La toma de la tribuna en las cámaras de Diputados y Senadores por los legisladores del Frente Amplio Progresista ha sido magnificada e interpretada como un secuestro, asalto, golpismo, albazo, etcétera. Fue más bien un albazo al albazo programado por el PAN-PRI. Evidencia esto la declaración del dirigente de facto del PRI y cogobernante con el PAN, Manlio Fabio Beltrones, quien afirmó que los foros de discusión serán tan largos “como sea necesario y tan cortos como lo indique la necesidad del país para la construcción de un acuerdo que beneficie al país” (La Jornada, 10/IV/08).
Sin duda, en política la forma es fondo: el mensaje fast-track era claro así como su actitud colérica cuando se tomó la tribuna. Forma a la que los expertos petroleros recomiendan también poner atención en la letra chiquita: las reformas a las leyes reglamentarias o a términos vagos como “autonomía de gestión” de Pemex o concertación de “contratos ampliados”.
Germán Martínez Cázares, dirigente nacional del PAN, fue más claro cuando señaló que la decisión de la reforma energética se tomaría en el Congreso y no en manifestaciones callejeras. Esto no estaría mal, si nuestros representantes cumplieran con el deber de consultar a sus representados y en verdad tomaran en cuenta sus ideas y propuestas, sobre todo en decisiones legislativas tan trascendentes para el futuro de la nación y del Estado mexicanos como es la reforma mencionada.
La democracia representativa hace agua por todos lados, en el nexo representantes-representados, de los dirigentes con las bases de sus partidos, de los partidos con la sociedad, de ésta con las instituciones, etcétera; de allí que la democracia extraparlamentaria sea una opción vía consulta popular o la aprobación legal de un referéndum o un plebiscito.
Debate nacional sin albazo de nadie sería el propuesto por el Comité de Intelectuales en Defensa del Petróleo. La primera vía sería “darle a la sociedad los elementos de juicio que se le han negado históricamente (‘no van a entender, es muy complicado’) y eso exige una reflexión colectiva y personal no sujeta a los tiempos legislativos”. La segunda vía es la elección de los medios de comunicación en donde desplegar las discusiones, es decir, todos los medios televisivos, escritos, radiofónicos públicos y privados, regionales y nacionales, donde correspondería al gobierno federal definir cómo deben darse “los diálogos, para evitar los monólogos, y de qué tiempos se dispondrá”.
La tercera vía es la selección de las fuerzas que intervendrán. Partidos políticos, por supuesto, y también los movimientos sociales, grupos de la sociedad civil, grupos indígenas, universidades y politécnicos, y trabajadores petroleros mediante representantes nombrados. La cuarta vía son las maneras de indagar las respuestas al debate, como pueden ser encuestas o un referéndum, pero no se puede concluir el debate “sin enterarnos de sus repercusiones sociales” (“Debate nacional sistemático y sólido, es la propuesta”, La Jornada 9/IV/08).
Pasar de la simulación democrática al debate democrático requiere de voluntad de todos los actores políticos y económicos, especialmente del gobierno de Calderón, tan falto de legitimidad, pero asimismo de las instituciones del Estado, tan desprestigiadas, y del sistema representativo en crisis recurrente.
Debate que oxigene la vida republicana y acote los linchamientos mediáticos del merolico mayor de Televisa, quien consideró que el secuestro del Congreso pasaría “como la página más negra de su historia”, en la que “la memoria histórica de la mayoría recordaría la imposición de una minoría”, o de un conocido historiador revisionista que alerta sobre los ríos de sangre provocados porque los liberales y conservadores no supieron dirimir sus diferencias con ideas y “prefirieron” la violencia.
Desmemoria histórica es olvidar el secuestro de los medios televisivos por más de medio siglo, medios que quieren moldear las mentes y los corazones mediante dosis combinadas de amnesia e hipnosis desinformativa.
Sin duda, en política la forma es fondo: el mensaje fast-track era claro así como su actitud colérica cuando se tomó la tribuna. Forma a la que los expertos petroleros recomiendan también poner atención en la letra chiquita: las reformas a las leyes reglamentarias o a términos vagos como “autonomía de gestión” de Pemex o concertación de “contratos ampliados”.
Germán Martínez Cázares, dirigente nacional del PAN, fue más claro cuando señaló que la decisión de la reforma energética se tomaría en el Congreso y no en manifestaciones callejeras. Esto no estaría mal, si nuestros representantes cumplieran con el deber de consultar a sus representados y en verdad tomaran en cuenta sus ideas y propuestas, sobre todo en decisiones legislativas tan trascendentes para el futuro de la nación y del Estado mexicanos como es la reforma mencionada.
La democracia representativa hace agua por todos lados, en el nexo representantes-representados, de los dirigentes con las bases de sus partidos, de los partidos con la sociedad, de ésta con las instituciones, etcétera; de allí que la democracia extraparlamentaria sea una opción vía consulta popular o la aprobación legal de un referéndum o un plebiscito.
Debate nacional sin albazo de nadie sería el propuesto por el Comité de Intelectuales en Defensa del Petróleo. La primera vía sería “darle a la sociedad los elementos de juicio que se le han negado históricamente (‘no van a entender, es muy complicado’) y eso exige una reflexión colectiva y personal no sujeta a los tiempos legislativos”. La segunda vía es la elección de los medios de comunicación en donde desplegar las discusiones, es decir, todos los medios televisivos, escritos, radiofónicos públicos y privados, regionales y nacionales, donde correspondería al gobierno federal definir cómo deben darse “los diálogos, para evitar los monólogos, y de qué tiempos se dispondrá”.
La tercera vía es la selección de las fuerzas que intervendrán. Partidos políticos, por supuesto, y también los movimientos sociales, grupos de la sociedad civil, grupos indígenas, universidades y politécnicos, y trabajadores petroleros mediante representantes nombrados. La cuarta vía son las maneras de indagar las respuestas al debate, como pueden ser encuestas o un referéndum, pero no se puede concluir el debate “sin enterarnos de sus repercusiones sociales” (“Debate nacional sistemático y sólido, es la propuesta”, La Jornada 9/IV/08).
Pasar de la simulación democrática al debate democrático requiere de voluntad de todos los actores políticos y económicos, especialmente del gobierno de Calderón, tan falto de legitimidad, pero asimismo de las instituciones del Estado, tan desprestigiadas, y del sistema representativo en crisis recurrente.
Debate que oxigene la vida republicana y acote los linchamientos mediáticos del merolico mayor de Televisa, quien consideró que el secuestro del Congreso pasaría “como la página más negra de su historia”, en la que “la memoria histórica de la mayoría recordaría la imposición de una minoría”, o de un conocido historiador revisionista que alerta sobre los ríos de sangre provocados porque los liberales y conservadores no supieron dirimir sus diferencias con ideas y “prefirieron” la violencia.
Desmemoria histórica es olvidar el secuestro de los medios televisivos por más de medio siglo, medios que quieren moldear las mentes y los corazones mediante dosis combinadas de amnesia e hipnosis desinformativa.
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