Megaprotesta y resistencia clasista a Calderón

Por Lilia Arellano

“Lucho porque no quiero que nos roben más las mieles de nuestros panales”.
Tupac Amaru

La terquedad del gobierno de Felipe Calderón de trabajar única y exclusivamente para que los grandes capitales internacionales se sientan cómodos en el país y puedan seguir multiplicándose a sus anchas, sin sobresaltos de ningún tipo, empuja a la población mexicana, particularmente la marginada y de escasos recursos, a tomar medidas desesperadas que pueden desembocar en una insubordinación civil de pronóstico reservado.
Ni el titular del Ejecutivo Federal, ni los funcionarios que conforman su gabinete, saben la naturaleza de los grandes problemas de la Nación y no aprenden ni quieren aprender el tejido fino del contrato social que puede garantizar la independencia, la soberanía y el desarrollo económico.
Ninguno de los funcionarios federales de primer nivel sacó la cara este jueves para responder a las justas demandas y exigencias de más de 130 mil campesinos, representantes de los 35 millones de hombres del campo que aún permanecen aferrados a sus tierras y que aún no han decidido levantar sus precarias pertenencias y marcharse a los Estados Unidos, así como de los millones de trabajadores de todo el país, quienes realizaron una megamarcha por las principales avenidas de la capital de la República, con la que demostraron que por sobre intereses partidistas puede unirse y trabajar por una causa común.

Los dirigentes de las más de 100 organizaciones campesinas y sindicales, entre las que se contaban las más grandes y representativas como la Confederación Nacional Campesina (CNC), la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), la Central Campesina Cardenista (CCC), la Central Cardenista Independiente (CCI), y hasta del Congreso Agrario Permanente (CAP), así como otras que se han destacado por su activismo político como la Organización de Defensa Campesina Plan de Ayala y el Movimiento de Resistencia Campesina Francisco Villa, respaldadas por la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y sindicatos como los de electricistas, telefonistas, del IMSS, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, entre muchos otros, unieron sus esfuerzos y voces para gritarle a Felipe Calderón que deje de entregar a los extranjeros los recursos de la Nación, energéticos, del subsuelo, agropecuarios, y la mano de obra sobre explotada.
Los millones de campesinos representados por sus compañeros que se trasladaron de todos los rincones del territorio nacional al centro político del país, le exigieron al titular del Ejecutivo Federal que inicie de inmediato la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); que respete sin cortapisas ni recovecos la vigencia del Acuerdo Nacional para el Campo; que se deroguen y se reelaboren las reglas de operación publicadas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), cuya intención es dejar fuera a los productores organizados en el ejercicio de los programas y presupuestos, y buscar la centralización de las decisiones y la concentración de los recursos públicos destinados al campo; y que no deje como su antecesor Vicente Fox en manos de capitales irregulares y especuladores las importaciones y exportaciones.

