Operación de minera en Oaxaca acaba con manantiales de la zona

Angeles Cruz Martínez

En sólo siete años se secaron 13 de los 20 manantiales que existían en la comunidad de Calpulalpan de Méndez, Oaxaca, resultado de la explotación minera de oro y plata que realiza la compañía Natividad y Anexas, propiedad de la empresa canadiense Continuum Resources, y que ahora amenaza con contaminar la microcuenca que abastece del líquido a esa zona enclavada en la sierra norte de la entidad.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirmó que la actividad minera captó la circulación de agua subterránea que alimentaba a los manantiales. Dichas aguas subterráneas “fueron atravesadas, de tal forma que con ello se modificó la circulación del líquido, ocasionando su disminución en el caudal hasta incluso su desaparición”.

Diversas irregularidades han acompañado la operación de la compañía minera en los años recientes, explicó Miguel Ángel Montoya, asesor del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados.

Resaltó el aval que dio el ex director general de Impacto y Riesgo Ambiental, Ricardo Juárez Palacios, al exentar a la minera de obtener la autorización en esa área, con el argumento de que funciona desde “mucho tiempo antes” de que se publicara la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Una inspección de la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Oaxaca así lo confirma, y rechaza la legalidad de tal aseveración, principalmente porque durante la visita que este organismo realizó a la compañía en el primer trimestre de 2007 constató que los residuos mineros (jales) generados durante los procesos de recuperación de metales y los cuales contienen zinc y plomo, se estaban vertiendo a los cuerpos de agua de la zona, lo que ocasionó un impacto significativo al ambiente.

La inspección de Profepa también detectó que la compañía Natividad y Anexas viola la normatividad relativa al manejo de residuos peligrosos –bifenilos policlorados–, pues carece de un área específica para su almacenamiento temporal. Este espacio debe contar como mínimo con un techo, piso de cemento, muros de contención, fosa de recuperación, trincheras y canaletas, entre otros.

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana (NOM) 133, la empresa también debería llevar una serie de medidas de control sobre la disposición final de los residuos peligrosos, así como contar con un plan para la atención de emergencias y equipo especial de seguridad para casos de derrames o accidentes. La minera Natividad incumplía con estas disposiciones, lo que también representa un riesgo para el medio ambiente y la salud de los pobladores de Calpulalpam de Méndez.

Según la misma Profepa, los daños potenciales que provoca la exposición ocupacional a los bifenilos policlorados van desde lesiones dérmicas, daños hepáticos, decremento de la función pulmonar, irritación de ojos, hasta disminución en el peso de nacimiento del producto de madres expuestas. La Agencia de Protección Ambiental clasificó estos residuos peligrosos como carcinógenos, con afectación principal en el hígado.

Debido a estas irregularidades, que la Profepa calificó de muy graves en su resolución administrativa número 260 del 20 de julio de 2007, ordenó la clausura parcial temporal de las actividades de explotación de la mina, así como 17 medidas correctivas, entre las que destacan las relativas al manejo de los bifenilos policlorados, y evitar la contaminación de los cuerpos de agua de la zona con los residuos mineros o jales.

De manera particular, la resolución de Profepa indica que si la compañía minera pretende llevar a cabo nuevas actividades de explotación, deberá obtener la autorización en materia de impacto ambiental.

Luego, el 13 de septiembre de 2007, el organismo de cuenca Golfo Centro de la Conagua respondió a la queja del comisariado de bienes comunales de Calpulalpan de Méndez y confirma que el agotamiento de los manantiales de la zona se debió a la actividad minera.

Señaló que los trabajos de explotación minera no han llegado a la microcuenca identificada como “Y”; sin embargo, indicó que existen actividades de índole exploratoria, que de ampliarse a esa área la explotación de minerales podría ocasionar “algún impacto negativo en la disponibilidad de los recursos hídricos que actualmente aprovecha la población de Calpulalpan (a 72 kilómetros de la ciudad de Oaxaca) y en consecuencia afectar la captación de agua destinada para consumo humano”. El daño podría extenderse a otras actividades de tipo recreativo y ecológico, indicó Conagua.

Ante tal situación y lo que para los ejidatarios es una tibia actitud de las autoridades ambientales, solicitaron ayuda al diputado federal perredista Carlos Roberto Martínez Martínez, quien en próximos días apoyará la presentación de dos demandas: una ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa y otra ante un tribunal de circuito agrario por el delito de despojo, en virtud de que la compañía minera carece del permiso de la asamblea ejidal para el usufructo de sus tierras.