EU en Irak: persistencia de los abusos

Editorial

De acuerdo con un reporte de la organización Human Rights Watch (HRW), desde que el gobierno de George W. Bush invadió Irak, hace poco más de cinco años, ha arrestado a más de 2 mil 400 menores, incluidos algunos niños de 10 años, en el contexto de la guerra de ocupación que aún mantiene contra la población de ese infortunado país árabe. Los prisioneros enfrentan periodos de detención mayores a 130 días, en promedio, y en algunos casos han permanecido encarcelados más de un año sin que se les fincaran cargos o se les iniciara un proceso legal, y a pesar de que las reglas dictadas por el propio país agresor establecen que “los detenidos de menos de 18 años deberán ser liberados, como máximo, 12 meses después de su captura”.

Actualmente, unos 500 menores calificados como “amenazas a la seguridad” por el Pentágono “languidecen” –afirma el organismo humanitario internacional– bajo la custodia de Estados Unidos: carecen de asistencia legal, se encuentran “en riesgo de abuso físico” y sujetos a interrogatorios durante días y semanas por unidades militares antes de ser trasladados a los principales centros de detención, ubicados en Bagdad (Camp Cropper) y Basora (Camp Bucca). Algunos de ellos particularmente vulnerables no son separados del resto, y a principios del año pasado un joven de 17 años murió estrangulado en la primera de esas prisiones. Para colmo, la situación de los niños prisioneros empeora una vez que las fuerzas invasoras los transfieren a las autoridades títeres iraquíes, pues éstas suelen internarlos en la prisión juvenil de Al-Tobchi, cuya población duplica la capacidad proyectada del establecimiento.

Ciertamente, la brutalidad del gobierno estadunidense, ampliamente documentada en la prisión de Abu Ghraib y en el campo de concentración de Guantánamo, es también en este caso tan solo la proyección de prácticas penales inhumanas y bárbaras que se encuentran en vigor en el propio territorio estadunidense. Un ejemplo de ellas es que, en enero de este año, en California había 227 delincuentes juveniles sentenciados a cadena perpetua inconmutable, de acuerdo con un recuento de HRW.

Por lo que hace a la situación de los menores iraquíes encarcelados por los ocupantes estadunidenses la diferencia es que no son necesariamente delincuentes juveniles sino, en la mayoría de los casos, integrantes de la resistencia nacional iraquí, es decir, jóvenes y niños que colaboran con la causa justa y legítima de la independencia de su país. En tales circunstancias, todo proceso de “readaptación”, “reducación” o “reinserción social” resulta claramente improcedente, por cuanto los presos no son criminales sino combatientes a los que no puede reprochárseles un comportamiento contrario a la ética o a la legalidad. De hecho, se trata de jóvenes y niños que resisten la contravención mayúscula a las leyes internacionales cometida por el gobierno de Bush cuando ordenó la destrucción y la invasión de Irak, y que se perpetúa en la ocupación depredadora de esa nación árabe.