Resistencia clasista

Durante el mitin en la Plaza de la Constitución, las organizaciones campesinas y sindicales formalizaron una alianza de “resistencia clasista”, cuya primera acción tomada será el bloqueo el próximo 7 de febrero de la Cámara de Diputados.
El dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Cruz López Aguilar, advirtió que de ahora en adelante el Ejecutivo Federal enfrentará la resistencia de una alianza clasista, de la cual surge la posibilidad de formar un congreso nacional integrado por los tres bloques de organizaciones campesinas, que será la respuesta a la guerra sucia armada desde la SAGARPA.
Por su parte, Miguel López, de las organizaciones democráticas campesinas y pesqueras, advirtió que no van a aceptar la agenda agropecuaria del gobierno de Calderón y reiteró la exigencia de la renuncia de Alberto Cárdenas.
En su oportunidad, el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, acusó al gobierno federal de violar permanentemente la Constitución con la apertura comercial y la privatización silenciosa del sector energético del país. En medio del grito de “¡qué poca madre!”, el dirigente de los electricistas advirtió que “si este gobierno no respeta el pacto federal, tampoco podemos respetarlos a ellos, han roto el Estado de Derecho, han entregado la soberanía alimentaria a los extranjeros, no podemos creer en una mesa de sordos… en donde no nos van a resolver los problemas del campo y los grandes problemas del país. Por eso vamos el 7 de febrero a tomar el Congreso”.
La megamarcha sobrepaso las expectativas de los organizadores y sorprendió incluso a las autoridades capitalinas. La plancha de la Plaza de la Constitución se llenó a su máxima capacidad (120 mil personas) y saturó las calles y avenidas aledañas. Los primeros contingentes de los campesinos iniciaron su llegada al zócalo después de las 16 horas, tras movilizarse desde el monumento a la Revolución al Ángel de la Independencia y posteriormente se congregaron en el zócalo donde escenificaron un impresionante mitin de rechazo al gobierno de Felipe Calderón, por su necedad de no inconformarse contra el TLCAN que los afecta y por su errática política agropecuaria, manejada con los pies por el ex gobernador de Jalisco Alberto Cárdenas Jiménez, de quien lo menos que piden es su cese inmediato porque su cerrazón y prepotencia ha puesto al borde del abismo al campo mexicano. También en el interior del país se movilizaron los campesinos y realizaron protestas, tomas de delegaciones de la SAGARPA y bloqueos a carreteras en al menos 17 entidades, en donde manifestaron su repudio también a las alzas de precios de productos básicos. Marchas, plantones y protestas importantes se escenificaron en las ciudad de Guanajuato, Monterrey, Culiacán, Chetumal, Mérida, Oaxaca, Cuernavaca, Querétaro, Pachucca, Tlaxcala, Durango, Chihuahua, Ciudad Juárez, Morelia, Toluca, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, entre otras, en donde recordaron a los funcionarios federales, especialmente de SAGARPA, que por el TLCAN al menos 5 millones de mexicanos han emigrado a los Estados Unidos y alrededor del 75 ciento de la población tiene altos niveles de pobreza, puesto que las exportaciones sólo han beneficiado al dos por ciento de las unidades de producción, mientras que el 80 por ciento de las mismas están en manos de empresas extranjeras.

Necedad del gabinete

A pesar de la magnitud de la movilización campesina, el dirigente nacional del PAN, Germán Martínez Cazares, expresó el absoluto respaldo de su partido al secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, y al igual que los legisladores federales de Acción Nacional, consideró que el gobierno federal no debe ceder a las presiones de las organizaciones campesinas que, dijo, pretenden seguir operando discrecionalmente los programas y recursos para el campo. Envalentonado con este respaldo, Cárdenas, quien estuvo de gira por el Estado de Tlaxcala, dijo cínicamente que mantiene una política de “puertas abiertas” –seguramente esperando que lleguen los campesinos para darles otro portazo más- con los productores nacionales, por lo que les pidió precisar cuáles son sus demandas: “si quieren que entre menos maíz, menos carne, menos leche; o si quieren el cierre de fronteras”. Sin embargo, advirtió que el debate y las propuestas que surjan “podría llevarnos algunas semanas o meses”.
El sector empresarial también justificó la inmovilidad del gobierno de Calderón. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Armando Paredes Arroyo, el dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Ricardo González Sada, y el presidente del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), Héctor Rangel Domene, coincidieron en señalar que no hay argumentos para pedir la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), porque, sostuvieron, el balance ha sido positivo para México. La polarización de posiciones en torno a los problemas del campo entre los funcionarios federales y los grandes empresarios por un lado, y las organizaciones de campesinos y trabajadores por el otro, seguirá echándole leña al fuego de las movilizaciones sociales y protestas que pueden desembocar fácilmente en la parálisis y el colapso del país. Es ese el gran riesgo que corre Felipe Calderón de no rectificar su política económica.
Al cierre de estas líneas, el gobierno federal, a través de un comunicado, dijo que estaba dispuesto a mantener un diálogo “respetuoso, constructivo y abierto” con las diversas organizaciones campesinas y de trabajadores que se manifestaron este jueves. También anunció que el próximo 6 de febrero, por instrucciones de Felipe Calderón, los titulares de la Sagarpa, STPS y Economía, abordarán con los dirigentes campesinos sus demandas y definirán un cronograma de trabajo.

