Reducir el presupuesto a la investigación al mínimo

Carlos Fernández-Vega

Enojo puma

El desarrollo tecnológico y su financiamiento, hasta llevarlo al uno por ciento del producto interno bruto, ha sido otro de los muchísimos “compromisos” de saliva de las últimas cinco administraciones gubernamentales. A estas alturas del partido, y en el mejor de los optimismos, tal proporción a duras penas se aproxima a 0.4 por ciento

La tecnología y la investigación científica en el campo petrolero fue el tema de ayer en el debate que se desarrolla en el Senado, y el panorama es desolador. Uno de los puntos de coincidencia en el análisis fue el lamentable cuan deliberado abandono financiero en el que se encuentran las instituciones públicas oficialmente dedicadas a esta actividad.

Esos gobiernos decidieron que era mejor destinar multimillonarias partidas presupuestales para la compra de tecnología a las grandes trasnacionales, que destinar los recursos al fortalecimiento de, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), un organismo público al que, por el contrario, le redujeron dramáticamente su presupuesto. En cambio, de 2001 a 2006 Pemex contrató servicios tecnológicos por un importe total de 13 mil 360 millones de pesos, 82 por ciento de los cuales terminaron en arcas trasnacionales.

Pero no sólo en el sector petrolero se cuecen habas, porque se dan casos verdaderamente aberrantes de desvío de recursos públicos a las grandes empresas que operan en el país (incluidas las extranjeras) que debilitan financieramente a la investigación y el desarrollo tecnológico de alcance y beneficio nacional. Va un ejemplo.

Semanas atrás, los pumas mayores de la UNAM recibieron un telefonazo de los genios de la Secretaría de Hacienda, quienes les solicitaron revisar por dónde podrían recortar el presupuesto universitario para que el inquilino de Los Pinos completara el cochinito del nuevo subsidio por él anunciado en el marco de Oportunidades, por un monto de 4 mil 500 millones de pesos. No contestaron así, porque los felinos son muy educados, pero en términos llanos los mandaron al carajo, no sin antes recomendarles que si tal era la urgencia y de inmediato querían esos 4 mil 500 millones de pesos, simple y sencillamente cancelaran los subsidios gubernamentales al sector privado en materia de investigación y desarrollo de tecnología.

En efecto, en los últimos siete años de las arcas públicas salieron alrededor de 14 mil millones de pesos para financiar, vía fiscal, la investigación y el desarrollo de tecnología de las grandes empresas privadas (nacionales y extranjeras), famosas, entre otras tantas cosas, por sus elevadísimas utilidades y su raquítica contribución al fisco. Tan sólo en 2007 el gobierno calderonista destinó 4 mil 500 millones de pesos a tal fin, monto que fácilmente rebasará los 5 mil millones en 2008, de tal suerte que si quiere completar para Oportunidades ya sabe de dónde agarrarse.

Un Comité Interinstitucional (integrado por representantes del Conacyt y de las Secretaría de Hacienda, Economía y Educación Pública) “para la aplicación del estímulo fiscal a los gastos e inversiones en investigación y desarrollo de tecnología”, es el organismo público que autoriza a las empresas un crédito fiscal equivalente al 30 por ciento de los gastos e inversiones realizados en un ejercicio dado por los conceptos referidos.

En 2006 tales autorizaciones sumaron 4 mil millones de pesos, y entre los beneficiarios destacaron no la UNAM, el IPN, las universidades públicas estatales o el propio IMP, sino empresas como Bachoco (propiedad de la familia Bours, la del gobernador de Sonora) que ese año obtuvo subsidios por alrededor de 60 millones de pesos, cuando sus utilidades netas se aproximaron a 2 mil millones de pesos. Además, Banco Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, con más de 12 millones de pesos.

Bimbo no podía quedarse afuera del carrusel de beneficios fiscales, ámbito en el que es todo un experto: sólo en 2006 y por los conceptos referidos obtuvo más de 11 millones de pesos, independientemente de que su subsidiaria Barcel (alimentos chatarra) recibió 20 millones de pesos. Ese año, la empresa, propiedad de la siempre pía familia Servitje, reportó utilidades netas cercanas a 4 mil millones de pesos.

En la danza fiscal, Controladora General Motors se embolsó casi 500 millones de pesos y más de 320 millones Daimlerchrysler de México; Arca, uno de los grupos embotelladores de Coca-Cola en México, se llevó alrededor de 190 millones de pesos; Cadbury Adams México 30 millones; Laboratorios Astrazeneca, 13 millones; Bayer de México más de 7 millones; Bombardier Transportation México, cerca de 4 millones; Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, de FEMSA, alrededor de 11 millones; Du Pont México, más de 16 millones, Abbott Laboratories de México, casi 7 millones; Grupo Gamesa, subsidiarias de Pepsico, cerca de 38 millones y Grupo Posadas (que compró Aeroméxico) cerca de 22 millones.

No son todas las empresas, pero las citadas sí repitieron el beneficio fiscal en 2007. Como se acabó el espacio, mañana seguimos con el tema, mientras la investigación y el desarrollo de tecnología las universidades del Estado y en los organismos públicos se las ven cada día más negro para sacar adelante su chamba con menores recursos.

Las rebanadas del pastel

A partir de las 18:00 horas de este viernes, en el Club de Periodistas de México (Filomeno Mata 8, Centro Histórico) se desarrollará el XI Foro Balance de 26 años de política privatizadora en el contexto nacional e internacional; Pemex en riesgo. Participan el embajador de Bolivia, Jorge Mancilla Torres; Francisco Carrillo Soberón; Gloria Tobón, de la Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo (AUAS); Juan Cáceres, presidente y fundador de la primera organización de servicio a la comunidad mexicana en Nueva York, el Centro de la Comunidad Mexicana (vía electrónica desde aquella ciudad); Miguel García Reyes, presidente del Centro de Estudios Geopolíticos en Energía y Medio Ambiente y este tecleador. Como moderadores, Celeste Sáenz de Miera y José Manuel Orozco Garibay. Se va a poner bueno.