Definirán gobernadores debate petrolero

Estado de los Estados
Lilia Arellano

PAN apoya; PRI negocia; PRD rechaza
FAP gana debate pero perdería votación
“Notoriamente improcedente” la reforma: LJG
Viola Calderón la “Carta Magna”: Carrancá
México, objetivo militar de Washington

“Una buena Constitución es infinitamente
mejor que el mejor déspota”.

Thomas Macaulay

Al llevarse a cabo el cuarto foro sobre la reforma energética, es claro que el debate se ha centralizado en la confrontación de dos posiciones irreconciliables: una, que las iniciativas enviadas por Felipe Calderón deben desecharse porque las reformas son “notoriamente improcedentes” y “absolutamente violatorias a la Carta Magna” y, por otro lado, la que sostienen los juristas propuestos por el PAN y enviados por el Ejecutivo Federal que con argumentos legaloides y endebles sostienen que en su conjunto la iniciativa calderonista se ajusta al marco constitucional, aunque, claro esta, dicen, es perfectible. Se trata en suma de dos visiones de Nación confrontadas, una patriótica, nacionalista, preocupada por los mexicanos; la otra, “globalizadora”, autodenominada “moderna”, subordinada a los intereses de los Estados Unidos y de sus grandes trasnacionales.

Ante la indefinición de la posición del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que coquetea abiertamente y negocia casi sin reservas con las iniciativas calderonistas, es claro que el debate lo está ganando el Frente Amplio Progresista (FAP), que se opone a la privatización del petróleo, dado que los argumentos presentados por los abogados y especialistas en derecho que defienden la posición presidencial son blandengues y repiten sólo lo que está registrado en la exposición de motivos y justificación del proyecto de reforma energética. Sin embargo, a consecuencia de los acuerdos políticos entre la primera y la tercera fuerza política del país, los legisladores del PRD, PT y Convergencia corren el peligro de perder la votación definitiva.
En este contexto es donde resalta la importancia de la participación de los gobernadores de las tres principales fuerzas políticas en este debate, pues luego de la decepcionante participación de los dirigentes del PAN, Germán Martínez Cázares, y del PRI, Beatriz Paredes Rangel, así como del “líder moral” del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, los ciudadanos esperamos que los mandatarios estatales puedan clarificar, con argumentos sólidos, la posición de las tres partidos políticos más importantes y se pueda vislumbrar el rumbo que habrá de tomar la votación, en su momento, en el Congreso de la Unión, sobre el conjunto de iniciativas presentadas por Calderón y, con ello, el destino inmediato de la Nación, que se debate entre la autonomía y la soberanía por un lado, o la alineación y la subordinación, por el otro.
Los gobernadores priístas, Fidel Herrera, de Veracruz, y Eugenio Hernández, de Tamaulipas; los mandatarios perredistas, Leonel Godoy, de Michoacán, y el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y los gobernadores panistas de Morelos, Marco Antonio Adame, y de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, ya han confirmado su asistencia a los foros sobre la reforma petrolera que se llevan a cabo en el Senado, por lo que podrían estar en una mesa de análisis dentro de dos semanas.

PRI, sí... pero
Sin duda alguna, los militantes del PRI llevan una considerable ventaja en sus posicionamientos puesto que son gobernantes de estados petroleros, conocen la problemática y han dado muestras de contar con propuestas firmes en la materia, aunque muchas de ellas, en honor a la verdad, discutibles. Mucho más débiles se perciben los gobernadores panistas pues sus entidades no son de ningún modo petroleras. El mismo caso se repite ante los mandatarios perredistas, pues ni la capital de la República ni el estado de Michoacán son entidades que se caractericen por ser productoras de hidrocarburos.
Llama la atención que sean precisamente Fidel Herrera y Eugenio Hernández los que fijen el posicionamiento político del Partido Revolucionario Institucional, pues casualmente, junto con el gobernador panista de San Luis Potosí, Marcelo de los Santos Fraga, aplaudieron la iniciativa de reforma energética de Felipe Calderón cuando participaron el pasado mes de febrero en la “Cabalgata de las Huastecas”, y en donde sostuvieron que es este el mejor momento para que Petróleos Mexicanos (PEMEX) se coloque a la vanguardia de otras regiones del mundo.
Fidel Herrera dijo en esa ocasión que es ahora cuando se debe de avanzar en la generación de mayores recursos a través del crudo y consideró que es imperante que la paraestatal se abra al capital, porque se necesita mayor inversión para la explotación de sus recursos, “la única condición que existe es que no se venda ni un solo tornillo de esta empresa, que siga siendo de los mexicanos”. El mandatario veracruzano estimó también necesario que PEMEX se asocie con otras empresas para generar más recursos. Por su parte, Eugenio Hernández, gobernador de Tamaulipas, consideró necesaria una reforma energética para abrir algunos sectores de PEMEX a la iniciativa privada a fin de mantener su rentabilidad.
Todo parece indicar que el posicionamiento que finalmente adoptará el PRI, al menos por lo que han señalado sus gobernadores, que en conjunto cuentan con más credibilidad que sus coordinadores parlamentarios, Manlio Fabio Beltrones en el Senado, y Emilio Gamboa en la Cámara Baja, y hasta que su dirigente nacional, la tlaxcalteca Beatriz Paredes Rangel, se inclina a aceptar la reforma energética, pero ajustándola obviamente no al interés nacional sino a sus intereses de grupo. Así lo muestran señalamientos de otros mandatarios como el de Nuevo León, Natividad González Parás, quien estima urgente impulsar la reforma que permita a PEMEX mayor competitividad y asociarse con empresas para explotar el sector, sin que ello implique privatizarla; o el de Sonora, Eduardo Bours, quien quiere una reforma energética “verdadera y de fondo”, que le dé más autonomía de gestión a PEMEX y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE); o el del mapache mandatario oaxaqueño, Ulises Ruiz, quien demanda “ir a fondo” en las reformas estructurales, como la Energética, “sin titubeos, sin clientelismos , sin temor a perder adeptos”; o el campechano Jorge Carlos Hurtado, quien dijo que a los campechanos les conviene se concrete una reforma energética y hasta anticipó posibles puntos de acuerdo a partir de la propuesta de Calderón, sin que se contemple la privatización, al menos abierta de la paraestatal.
El pasado mes de abril, los gobernadores priistas de los estados productores de hidrocarburos lograron consensos en torno a una propuesta “alterna” de reforma energética, la cual plantea la posibilidad de que las entidades federativas que producen petróleo en asociación con la Federación o industriales puedan extraer, procesar y refinar el hidrocarburo. “Uno de los objetivos es hacer que los gobiernos de los estados participen, dentro de las reglas permitidas por la Constitución, en la exploración y explotación de los yacimientos que han estado madurando”, según lo precisó Dionisio Pérez Jácome, jefe de la oficina del Programa de Gobierno de Veracruz.

