consecuencias catastróficas en que puede derivar la concentración del poder político en la Iglesia. La libertad de creencias debe estar garantizada para los feligreses de todos los credos y no de uno solo, por predominante que sea en el territorio nacional. Esto significa, en suma, gobernar para todos los sectores de una sociedad a la cual, como puntualizó Monsiváis, en materia de libertades políticas y religiosas “no van a hacer retroceder”.