De la mediación

Carlos Montemayor

El pasado 13 de junio los integrantes de la Comisión de Mediación entregamos a los representantes del gobierno federal y a los medios informativos tres sendos documentos que se incorporaron al sitio web de Serapaz. Los documentos contienen listados de informaciones, testimonios y preguntas que no tuvieron respuesta del gobierno federal, pues en la sesión del 20 de junio se nos informó que no las consideraban preguntas dirigidas al gobierno; insistimos que sí lo eran.

En el tiempo transcurrido, empero, la Comisión de Mediación pudo dar respuesta a muchas de esas preguntas y formuló otras más que aparecerán en dos documentos que se entregarán en los próximos días a los representantes gubernamentales y que se harán públicos para los sectores sociales interesados en este proceso de mediación entre el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el gobierno federal.

La comisión ha trabajado con asiduidad en entrevistas con organizaciones, funcionarios y ex funcionarios de dependencias públicas, familiares de los desaparecidos, organizaciones como la LIMEDDH nacional y la de Oaxaca, organizaciones sociales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), comisiones jurídicas de la APPO y de la sección 22 del SNTE; con figuras individuales como el dirigente de la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecas, Juan Sosa Maldonado, quien fue detenido y desaparecido; con el general Tomás Ángeles Dahuajuare, Alejandro Punaro y los hermanos Alejandro y Francisco Cerezo Contreras. Esta amplia red de apoyos recibidos por la comisión ha modificado sensiblemente las ideas iniciales que teníamos del proceso de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez y de la naturaleza de las gestiones que la mediación puede desarrollar ahora y en el futuro inmediato.

Las acciones gubernamentales efectuadas en torno a los desaparecidos eperristas a través del ejército, el Cisen y la PGR han sido numerosas; esto nos confirma que los límites procesales son muy estrechos para las expectativas de la mediación. Hasta hoy, las diligencias realizadas por la CNDH en torno a los dos desaparecidos creemos que son las más completas y numerosas, aunque no hayan concluido aún ni se haya concretado una Recomendación al Ejército, la policía federal o la policía de Oaxaca.

Es posible que los numerosos intentos del gobierno por establecer contactos formales o informales con el EPR mediante gestiones como las del general Tomás Ángeles Dahuajuare y Alejandro Punaro, las presiones violentas o negociables con Alejandro y Francisco Cerezo, o la búsqueda de canales con Felipe Edgardo Canseco y Hermenegildo Torres, hayan impedido al gobierno federal entender el papel de la comisión de mediación en el proceso de diálogo.

De esta variedad de acciones del gobierno federal por conducto de diversas instancias proviene la confusión de versiones e interpretaciones que se han filtrado a los medios. Un ejemplo, que ha interesado al EPR, puede ilustrarlo: la desaparición del comandante Jonás Efigenio Gutiérrez Corro, llamado Jonás por esa organización armada y conocido en el medio policial oaxaqueño como comandante Corro. El 23 de octubre de 2007, en la jurisdicción de Santa María del Tule, Oaxaca, fue interceptado y secuestrado por un grupo armado que viajaba en una camioneta de color rojo. Fungía como comandante del cuarto grupo de la policía ministerial del estado y tomaba a su cargo la guardia de la comandancia general desde que fue nombrado director el teniente de navío Manuel Moreno Rivas. Eran públicas las diferencias entre ambos y en una ocasión incluso se amenazaron con armas.

Durante la semana del 30 de junio al 4 de julio de este año, en la televisora del Canal 13 de Oaxaca, la reportera Silvia Machuca presentó un reportaje sobre el EPR. En la última emisión dio a conocer una grabación anónima en la que se afirmaba que ése contaba con un campo de entrenamiento en la región Loxicha y que ahí la policía capturó a los dos eperristas y los llevó a la comandancia de la policía ministerial del estado en la ciudad de Oaxaca. La voz anónima afirma que arribaron ahí a las 00:00 horas del 25 de mayo, cuando estaba de guardia el comandante Corro, quien no los quiso recibir por verlos muy golpeados. La grabación concluyó que de la comandancia conocida como “los Pinos” fueron sacados y entregados a los militares y que están muertos y sepultados en Oaxaca.

El EPR ha precisado que Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron dejados hacia las cinco de la tarde del 24 de mayo de 2007 en un punto cercano al hotel El Árbol (sin que se hubieran hospedado ahí), pues tendrían una reunión de trabajo a las siete de la tarde. Fue la última vez que tuvieron contacto con ellos. Si fueron conducidos con el comandante Corro a las 00:00 horas del 25 de mayo, no pudieron provenir, pues, de los Loxicha.

El 11 de julio, según informó Octavio Vélez Ascencio en La Jornada, efectivos de la Unidad Especializada de Investigaciones de Terrorismo de la Subprocuraduría de Investigaciones Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), perteneciente a la PGR, registraron el cuartel general de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), denominado los Pinos, en la jurisdicción de Santa María Coyotepec, y las instalaciones del grupo Fuerzas Especiales de Alto Rendimiento, en la municipalidad de San Agustín de las Juntas, en busca de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, sin encontrar indicios de ellos. El procurador general de Justicia del estado, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, confirmó las acciones y afirmó desconocer qué fin tuvo el cateo.

Pues bien, sería conveniente saber, por ejemplo, si este operativo de la PGR se derivó de la grabación anónima presentada por la conductora Silvia Machuca o si la información llegó a la PGR por otra vía. En cualquiera de las dos posibilidades, es importante saber por qué se le concedió credibilidad al grado de provocar ese operativo. Por otro lado, según otras versiones, la figura del comandante Gutiérrez Corro es compleja. En 2005 fue detenido en compañía de Ricardo Dorantes Morteo y José Alberto Rasgado Antonio, uno ex director de la Policía Ministerial y otro comandante de la misma, por agentes de la SIEDO de la PGR.

Cada vez, como explicamos de manera pormenorizada en los documentos que en breve haremos públicos, nos resulta evidente a los miembros de la Comisión de Mediación que el avance en nuestra tarea requiere de un acercamiento a otras instancias, como el ejército y la PGR, y que tanto el EPR como el Gobierno Federal deberán decidir, una vez conocidos los documentos, si este proceso de mediación avanza o se suspende provisional o definitivamente.