Por Alvaro Cepeda Neri
La tensa presión por abortar una precipitada discusión, al interior del Congreso General, para aprobar, con modificaciones o no, la iniciativa calderonista, constituida por un haz de cinco propuestas, con tendencias privatizadoras, de Calderón y el PAN, para modernizar a PEMEX en sentido contrario a la dirección histórica de la Expropiación Petrolera (interrumpida por un mal manejo, un saqueo fiscal de gobiernos priístas y panistas, más la corrupción desde dentro y desde fuera), ha concluido en un debate más amplio, en tiempo y tema. Estos, sobre todo y en la medida que intervengan políticos, técnicos, administradores y críticos, más las voces oficiales, darán luz para divulgar una mayor información para normar los criterios a favor y en contra.
El debate está atravesando por una disputa de fondo, forma y contenido, planteada por la alternativa: consolidar la Expropiación de 1938, por la que luchó y financió la nación que mayoritariamente apoyó la decisión de Lázaro Cárdenas, imprimiéndole a PEMEX un manejo empresarial bajo control del Estado, o permitir la Contraexpropiación gerencial, desnacionalizadora para una privatización trasnacional. Esta última es la que impulsan los calderonistas desde Los Pinos, con apoyo incondicional del partido conservador derechista de Acción Nacional y los empresarios del capitalismo de rapiña.
Calderón y sus empleados del despacho presidencial, sus diputados panistas y el dirigente del PAN, convencidos o no pero sin margen para oponerse ni discrepar, a coro insisten en decir que su propuesta no es privatizadora. Pero, claro, lo aseguran de labios para fuera. Los calderonistas quieren cercar más a PEMEX con la intervención directa de empresas trasnacionales y las nativas, para explorar y comercializar el petróleo para quedarse con gran parte del recurso natural. Esto en lugar de solamente, cuando su intervención debe ser, en caso necesario, como subsidiarias para rentarles o comprarles tecnología.
La ingeniería nacional y los recursos generados por PEMEX le permiten a esa industria resolver sus problemas, siempre y cuando el señor Calderón y el Congreso liberen a la empresa de la sangría fiscal a través de la cual le quitan el 90 por ciento de sus ganancias, para mantener en la quiebra a la industria y hacerla aparecer como necesitada de inversión extranjera. Y permitirle a ésta y demás iniciativa privada, más de fuera que la nativa, entrar simulando apoyo financiero y técnico, cuando de aprobarse la propuesta de Calderón equivaldría a una Contraexpropiación y así cumplir con uno de los objetivos del PAN que se fundó en 1939, un año después de la Expropiación Petrolera, para combatir su nacionalización. Se trata, pues, de una venganza histórica para revertir la decisión de 1938 y, sin supuestamente tocar el 27 constitucional, contrarreformar las leyes reglamentarias de PEMEX para entregarlo a la iniciativa privada.
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