Las iniciativas petroleras y el TLCAN

Arnaldo Córdova

Los tratados internacionales que el Presidente de la República celebra, con aprobación del Senado, o los ordenamientos del derecho internacional que nuestro país firma y ratifica, constituyen una parte esencial de nuestro orden jurídico. El artículo 133 establece que la Constitución, las leyes que de ella emanan y los tratados serán “la Ley Suprema de toda la Unión”. Siempre pareció que el 133 establecía un orden jerárquico en el que los tratados iban en tercer lugar; pero en octubre de 1999 la Corte produjo una tesis que establece el verdadero orden de jerarquía: primero, la Constitución; luego, los tratados, y, al último, las leyes.

En dicha tesis, la Suprema Corte determinó que los tratados internacionales derivan de los compromisos que en el exterior asume el “Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas las autoridades frente a la comunidad internacional”. El Presidente los firma y los acuerda, no por sí, sino en representación del conjunto del Estado mexicano. Asumió que todas las leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas por el Congreso. Ellas forman el área doméstica de nuestro orden jurídico. Pero estableció, asimismo, que, al deber estar de acuerdo con la Constitución, sólo ésta es la ley suprema “y los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano, inmediatamente debajo de ésta y por encima del derecho federal y local”.

En el derecho internacional es usual que negocien, aunque en condiciones de igualdad en ciertas áreas, dos o más contrayentes que suelen ser desiguales, porque el poderío de los Estados nunca es igual en los hechos, si bien el trato tiene que ser igual. Ahí se trata de una justicia conmutativa (término aristotélico) que indica que cuando contratan desiguales entre sí, la verdadera igualdad consiste en tratarse desigualmente a fin de alcanzar una igualdad final en los acuerdos, de manera que todos salgan ganando al mismo tiempo.

Eso es típico del derecho del trabajo, en el que priva la justicia conmutativa. Por eso, cuando se acuerdan tratados entre Estados, siempre hay protecciones que se establecen y se permiten de común acuerdo, cuando hay desigualdad entre las partes (lo que casi siempre ocurre). Un tratado (o un contrato) está integrado por cláusulas, que son los puntos de acuerdo mutuo. Las cláusulas de protección en los tratados internacionales se llaman reservas, que los más débiles alegan como excepción a la materia general que se está acordando. No hay tratado en el ámbito internacional que no las contenga. Aun con esas excepciones, los tratados son obligatorios para las partes contratantes. Pero ahora veamos el caso del TLCAN.

Los tratados deberían ser observados y obedecidos por todas las autoridades del Estado mexicano, como ordenamientos que vienen después de la Carta Magna, y, en lugar de ello, es común ver que son, justamente, instrumentos que se obedecen muy poco, no se observan o, de plano, se ignoran. Sucede con la generalidad de los jueces. Eso ha ocurrido, en particular, con las convenciones y convenios sobre derechos humanos que nuestro país ha aceptado y ratificado. Pero resulta asombroso que muchos tratados firmados por el Ejecutivo sean olvidados cuando formula iniciativas de ley y las presenta a las Cámaras del Congreso.

Algo de verdad patético es que Calderón haya presentado sus iniciativas sobre reforma petrolera que violan lo establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado con los gobiernos de Canadá y Estados Unidos. Una verdadera joya de incuria (o de cinismo).

Los artículos cuarto y sexto de la iniciativa de Ley Reglamentaria del 27, que han sido comentados y expuestos hasta la saciedad, permiten a los privados las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos. Conceden también que esos privados puedan construir y tener en propiedad ductos y refinerías. Eso va contra la Constitución. Se alega que no se privatiza, porque los privados, con su capital, construyen ductos y refinerías que lo justo es que les pertenezcan, sin reparar que eso lo prohíbe el 27. Los que nos oponemos a las iniciativas privatizadoras, incluidos los que hemos participado en los debates del Senado, lo hemos señalado, mostrando la letra de la Constitución.

Ahora veamos el texto de la reserva 602.3 que incluye una protección especial y que dice así: “1. El Estado mexicano se reserva para sí mismo, incluyendo la inversión y la prestación de servicios, las siguientes actividades estratégicas: a) exploración y explotación de petróleo crudo y gas natural; refinación o procesamiento de petróleo crudo y gas natural; y producción de gas artificial, petroquímicos y sus insumos, y ductos; b) comercio exterior; transporte, almacenamiento y distribución, hasta e incluyendo la venta de primera mano de los siguientes bienes: i) petróleo crudo; ii) gas natural y artificial; iii) bienes cubiertos por este capítulo obtenidos de la refinación o del procesamiento del petróleo crudo y gas natural, y iv) petroquímicos básicos”.

No hay equívocos. El TLCAN incluye, a la letra y mejorado, el texto constitucional. Ahora, una de dos, o Calderón y sus asesores se olvidaron del texto del tratado o, lo que es más probable, por voluntad propia están renunciando y, en los hechos, abrogando esa protección de los intereses de México que se contiene en la reserva 602.3. Por voluntad propia del gobierno panista estamos renunciando a proteger nuestra industria petrolera. Calderón fue a Nueva Orleáns a solicitar de Harper y Bush que se permitiera modificar el TLCAN para incluir nuevas reservas sobre materia migratoria. Le dijeron que del tratado no se cambia ni una coma. Pero lo que sí puede hacer es renunciar a esa defensa y es, justamente, lo que está haciendo con sus antipatrióticas iniciativas. Ni a los canadienses ni a los estadunidenses se les podrá reprochar nada. Es Calderón el que está renunciando a la protección prevista en el TLCAN en favor de México.

Dudo mucho de que a Calderón sus asesores no se lo hayan advertido y, si lo hicieron, pues entonces aquí alguien está tratando de engañar a alguien. El hecho es que con estas iniciativas se está renunciando, deliberadamente, a defender nuestra soberanía petrolera y se busca sacrificar, cínicamente, los intereses nacionales.