Estrategia neoliberal para apropiarse de PEMEX

Julio Pimentel Ramírez

El neoliberalismo, iniciado hace ya más de cinco lustros en el México dependiente y subdesarrollado, que se prepara para culminar su proyecto depredador con la reforma privatizadora de Petróleos Mexicanos, es una política de Estado integral que para alcanzar sus objetivos económicos instrumenta estrategias políticas, sociales y de seguridad, entre otras, que le permitan contener el descontento social que sus actos y medidas generan.
Para hacer posible la entrega de la renta petrolera al capital privado, el gobierno calderonista cuenta con el respaldo de fuerzas políticas (PAN, PRI, otras formaciones partidarias y grupos de presión e interés) y económicas (agrupaciones empresariales y representantes del gran capital), así como con el respaldo de instrumentos del llamado poder fáctico (en forma destacada el duopolio televisivo, las grandes cadenas de la radio y destacadas empresas editoriales).
Recordemos que desde hace algunos años el gobierno federal, antes priísta y ahora panista, criminaliza la protesta social. Esto es se responde a las movilizaciones populares en demanda a la solución de sus problemas con el uso de la fuerza y la represión, acciones que se encubren de diversas formas: entre ellas la complicidad de gran parte de los medios de comunicación que ocultan o tergiversan la información. Poco se sabe de los cientos de presos políticos y de conciencia que existen a lo largo y ancho de la República.
La anterior no es una digresión sino una referencia que nos ayuda a entender la embestida de los noticieros de radio y televisión en contra de las acciones emprendidas por legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) en las Cámaras de Diputados y Senadores, así como las descalificaciones recibidas por las brigadas que integran el movimiento en defensa del petróleo, especialmente las formadas por mujeres, las llamadas Adelitas.
Los que asaltaron el poder en el 2006 se desgarran las vestiduras por las tomas de tribuna en San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, y en Xicoténcatl, asiento de la Cámara de Senadores; se indignan por este “atentado a la democracia y a las instituciones”, ellos que violaron la legalidad institucional en el pasado proceso electoral federal y que se negaron al recuento voto por voto como única forma de alcanzar la legitimidad de la que ahora carecen.
Calderón, Mouriño, sus alfiles y peones panistas, sus socios priístas Manlio Fabio Beltrones, Francisco Labastida, Emilio Gamboa, creen tener cocinado el pastel y se indignan porque los legisladores del FAP (al parecer la mayoría de ellos) se niegan a aceptar un debate a modo sobre la reforma energética, mismo que serviría para convalidar los acuerdos ya tomados en torno a la apertura de PEMEX al capital privado.
Así, la resistencia civil en contra de la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex) se inició en las calles de la capital del país y de varias ciudades de la República, y en el Senado cuando la mayoría de los integrantes del Frente Amplio Progresista (FAP) tomaron por sorpresa la tribuna y ahí se quedaron en exigencia de que se acuerde un debate real, profundo, en torno al futuro del petróleo en México.
Para enfrentar a las masas, en la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal aplicó un operativo de vigilancia en instalaciones consideradas estratégicas y de interés político, que involucra a más de 3 mil agentes federales, con el propósito de enfrentar al movimiento en defensa del petróleo. Entre otros puntos, el operativo incluye la Cámara de Diputados, el Senado, la residencia oficial de Los Pinos, la Secretaría de Gobernación y el Palacio Nacional.
En pocos días, la iniciativa de reformas enviada por el Ejecutivo federal al Senado, con la que el grupo en el poder pretende legalizar y ampliar la inversión privada en la industria petrolera, generó acciones de resistencia que expresan el sentir de amplios sectores de la sociedad en torno a la necesidad de preservar íntegramente el carácter nacional de los yacimientos de hidrocarburos y los procesos de prospección, extracción, refinación y transporte del petróleo.
Aun con el sabor amargo dejado por el fraude electoral de 2006, que la movilización social no logró revertir, habrá que estar atento a la evolución de la resistencia civil pacífica y a la habilidad y compromiso de los legisladores del FAP para concretar un verdadero debate nacional sobre la reforma energética, cuyo resultado se traduzca en la derrota del intento privatizador del régimen.