Irrefrenable contrabando de armas

En lo que va del gobierno de Felipe Calderón han ingresado al país de manera ilegal alrededor de 900 mil armas provenientes de territorio estadounidense. Espeluznantes revelaciones oficiales señalan que es un promedio de dos mil armas diarias las que debido a la corrupción imperante en aduanas son introducidas a nuestro territorio nacional,. Tal afirmación ha sido sostenida por el diputado Cuauhtémoc Sandoval de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, misma que resultó coincidente con las últimas declaraciones del gobierno de George W. Bush sobre este tema.
Según advierte el Departamento de Seguridad Interna de los EU, “hay un río de acero de armas” que fluye desde Estados Unidos a México. Genaro García Luna, por su parte, informó que se han detectado 12 mil centros de venta y distribución de armas ubicadas en la franja fronteriza, dentro de territorio estadounidense, utilizando como puente las ciudades mexicanas de Nogales, Sonora, Tijuana, Baja California, y Matamoros y Nuevo Laredo, en Tamaulipas.
La gravedad de esta introducción se extiende al conocerse que por lo menos el 40 por ciento de todo este armamento se encuentra en manos de narcotraficantes, con lo que queda claramente establecido que los cárteles mexicanos de la droga cuentan con todo un ejército dispuesto, como se ha visto, a enfrentar abiertamente a las autoridades. Todo esto hace patente la derrota de Felipe Calderón frente a esta guerra declarada contra el narco y parte de ese descalabro se debe precisamente a una irrefrenable corrupción aduanera que ha conocido sus mejores tiempos a partir de la llegada de los panistas al poder.

De los pasillos

La organización de defensa de derechos humanos Human Rights Watch denunció en Nueva York que la utilización en México del Ejército en labores de policía para combatir al narcotráfico ha dado lugar a abusos por parte de los soldados. En su informe anual 2007, aseguró que soldados mexicanos han cometido notorios abusos mientras llevan a cabo actividades de policía. HRW recordó el caso de cuatro menores violadas por los solados en el mes de mayo, así como la muerte de cinco miembros de una familia, entre ellos tres niños, abatidos en un puesto de revisión militar.
Human Rights Watch también lanzó fuertes críticas al sistema judicial mexicano, el cual, sostuvo, adolece de prácticas de corrupción, inadecuada preparación de personal, falta de recursos y el uso frecuente de la tortura. También denunció el exceso de población penitenciaria y resaltó que el 40 por ciento de los detenidos no han sido condenados.

Muy gorditos y maiceados, los 33 senadores del PRI se declararon “abiertos” a construir acuerdos para lograr un cambio en Petróleos Mexicanos (PEMEX). Con el aval de su dirigencia nacional -que dicen encabeza Beatriz Paredes, pero que realmente operan Emilito Gamboa y Manlio Fabio Beltrones- esperan pacientemente la propuesta del ejecutivo federal en materia energética. El presidente de la Comisión de Energía en el Senado, Francisco Labastida Ochoa, aseguró que el PRI está a favor de la modernización de PEMEX y de una reforma integral del sector energético, pero no de la privatización de la paraestatal ni de modificar el Artículo 27 constitucional. Y ya que hablamos de la paraestatal más grande e importante del país, pilar económico del gobierno federal, la coalición de trabajadores petroleros inconformes con el liderazgo de Carlos Romero Deschamps al frente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), presentará este sábado a los integrantes de su planilla que contenderá por la dirigencia nacional del sindicato petrolero y que encabeza Pablo Pavón Pinales.

El Consejo de la Judicatura Federal informó que el poder judicial tendrá que atender 16 mil 350 nuevas demandas de amparo contra la llamada “Ley Gordillo”, que fueron presentadas en las últimas dos semanas por servidores públicos. Esas demandas se sumaron a las 169 mil promovidas en 2007 por 435 mil burócratas, que se encuentran en trámite en dos juzgados especialmente instalados para estos casos en la Ciudad de México.
( lilia_arellano@yahoo.com)