PRD, por una consulta popular
Por lo que toca al Partido de la Revolución Democrática (PRD), el jefe del gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, se pronunció por realizar una consulta ciudadana en la capital del país sobre la reforma energética y dijo que la encuesta sería similar a la Consulta Verde aplicada por su administración el año pasado para decidir 10 acciones en materia ambiental.
Ebrard anunció que el próximo 29 de mayo presentará la propuesta en el Senado de la República. El mandatario capitalino consideró que esa consulta ciudadana sería una de las opciones para resolver el conflicto y las discusiones generadas por el tema, por lo que propuso que se lleve a cabo en todo el país.
En cuanto a Leonel Godoy, el mandatario michoacano, el posicionamiento que sostendrá será con toda seguridad por el fortalecimiento de PEMEX, pero a través de una estrategia distinta, pues se ha pronunciado en contra de la privatización de la paraestatal y de algún cambio en la Constitución en la materia. Godoy ha señalado que la petrolera es una empresa autosuficiente que sin duda puede modernizarse a través de quitarle las cargas fiscales que tiene a fin de hacerlo un órgano que no sea el soporte exclusivo de la economía. En esa línea, los diputados federales del PRD enviaron cartas a los 31 gobernadores para solicitar que realicen en sus propias entidades un plebiscito con el fin de que la sociedad pueda opinar sobre la reforma energética.

Apoyo incondicional del PAN
Y sobre los gobernadores de Acción Nacional, éstos prácticamente sin argumentos han manifestado su apoyo incondicional a la iniciativa de reforma energética. Los mandatarios de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso; Guanajuato, Juan Manuel Oliva; de Morelos, Marco Antonio Adame; de Tlaxcala, Héctor Ortiz; y de Baja California, José Osuna Millán, cerraron filas con Felipe Calderón el mes pasado cuando se reunieron con el coordinador parlamentario del PAN en el Senado,
Santiago Creel, sí, el reconocido papá de Constanza la hija de la actriz Edith González. Sólo faltó Marcelo de los Santos, el mandatario potosino, quien desde el pasado mes de febrero en la referida “Cabalgata de las Huastecas”, había resaltado los aspectos “positivos” de la reforma energética “necesaria y benéfica para el país”, dijo en esa ocasión. José Osuna Millán, el de Baja California, ha sostenido que para modernizar la explotación de los yacimientos petroleros de México, se requiere de mayor capital además de una adecuación de la ley, mientras que el hidrocálido Luis Armando Reynoso Femat, se ha pronunciado a favor de que se concrete la reforma energética y con ello se modernice PEMEX.

