Castigo sin juicio

Sergio Sarmiento

No sólo llenan los políticos los espacios de radio y televisión con anuncios de autoalabanza, sino que además los emplean para mentir abiertamente.
Seguramente usted ha escuchado en estos días un anuncio de la Cámara de Diputados que dice: “Con la reforma al sistema de justicia quedará establecido que todo acusado será inocente hasta que se demuestre lo contrario, como ocurre en los países avanzados y democráticos. El ministerio público deberá buscar primero la verdad y demostrar si el acusado es culpable o inocente… Cámara de Diputados. Voluntad y capacidad para generar acuerdos”.
El anuncio contrasta con la realidad. Si bien la presunción de inocencia siempre ha existido en nuestra Constitución --ya que el artículo 14 establece que “nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales”--, la verdad es que en México lo usual es que primero se castigue y después se juzgue.
Alrededor de un 40 por ciento de las personas que se encuentran en cárceles mexicanas no han sido condenadas por un tribunal; pero como se les acusa de alguno de los llamados “delitos graves”, se les priva de la libertad, a través de la prisión preventiva, mientras se lleva a cabo el juicio en su contra. De esta forma poco importa el fallo, puesto que aun si se les declara inocentes ya habrán sido castigados. Cuando finalmente se reconoce su inocencia, ya no se les da siquiera el tradicional “Usted disculpe”.
La reforma judicial aprobada por los diputados no resuelve el problema de la presunción de culpabilidad sino que lo agrava. No reforma la figura de la prisión preventiva que permite al gobierno castigar primero y juzgar después. De hecho, en los últimos años los legisladores han venido aumentando el número de “delitos graves” que permiten a la autoridad encarcelar a un acusado aun cuando no haya sido declarado culpable por un tribunal.
Los diputados, por otra parte, han fortalecido la presunción de culpabilidad de manera muy importante al elevar a rango constitucional el arraigo, con lo cual le dan la vuelta a un fallo muy importante de la Suprema Corte de Justicia que previamente había considerado inconstitucional esta perniciosa práctica. El arraigo es la privación de la libertad de una persona no sólo sin el fallo en contra de un tribunal sino, incluso, sin una acusación formal por parte de un ministerio público. La práctica deja en estado de indefensión a las personas durante períodos prolongados. La autoridad puede detenerlas sin molestarse en consignarlas ante un juez y sin tener que presentar pruebas.
Otro paso regresivo de la reforma es la “extinción de dominio” la cual permite a la autoridad confiscar los bienes de una persona sin tener que pasar “por años de litigio”, como lo declaró el propio presidente Felipe Calderón el 28 de febrero. Los acusados, pues, serán castigados con la confiscación de sus bienes antes de ser juzgados.
¿Por qué entonces nos dicen y reiteran ad nauseam los diputados que con la reforma judicial “todo acusado será inocente hasta que se demuestre lo contrario, como ocurre en los países avanzados y democráticos”? Porque incluyeron en el artículo 20 de la Constitución una frase que afirma que todo acusado será considerado inocente mientras no se demuestre su culpabilidad ante un tribunal. Pero los diputados ocultan en sus anuncios que, al mismo tiempo que colocaron esta declaración de presunción de inocencia tomaron medidas mucho más fuertes para asegurar que todos los mexicanos sigamos siendo considerados culpables hasta que podamos demostrar nuestra inocencia. Nada ha cambiado en las leyes para obligar al ministerio público a investigar primero y a castigar después.
Con la nueva legislación, las cárceles mexicanas seguirán estando llenas de personas que no han sido condenadas por un tribunal. La falta de peligrosidad de los acusados no podrá ser criterio para que un juez les permita enfrentar en libertad las acusaciones en su contra, como ocurre en “los países avanzados y democráticos”. De hecho, la injusticia del sistema que nuestros diputados se negaron a cambiar queda de manifiesto en el hecho de que, como señala Arturo Arango del Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad (ICESI), el 70 por ciento de los sentenciados tienen al final penas de un año o menos, por lo que el sistema de justicia les queda debiendo tiempo tras encarcelarlos antes de ser sentenciados.
Los diputados están abusando de los medios de comunicación para lanzar una y otra vez al aire la falsa afirmación de que gracias a su trabajo hoy en nuestro país los acusados serán considerados inocentes mientras no se demuestre su culpabilidad. Deberían más bien promulgar una ley que los obligara a hablar con la verdad y a reconocer que, por el contrario, han fortalecido un perverso sistema que castiga a los acusados antes de juzgarlos.

Nuevo delito
Como si no hubiera suficientes personas inocentes y no peligrosas en las cárceles mexicanas, el Senado está reviviendo una ley, vetada por el ex presidente Vicente Fox a petición de la Comisión Federal de Competencia, que prohibirá la venta de libros con descuento. El dictamen fue aprobado en comisiones y será sometido al pleno del Senado, al parecer hoy jueves, para su votación. Una vez aprobada la ley, vender un libro con descuento será un delito en nuestro país. Aterrador.