Editorial
Ayer, el titular de la Secretaría de Economía (SE), Eduardo Sojo, dio a conocer la firma de un convenio entre esa dependencia y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) para aplicar descuentos a productos de la canasta básica durante las primeras semanas del año entrante. El programa tiene como fin, según declaró el funcionario, “favorecer la economía familiar” durante la cuesta de enero, un periodo particularmente complicado para los bolsillos de la población, con el agravante de que en 2008 entrará en vigor el gasolinazo.
La medida reviste un talante populista y demencial por parte del actual gobierno, que reafirma la ausencia de un rumbo económico claro: primero se implementa un aumento al precio de la gasolina y, casi al mismo tiempo, se anuncian medidas supuestamente orientadas a paliar sus efectos, como la postergación del gasolinazo para principios del año entrante y el pacto firmado entre la SE y la ANTAD. Sin embargo, a estas alturas la economía popular ya se ha visto severamente castigada y no hizo falta esperar a que llegara el plazo de la aplicación del impuesto a la gasolina para que ocurriera lo que el gobierno pretendía evitar: una alza de precios en cascada. De igual manera, con la decisión anunciada por Sojo, el grupo gobernante busca ahora detener un fenómeno desatado por ellos mismos: cabe recordar que, por lo general, las medidas económicas tienen efecto cuando se dan a conocer y no sólo cuando entran en vigor.
Si lo que el gobierno busca, como señala Sojo, es “favorecer la economía familiar”, lo mejor hubiera sido no implementar el gasolinazo, antes que echar mano de acuerdos con la iniciativa privada para aplicar descuentos a los productos básicos: a lo sumo, esto último sólo retrasará unos meses una previsible y al parecer inevitable nueva alza a los precios y una nueva ofensiva contra la economía popular. La persistencia del gobierno por echar a andar esa medida hace inevitable el surgimiento de dudas y suspicacias sobre quiénes se verán beneficiados con su aplicación.
En particular, cabe preguntarse en qué serán empleados los fondos que se obtengan con el gasolinazo: si representan ingresos imprescindibles para las finanzas públicas o si acaso servirán para saldar facturas pendientes que la actual administración tiene con sus aliados empresariales, tanto nacionales como internacionales. Al respecto, cobran relevancia los señalamientos hechos por legisladores del Partido de la Revolución Democrática en el sentido de que con los fondos del gasolinazo se alcanza a cubrir el subsidio gubernamental a las tarifas eléctricas de empresas cercanas al círculo presidencial. Es decir, además de la carestía que habrá de enfrentar el año entrante, la población pagará, por vía del gasolinazo, los descuentos en electricidad para los empresarios.
En suma, la medida anunciada ayer por Sojo, más que ayudar a la castigada economía de la mayoría de la población, es una muestra más del ejercicio discursivo que el gobierno emplea para contener el creciente descontento social ante decisiones orientadas al beneficio de las minorías, y las lamentables consecuencias que éstas implican para la economía popular.
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