El Justo Reclamo

Enlista la Corte prioridades para 2008

Suprema Corte de la Justicia de la Nacion, sesión.

Foto: archivo proceso

jorge carrasco

MEXICO, D.F., 2 de enero (apro).- Con una imagen empañada por el caso Lydia Cacho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá resolver este año otros polémicos asuntos, como el aborto en el Distrito Federal y las violaciones a los derechos humanos en Oaxaca y San Salvador Atenco. Estos dos últimos casos, implican al procurador General de la República, Eduardo Medina Mora.Son tres de los temas “particularmente relevantes” que el presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, mencionó hoy en la sesión del pleno ante los otros 10 ministros del máximo tribunal, al abrir los trabajos del primer periodo de sesiones de 2008.En total, la Corte tiene 569 asuntos pendientes de resolución.Entre los temas pendientes, destaca el amparo promovido por Proceso en contra de la decisión del Instituto Federal Electoral (IFE), de negarle el acceso a las boletas de la elección presidencial de 2006.La Corte tiene en su agenda otro asunto de alto impacto social: los amparos promovidos contra las reformas a la ley del ISSSTE. El presidente de la Corte informó que a la fecha se han interpuesto 170 mil amparos, la mayoría de ellos promovidos por 433 mil servidores públicos del país, que, en su mayoría, cuentan con un amparo de suspensión provisional.La Corte definirá así la constitucionalidad de la ley promovida por el gobierno de Felipe Calderón y aprobada por el Congreso.En el caso del aborto, se trata de una acción de inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para ampliar las causales de su despenalización.El proyecto de resolución está a cargo del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, uno de los más conservadores de la Corte.Ortiz Mayagoitia se refirió también asuntos relacionados con el acceso a la información, grabaciones y constancias de procesos penales que se ventilan en el estado de Nuevo León.También deberá resolver sobre el caso de seguridad privada en el país.En relación con las facultades de investigación de la violación grave de garantías establecidas en el artículo 97 de la Constitución, la Corte tendrá que resolver sobre las responsabilidades de funcionarios federales, estatales y municipales implicados en los hechos violentos de Oaxaca y San Salvador Atenco, estado de México, ocurridos entre 2006 y 2007.Al amparo de ese tipo de investigaciones –sobre la que Ortiz Mayagoitia pidió al Congreso en su informe anual de diciembre pasado que la regule o de plano la elimine–, la Corte determinó que la escritora Lydia Cacho no sufrió violación grave a sus garantías cuando fue detenida por las autoridades de Puebla.La resolución favorable al gobernador de Puebla, Mario Marín, causó uno de sus mayores desprestigios a la Suprema Corte.En materia económica, la SCJN discutirá sobre el régimen fiscal para inversiones en el extranjero, la tasa cero del IVA a las medicinas de patente y la capitalización de intereses.En este último caso se refiere a un amparo interpuesto por Banamex en contra de una sentencia que lo obliga a pagar a un particular una cantidad millonaria por concepto de cobro de interés de una vieja cuenta de ahorro.Como lo señaló en su informe anual, Ortiz Mayagoitia dijo que 2008 será el año de “la transparencia judicial”, respecto del ejercicio de los recursos públicos del Poder Judicial de la federación, del que es su máximo representante.En una sesión posterior, los ministros Sergio Valls Hernández y Fernando Franco González fueron elegidos presidentes de la Primera y Segunda Salas de la Corte, respectivamente.Las Salas son las que resuelven la mayoría de los casos tramitados ante la Corte. La Primera se encarga de los asuntos penales y civiles, mientras que la segunda, de los administrativos.La Comisión de Receso que operó durante el proceso vacacional informó que desechó “por notoria improcedencia” dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por Convergencia y Nueva Alianza en contra de la Reforma Electoral aprobada en noviembre pasado.Sin embargo, esos partidos presentaron recursos de reclamación que están pendientes de ser admitidos a trámite, con lo que la Corte puede dar la última palabra sobre esa reforma constitucional, impugnada también ante la justicia por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).