Soberanía petrolera: péndulo de la historia

Luis Hernández Navarro

Rafael Correa, presidente de Ecuador, dijo al mandatario mexicano Felipe Calderón: “ser de derecha ya pasó de moda en América Latina”. La afirmación del ecuatoriano no es una frase de ocasión. Efectivamente hay un vuelco importante en la orientación política de los gobiernos de la región.

Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Uruguay, Brasil y Argentina muestran que los vientos soplan en dirección hacia la izquierda. El posible triunfo del ex obispo católico Fernando Lugo en los próximos comicios del 20 de abril en Paraguay, que pondría fin a más de 60 años de dominio del Partido Colorado, confirma esta tendencia.

Por supuesto, está a discusión el sentido y el alcance de las transformaciones políticas y sociales emprendidas por esa izquierda y su relación con los movimientos populares, que en muchas ocasiones se encuentran detrás de sus victorias electorales. Sin embargo, en la mayoría de los casos estos gobiernos han dado marcha atrás o frenado las privatizaciones rapaces que sus bienes naturales y servicios públicos sufrieron durante los años 90. La soberanía nacional sobre los recursos naturales es uno de los ejes.

Con el nuevo siglo, uno de los elementos centrales de las nuevas políticas de estos gobiernos ha sido la renegociación de los contratos firmados por gobiernos de derecha con las empresas petroleras trasnacionales. Con la expansión de las explotaciones de gas y los precios del oro negro al alza, los estados han decidido cambiar las reglas del juego. El precio del petróleo prácticamente se ha duplicado en los pasados tres años.

Hace tres décadas el nacionalismo petrolero alcanzó su cenit después del alza en el precio del crudo de 1973. En los 80 comenzó su repliegue. Desde hace ocho años ha resurgido. Los gobiernos de economías de hidrocarburos han ampliado y profundizado su control en la producción y explotación del gas y el petróleo.

La desconfianza en las grandes potencias, la importancia del petróleo en la generación de ingresos y el descontento con los resultados de las grandes empresas y los desfavorables contratos firmados con ellas son algunas de las causas que explican la nueva dirección en la que se mueve el intervencionismo estatal en el sector. El petróleo es una herramienta formidable para alcanzar la independencia económica o para profundizar la dependencia hacia las metrópolis.

La ola de nacionalizaciones de la década de los 70 dejó como saldo una serie de grandes compañías petroleras nacionales propiedad de los estados, además de las que ya existían, como la mexicana Pemex: Arabian American Oil Company-Aramco (Arabia Saudita); National Iranian Oil Company-NIOC; Iraqi National Oil Company-INOC (lrak); Kuwait Oil Company- KOC (Kuwait); Abou Dhabi Company for Onshore Oil Operations-ADCO (Emiratos Árabes Unidos, el Estado posee 60 por ciento de sus acciones); Petróleos de Venezuela SA-PDVSA (Venezuela).

El nuevo intervencionismo estatal en el petróleo y gas ha permitido a varios países el crecimiento de las arcas públicas. La limitada nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia con el gobierno de Evo Morales permitió que la empresa YPBF sea ya no solamente el regulador de los contratos con las grandes empresas, sino la propietaria de todo el gas que posee la nación. Es el Estado quien define los precios, los volúmenes y los lugares de producción. De esta manera pasó de controlar 6 por ciento del PIB a 19 por ciento. Quiere llegar a 30 por ciento.

Pero el nacionalismo petrolero en sus distintas variantes no es exclusivo de América Latina. El gobierno laborista inglés aumentó la tasa de impuestos para compañías que producen gas o petróleo en el Reino Unido a 50 por ciento, a pesar de que se necesita un aumento de la inversión para contener la caída de la producción de los envejecidos campos del Mar del Norte.

Un papel preponderante en esta nueva ola lo juega Rusia. El gobierno de Vladimir Putin incrementó el tamaño del sector público en hidrocarburos, sin cerrar la puerta a la inversión privada, tanto rusa como extranjera, al tiempo que apoyó la expansión de Gasprom, megacorporación bajo control mayoritariamente estatal.

El malestar hacia las grandes empresas privadas también ha irrumpido en otras naciones. Es el caso de Argelia con Repsol/Gas Natural y de Kazajstán con ENI. Los gobiernos de esos países han exigido una modificación de los contratos, o su rescisión.

A pesar de todo ello, la reciente iniciativa de reforma al sector energético del gobierno de Felipe Calderón marcha en dirección contraria a la ruta por la que transitan los gobiernos de América Latina y los de la mayoría de los países petroleros. Lo hace cuando el precio de barril del petróleo alcanzó más de 112 dólares el barril en Nueva York, y cuando el Fondo Monetario Internacional prevé que en 2009 baje apenas un dólar. Llega cuando el tiempo para cubrirla con el manto de la legitimidad se agotó. Camina contra la historia reciente del sector.

El Ejecutivo no parece darse cuenta de que el resto de las naciones marchan en sentido contrario porque la ruta que él ha trazado ha resultado ya un fracaso.