La Consulta

Por su espuriedad, Felipe Calderón no se siente obligado a consultar con el pueblo sus decisiones de gobierno en materia del usufructo --o, en este caso, cesión o remate-- del bien patrimonial de la naciòn mexicana. Más bien le asusta la ciudadanía, de la que se burla en sus propuestas

por Fausto Fernández Ponte

I

La decisión del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, de realizar una consulta popular en su ámbito geográfico-político acerca de las propuestas de reformas petroleras del Presidente de Facto, Felipe Calderón, es de suma trascendencia.

Precisamente por esa trascendencia, el propio gobierno que preside espuriamente el señor Calderón se opone a consultarle a la ciudadanía de la capital de la República Mexicana el destino de las citadas reformas.

Hágase la salvedad que, por supuesto, la ciudadanía del DF no es la totalidad de ciudadanos de México. Los habitantes de la capital conforman una porción numéricamente importante de la nación mexicana, más no es ésta su totalidad.

Empero, la ciudadanía capitalina --que debiere ser ya la del estado 32 de la Federación de Estados Unidos Mexicanos-- es una muestra representativa, ciertamente muy gruesa, de la nacional en lo demográfico y social, y en lo cultural.

La decisión del señor Ebrard descorre los velos que mal ocultan el temor del calderonismo --el propio don Felipe y su partido político, Acción Nacional, y los intereses que representan y abanderan-- a la democracia.

Y es que quien fue instalado en el poder mediante conculcación aviesa de la democracia --el viciado proceso electoral de 2006-- no puede sentirse identificado con el ideal democrático; de hecho, se burla de éste, como es evidente en sus propuestas.

II

Consultarle a la nación mexicana --poseedora, por ministerio de la Ley Suprema, del dominio directo de todos los recursos naturales comprendidos en el territorio nacional-- qué hacer con éstos, es un imperativo no sólo legal, sino indudablemente moral.

De decencia, pues, es ese imperativo; de honestidad, de congruencia --el más raro de todos los atributos humanos-- y de cortesía elemental, por aquellos que ejercen el poder público en nombre y representación formal de esa nación.

Consultarle, pues, a los mexicanos las propuestas de sus representantes formales --en los Poderes de la Unión con competencia constitucional para modificar el usufructo del patrimonio de éstos-- es deber ineludible. Pero es eludido.

Y, por contrapartida, no hacerlo es inmoralidad, además de que descubriría que la cosmovisión, la filosofía del ejercicio del poder público y la responsabilidad de dicho ejercicio acusa y exhibe una distorsión monstruosamente antidemocrática.

Tal es el caso de las propuestas de la calderonía. Por su espuria investidura, don Felipe no se siente obligado a consultar con el pueblo sus decisiones de gobierno en materia del usufructo del bien patrimonial de la naciòn mexicana.

Ese desprecio del calderonismo por el pueblo se acentúa y así permea y se asienta en la psique colectiva de los mexicanos. Perciben a don Felipe como un político antidemocrático y, como añadido, tramposo. Para él, la política es trampear.

III

Sí. Y trampear, además, en lo oscurito, en los propileos lujosos y opulentos de los grandes negociantes particulares de las élites empresariales --intereses creados del dinero--, como expresiones insoslayables de la cultura de la corrupción.

Trampear e insultar. Descalificar a quienes, por un lado, analizan objetivamente las propuestas calderonistas y, por otro, a quienes, en el extremo opuesto del espectro ideológico --la muy moderada izquierda lópezobradorista--, forzaron a debatir.

Al señor Calderón no parece moverlo su ideología de extrema derecha y su adhesión doctrinal al neoliberalismo voraz, rapaz, depredador y saqueador de México, sino la corrupción. Por corrupción, entrega los bienes de la nación a particulares.

Subyacente en el núcleo vero del móvil real de don Felipe está la explicación de ese proceder tramposo: escamotearle a la nación su patrimonio, sacándole la vuelta a la Constitución bajo guisas y disfraces legaloides para violarla y alzarse con el botín.

Robarle, sin duda, a la nación. Robarle legalmente a la nación con coartadas jurídicas insostenibles, falsedad de premisas e inmoralidad procesal. La consulta popular tendría valor intrínseco y agregado; éste último de plusvalía histórica.

La plusvalía de la consulta es la de que sería la nación misma, directamente, sin intermdiarios sospechosos de complicidades inconfesables como el Poder Legislativo, la que impediría el colosal intento de atraco del calderonismo a su patrimonio.

ffponte@gmail.com

Glosario:

Plusvalía histórica: valor agregado de carácter histórico o que adquiere importancia histórica.

Propileos: atrio, vestíbulo.