Viola Calderón la Constitución
Mientras que los coordinadores parlamentarios del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, y del PRD, Carlos Navarrete, despreciaron el llamado de Felipe Calderón para acelerar la aprobación de la reforma petrolera, en la Cámara Alta durante el “Análisis constitucional de las iniciativas de reforma energética”, el constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas aseguró que el titular del Ejecutivo violó la Constitución al enviar una propuesta de reforma energética que va en contra de ésta y precisó que la propuesta para modificar el Articulo 27 “es absolutamente violatoria de la Carta Magna”.
Aclaró que la fracción sexta del proyecto calderonista para la reglamentaria del 27 constitucional, que permitiría a PEMEX celebrar contratos con personas físicas y morales, contraviene la ley suprema. “Es una especie de “caballo de Troya” en el campo normativo”, calificó el profesor de la facultad de derecho de la UNAM.
Por su parte, el investigador de la máxima casa de estudios, Luis Javier Garrido, sostuvo que el Senado debe desechar por “notoriamente improcedente” la iniciativa presentada por Calderón y “enviarla a donde debe estar: en el basurero de la historia”. El profesor de la Facultad de Derecho y de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, sostuvo que el paquete de siete iniciativas del Ejecutivo son “a todas luces inconstitucionales y contrarias al interés de México” y dijo que deben desecharse porque el Congreso no tiene atribuciones “para establecer normas que transgredan el orden constitucional”, por lo que al Senado no le queda más que desecharlas.
Subrayó que la iniciativa calderonista viola el principio del dominio directo, inalienable e imprescindible de la Nación sobre los recursos naturales del subsuelo y en particular de los hidrocarburos; la exclusividad del Estado en el manejo de sus recursos petroleros; la prohibición expresa a las autoridades de otorgar concesiones ni contratos a los particulares; y el principio que considera a los hidrocarburos y a la petroquímica básica como un área estratégica para el país.
Agregó que también viola los principios de que no pueden existir en el país entidades públicas ni privadas sometidas a un régimen de excepción, y “como consecuencia de todo ello, violan el principio de que el Estado debe garantizar el desarrollo nacional fortaleciendo la soberanía de la Nación”.
También advirtió que México se encuentra en una situación “de excepcional gravedad”, pues se está abriendo un escenario en el que los poderes Ejecutivo y Legislativo “puedan concertarse para violar con una serie de leyes la Constitución” y llevar al país “a un acuerdo de ilegalidad, y todo para servir a los grandes consorcios petroleros”. En el bando contrario se ubicó Sergio López Ayllón, doctor en derecho por la UNAM, quien a su parecer en su conjunto la iniciativa calderonista se ajusta al marco constitucional. Aunque reconoció que la propuesta modifica el actual alcance que tiene el área estratégica de PEMEX, pues de aprobarse se permitiría que el sector privado participe en actividades de transporte, almacenamiento y distribución de los productos derivados de la refinación de gas y de la petroquímica antes reservados al Estado, no así para el crudo, consideró que esta disposición no contravendría lo dispuesto en la Carta Magna, toda vez, que sostuvo, dichas actividades no transfieren renta petrolera a particulares.
En tanto, para Sergio García Ramírez, quien fuera secretario general del CEN del PRI, señaló que la reforma energética de Calderón trasluce cambios que impactan en el contenido de la Constitución. El juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, subrayó que los legisladores no pueden revocar lo que ordena la Constitución a través de una reforma a leyes secundarias, porque para ello se requiere de otro mandato del pueblo. El jurista advirtió que si una ley secundaria corrige la ley suprema, quedaría en riesgo todo el orden constitucional. Por tal motivo, el integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM llamó a los legisladores federales a que sean cuidadosos al legislar en materia petrolera y destacó que si se equivocan al abrir una puerta constitucional para la explotación de hidrocarburos, “quizá no la podamos cerrar mañana”.

De los pasillos
El pleno del Senado de Estados Unidos avaló, por 75 votos a 22, recortar la primera entrega de la primera limosna, perdón, ayuda antinarco a México de la “Iniciativa Mérida”, mejor conocida como “Plan México”, a 350 millones de dólares, y estableció candados de derechos humanos antes de liberar el 25 por ciento de dichos fondos. La nueva versión de Ley de Gastos Suplementarios aprobada por el senado norteamericano regresará a la Cámara de Representantes que la semana pasada había reducido en 400 millones de dólares la ayuda para México, cuando la propuesta original del presidente George W. Bush, a petición directa de Felipe Calderón, era de 500 millones de dólares… Sobre el particular y desde Estrasburgo, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Ruthita Zavaleta, señaló que los legisladores mexicanos de oposición no aceptarán las condiciones planteadas por los estadounidenses que, dijo, pretenden una subordinación de México en el combate al narcotráfico que afecta a ambos países… También el jurista Luis Javier Garrido consideró que el “Plan México” se inscribe en la estrategia de “hacer de México un posible objetivo militar de Washington”, pues este tiene ya “una importante injerencia en el control del aparato estatal mexicano y en especial de la frontera, de las aduanas, de los litorales y del espacio aéreo, así como de la seguridad interna de México”. Y con el “Plan México” van por más, mucho más.
Los altos precios de los alimentos no son una burbuja de corto plazo, por lo que la situación podría durar hasta 24 meses, advirtió Ricardo González Sada, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). El dirigente empresarial propuso una revisión de la política agrícola alimentaria que incluya apoyos directos a los consumidores económicamente más vulnerables… Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) aseguró que los precios de los alimentos –que han aumentado 53 por ciento en lo que va del año- se mantendrán en niveles altos, lo que empeorará la inaceptable situación de 854 millones de personas que padecen hambre en el mundo… Por otro lado, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) recomendó al gobierno mexicano tomar acciones urgentes ante la coyuntura internacional para evitar que el alza en los precios de los alimentos eleve el número de pobres en el país.