Boletín de Prensa, 27 de febrero de 2008
Violentando el proceso de reforma constitucional establecido en el artículo 72 inciso E de la Constitución Política y con hipócritas consideraciones de "mostrarse sensibles al reclamo popular", los promotores de la Reforma Judicial tuvieron que recular en uno de los aspectos mas controvertidos y mas violatorio de los derechos humanos y las garantías individuales: la inviolabilidad del domicilio.
Es necesario precisar, con todo detalle, el sentido de la votación realizada el día de ayer para evidenciar las contradicciones, absurdos y la turbiedad con que se mueven, tanto el PRI como el PAN, con el fin de imponer su engendro de Reforma Judicial. El día de ayer no se voto la Reforma Judicial en lo general, se discutieron las observaciones enviadas por el Senado al proyecto enviado por ésta Cámara de Diputados de dicha reforma, aprobada el 12 de diciembre del año pasado, y, en un hecho insólito y fuera del procedimiento constitucional, se votó otra cosa, es decir: eliminar las reformas hechas tanto por la Cámara de Diputados como el Senado al párrafo 11 del artículo 16 constitucional. Este procedimiento esta señalado, con toda precisión, en el inciso E del artículo 72 constitucional que a la letra dice "E. Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por la Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados" (Subrayado nuestro).
Es decir, la Cámara de Diputados solo podía aceptar o rechazar los dos párrafos enviados por la Cámara de Senadores: 1.-la supresión del párrafo décimo del artículo 16 que otorga facultades al Procurador General de la República para tener acceso directo a la documentación fiscal, financiera, fiduciaria, bursátil, electoral y aquella que por ley tenga carácter reservado o confidencial, cuando se encuentre relacionada con la investigación del delito.", 2.- la modificación del nuevo párrafo duodécimo del artículo 16, que aprobó la Cámara de Diputados el 12 de diciembre, que faculta a la policía ingresar sin orden judicial a un domicilio, modificando en dicho párrafo las palabras "información o conocimiento de".
El día de ayer, la Cámara de Diputados aprobó, por mayoría de dos tercios la Supresión del párrafo decimo del artículo 16, tal y como lo envió la Cámara revisora del Senado, pero en el caso de la modificación enviada por el Senado para el nuevo párrafo duodécimo, en lugar de aceptar o rechazar dicha modificación, aprobó la supresión de dicha modificación, violentando con ello el proceso de Iniciativas y formación de Leyes.
De tal forma que, para restablecer el procedimiento constitucional y reconociendo que la votación de la Cámara de Diputados violento este procedimiento, la Cámara de Senadores puede: a) dejar en suspenso todo el artículo 16, b) si insiste en su modificación al párrafo duodécimo "..todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente periodo de sesiones y c) "…a no ser que ambas Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados, y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes."
Existe una obvia explicación política de todo este embrollo parlamentario. El profundo descontento que ha desatado entre la población el intento del gobierno espurio de establecer un estado policiaco y violatorio de los mas elementales derechos humanos y garantías individuales. Este descontento se ha expresado en múltiples movilizaciones y críticas emitidas por organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre las que destaca el Frente Nacional Contra la Represión, del José Luis Soberanes (Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos), de organizaciones sindicales y campesinas, de numerosos intelectuales y artistas e incluso del Representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra.
Ante esta andanada de reclamos, y teniendo tan cerca el año electoral de 2009, la mayoría priísta y panista tuvo que realizar una maniobra de último momento retirando uno de los aspectos mas impopulares de dicha reforma, pero dejando intactos aspectos tan abominables como la inclusión de figuras como el arraigo domiciliario, las facultades extraordinarias al Ministerio Público y la ambigua definición de "delincuencia organizada".
En mi carácter de miembro de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados y por elemental congruencia con mi compromiso con los movimientos sociales y vocación democrática, mantengo mi firme rechazo al conjunto de este engendro de "Reforma Judicial" y hago un llamado a todos los senadores, comprometidos con estas mismas causas, para que utilicen todos los recursos a su alcance a fin de desechar esta iniciativa y a la sociedad para que mantenga su movilización y su firme oposición.
ATENTAMENTE
José Antonio Almazán González
Diputado Federal
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