Alejandro Nadal
Existen muchos caminos para desmantelar a Petróleos Mexicanos. Y no hay que equivocarse: destruir a la paraestatal es sucedáneo de privatizarla. Convertido Pemex en una entelequia, el camino a los hidrocarburos mexicanos estará abierto al capital privado, nacional o extranjero.
Por eso el paquete de reformas tiene varias líneas de ataque. La primera es la violación de los artículos 25 y 27 constitucionales. Por obvia, es la que más ha llamado la atención y buena parte del debate se concentra en este punto. Desde luego, la anticonstitucionalidad de las reformas propuestas ha quedado bien establecida.
Pero, cuidado, esto puede ser una cortina de humo. ¿Qué pasaría si en negociaciones inconfesables esa parte de la reforma es abandonada por el gobierno a condición de que se apruebe el resto del paquete?
Es importante recordar que hay otra agresión contra Pemex en el conjunto de reformas propuesto por el gobierno. Un componente decisivo se encuentra en la iniciativa de nueva Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos. Su exposición de motivos habla de fortalecer el gobierno corporativo de Pemex para que “se ponga al día” y pueda competir en el entorno global. Pero más allá de esta retórica ramplona, la propuesta de ley entraña un peligro mortal para la muy golpeada empresa paraestatal.
La iniciativa propone “fortalecer el consejo de administración de Pemex, incorporando a cuatro consejeros profesionales” adicionales. La composición anterior queda sin cambio (seis representantes del Estado designados por el Ejecutivo federal y cinco representantes del sindicato). Sin embargo ahora, con los nuevos consejeros, también designados por el Ejecutivo, los representantes del presidente en turno tendrán una aplastante mayoría en el consejo. Pero no se alarme usted porque la exposición de motivos nos asegura que “la actuación de estos consejeros profesionales será fundamental para dar un valor agregado a las decisiones del consejo de administración” de Pemex.
El “valor agregado” podrá notarse desde el principio, pues el nuevo Consejo de Administración (CA) podrá redefinir de pies a cabeza la estructura corporativa de Petróleos Mexicanos. Leyó usted bien: de un plumazo quedaría abolida la estructura actual (refinación-exploración; refinación; gas-petroquímica y petroquímica) de Pemex. En su lugar, el flamante CA podrá proponer una nueva “estructura organizacional y operativa” para la paraestatal. No cabe duda: esto daría gran flexibilidad al señor Calderón para ofrendar bonitos regalos al lobby petrolero privado. Todo ello sin violar de manera flagrante la letra de la Constitución.
Por eso la ley orgánica de Pemex propuesta por el gobierno contiene muchas aberraciones. Una es el régimen de contratación de deuda que conducirá a comprometer todavía más la situación financiera de la empresa. Pero otra, igualmente grave, es la facultad del CA para “aprobar las disposiciones aplicables a Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios para la contratación de obras y servicios, adquisiciones, arrendamiento, etcétera”. Es decir, ahora el CA es quien define qué ley se aplica y cuál no. ¡Vaya forma de fortalecer a Pemex!
El artículo 134 constitucional señala que las adquisiciones de todo tipo de bienes, servicios y contratación de obras “se adjudicarán a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública”. También establece un régimen de excepciones y la nueva ley orgánica de Petróleos Mexicanos recurre a ese resquicio, proponiendo varios casos en los que la empresa puede no utilizar el procedimiento de licitación pública. Entre ellos destaca el caso de “contrataciones con el propósito de desarrollar innovaciones tecnológicas relacionados con el objeto de Pemex” (artículo 45). Este enunciado abarca tantas cosas que el régimen excepcional se convertirá en la regla general y abrirá las puertas al contratismo.
No cabe duda, todo estaría listo para completar la destrucción de Pemex desde adentro.
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