La guantanamización

Bitácora Republicana
Porfirio Muñoz Ledo

El título escogido no alude a la cadenciosa poesía de José Martí, cuya versión musical tiene eco universal, sino al enclave militar que los Estados Unidos mantienen en Cuba. Los abusos que ahí se cometen contra los prisioneros de guerra han hecho de Guantánamo un símbolo de la impunidad con que suelen violarse los derechos fundamentales.
Este fue el eje de la presentación anteayer de un libro excepcional: La Urgente Seguridad Democrática, del joven investigador Abelardo Rodríguez. Es un análisis retrospectivo de las doctrinas y métodos que han empleado los gobiernos mexicanos para mantener el “orden interno” del país desde la época post revolucionaria. Es una historia de los abusos y los límites del autoritarismo.
Destaca la confusión original entre seguridad del Estado y seguridad del régimen, e incluso seguridad presidencial, a través de un largo período. Explica que el concepto “seguridad nacional” llega a nosotros hasta principios de los años ochenta, pero a pesar de que se explora teóricamente su carácter multidimensional, queda confinado en la práctica a los controles políticos y territoriales.
En el prólogo, Sergio Aguayo subraya el protagonismo del gobierno norteamericano en el apuntalamiento de ese sistema, particularmente durante los tiempos de la Guerra Fría. Anota que “los excesos y errores del autoritarismo se convirtieron en la principal amenaza a la seguridad, porque debilitaron al Estado”. Lamenta “la impotencia de unos gobernantes incapaces de entender que la supervivencia del Estado dependía de una refundación democrática”.
Según el autor “Vicente Fox desperdició la oportunidad histórica de desarrollar una política de seguridad nacional que antepusiera los intereses del país a los de partido, sexenio y facciones”. La más grave falla de la transición fue el abandono de la reforma del Estado por la incompetencia de sus dirigentes, quienes “permitieron que la vulnerabilidad de las instituciones mexicanas se propagara irremediablemente”.
De Felipe Calderón asegura que “la premura por ocupar el cargo y reconstruir una legitimidad no le permitió ordenar un diagnóstico integral y estructurar un plan maestro de combate a las amenazas contra la seguridad nacional”. Por el contrario “la militarización acota el diseño de una estrategia más amplia, visionaria y de Estado”. Resulta “altamente peligrosa, porque puede fracturar al sostén de la seguridad nacional y de la seguridad pública: las Fuerzas Armadas”.
Anotamos también que el Plan Mérida viene a coagular el esquema del ASPAN, por el que aceptamos ser subsidiarios del esquema de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Se crearía así una suerte de pinza entre militarización y seguridad energética. Sin embargo, sus consecuencias sobre la estabilidad del país obligaron al Senado norteamericano a condicionar esos fondos a “mecanismos de escrutinio que permitan verificar que sus destinatarios no están involucrados en violaciones a los derechos humanos o actos de corrupción”.
Sorprende por ello que José Luis Soberanes, transformado súbitamente de acólito en cabo y con inconcebible olvido de la función encomendada, nos espete sin más que “el Ejército es la única institución con la capacidad humana, material y de organización que puede hacer frente al narcotráfico y al crimen organizado”. Aunque asegura que su acción habrá de ser temporal, tampoco será “de la noche a la mañana” ya que “carece de poderes o atribuciones mágicas”.
Tal parece que el Ombudsman sí los tiene, ya que ha evaporado del suelo patrio, con la complicidad del gobierno, al representante del Alto Comisario para los Derechos Humanos de la ONU, Amérigo Incalcaterra. Su pecado: haber señalado repetidamente las debilidades e inconstancias de ese organismo y promovido la elaboración de una obra -de calidad excepcional- elaborada por académicos y organizaciones de la sociedad civil. Una propuesta integral de reformas a la Constitución en materia de derechos humanos.
Fue guía fundamental para quienes laboramos asiduamente en la CENCA. Su piedra de toque: la plena jerarquía constitucional de los Tratados y convenciones en ese campo y la conversión de sus contenidos en leyes internas. A pesar de que la propuesta tuvo consenso, inclusive del PAN, surgió abruptamente el veto oficial. Su terror de que se colaran normas relativas a temas como el aborto y la supeditación del Ejército al régimen de los derechos humanos.
En efecto, propusimos la modificación del artículo 13, para restringir el fuero de guerra “exclusivamente” a los delitos contra la disciplina militar y la sustitución de “tribunales” por la de “órganos de justicia militar”, para extender el mandato a la Procuraduría del ramo. En lo sustantivo, la exención de competencia para “investigar, juzgar o sancionar a los miembros del Ejército presuntamente responsables de violaciones a los derechos humanos”.
Las intenciones del gobierno son transparentes y la remoción del funcionario internacional es una confesión de parte. A nosotros corresponde imaginar cómo el pueblo podría remover a sus agresores.