Denuncia Bolivia en la OEA el carácter racista y separatista del estatuto cruceño

Respaldar estado de derecho y democracia, pide al organismo

Dpa, Afp y Reuters

Washington, 2 de mayo. El gobierno de Bolivia denunció hoy ante la Organización de Estados Americanos (OEA) el carácter racista y separatista del estatuto de la provincia de Santa Cruz, promovido por terratenientes y empresarios regionales, y pidió al organismo respaldar el “estado de derecho y a la institucionalidad democrática en Bolivia rechazando cualquier intento de romper el orden constitucional” en el país.

“En Bolivia se está intentando utilizar un instrumento legítimo y democrático, como es la consulta popular, para lograr un objetivo antidemocrático y anticonstitucional. Mediante un legítimo instrumento democrático se está buscando un resultado que niega todos los principios de la institucionalidad democrática”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca, durante una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA.

La sesión de hoy fue exclusivamente dedicada a estudiar el caso boliviano, con base en el informe del emisario especial de la OEA, el argentino Dante Caputo, quien estuvo durante la semana en el país andino para tratar de encausar el diálogo entre el presidente Evo Morales y los gobernantes de los departamentos que tienen previsto realizar referendos (Santa Cruz, el 4 de mayo, y Beni, Pando y Tarija, en junio).

Los opositores tienen el respaldo de terratenientes y empresarios como Branko Marinkovic, el principal exportador de aceite comestible, que este año se vio afectado por la decisión del gobierno de impedir la venta del artículo para evitar la escasez en el mercado nacional, lo que impulsó el precio al alza.

Caputo dijo que los prefectos de esos departamentos plantearon la posibilidad de acordar con el gobierno nacional la adaptación de los estatutos autonómicos a la Constitución Política del Estado aprobada en diciembre pasado, reportó la agencia Abi.

El emisario de la OEA dijo que el diálogo entre las partes debe tratar los temas que han provocado diferencias entre el gobierno de Morales y los prefectos departamentales, lo cual incluye la redistribución regional del impuesto sobre los hidrocarburos, la regularización de tierras y la legitimación constitucional de los estatutos.

Insulza hizo suyo el reclamo del gobierno boliviano sobre la amenaza separatista que representa el conflicto entre algunos gobiernos departamentales y la administración central, a la cual llegó Evo Morales en 2006 con el apoyo de 53.7 por ciento de los votos contra 28.5 por ciento de su más próximo contendiente, Jorge Quiroga, del derechista partido político Podemos.

“Ninguno se atreve a decirlo, pero así es”, dijo Insulza al advertir la importancia de que el conflicto mantenga sus buenos oficios para atenuar la crisis.

La OEA no ha podido emitir una resolución de total apoyo al gobierno de Morales porque Estados Unidos, Canadá y los países caribeños han rechazado que el organismo emita una resolución que vaya más allá de un llamado a la paz en el país sudamericano, según informaron fuentes diplomáticas consultadas por la agencia de noticias Dpa.

Por el contrario, México, Centroamérica y Sudamérica apoyan una declaración de apoyo al ordenamiento jurídico y constitucional de Bolivia y el respeto a su seguridad e integridad territorial.

“La OEA no puede cerrar los ojos”, dijo Choquehuanca después de citar partes del estatuto cruceño en los que se indica que las autoridades departamentales tendrán el control de las aduanas y los tribunales.

“Si en el pasado fueron los golpes de Estado los que provocaban la ruptura de principios (democráticos), hoy estamos frente a un hecho que puede generar funestos precedentes para nuestras democracias”, advirtió el canciller boliviano.