El Justo Reclamo

Negocios de los Yáñez en SCT y Pemex

Los empresarios Amado Yáñez Correa, Amado Yáñez Osuna y Carlos Daniel Yáñez Osuna –accionistas de Oceanografía– ven prosperar sus negocios con el gobierno federal mediante empresas que crearon en el sexenio foxista: Geofísica Marina de Exploración y Proyectos Alternativos

Ana Lilia Pérez

Los accionistas de Oceanografía operan otras firmas con las cuales hacen millonarios negocios con el gobierno de Felipe Calderón: Geofísica Marina de Exploración (Geomarex) y Proyectos Alternativos, SA de CV. Desde 2005 han recibido contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por casi 120 millones de pesos.
El abogado Jesús González Schmal alerta que “los accionistas de Oceanografía estarían incurriendo en conductas delictivas de carácter fraudulento, porque están engañando a la ley al utilizar otras sociedades mercantiles para ocultar sus malos antecedentes como miembros de otras empresas que están siendo cuestionadas e investigadas por ilícitos en la operación de proveeduría con el gobierno federal”.Explica que este caso es un ejemplo “del fracaso de un sistema que supone mecanismos de auditoría y de control en las adquisiciones del gobierno federal”.
Califica como un modus operandi el uso de diversas sociedades mercantiles, pues dice que se trata de actividades “de carácter delictivo, porque pese a todas sus irregularidades siguen obteniendo contratos del gobierno, lo que sin duda da lugar a conductas de carácter penal por parte de los accionistas de las compañías”.
En la legislatura pasada, en su carácter de presidente de la comisión especial que investigó el supuesto tráfico de influencias de los hermanos Bribiesca, González Schmal indagó a los accionistas de Oceanografía. “No son empresarios, sino auténticos defraudadores que están al acecho del patrimonio público, buscando complicidades con los funcionarios en turno para poder acrecentar sus fortunas”.
Opacidad
En su revisión a la cuenta pública 2006, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) comprobó que en las contrataciones a Oceanografía se violaron las leyes de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, de Arrendamiento y Servicios del Sector Público, y Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Destacó que, a petición de los representantes de la empresa, los funcionarios de Pemex Exploración y Producción (PEP) modificaron las bases de una licitación que posteriormente le sería adjudicada (Fortuna, negocios y finanzas, 64, mayo de 2008).
Pese a ello, Jesús Reyes Heroles, director de Pemex, sostuvo el pasado 20 de junio, en su comparecencia ante la Comisión Fox en la Cámara de Diputados, que “mientras no esté inhabilitada o exista una acción legal que le impida a esa empresa participar en las licitaciones de Petróleos Mexicanos, podrá hacerlo sin ningún problema”.
Las subsidiarias
En los albores del sexenio foxista, el 23 de enero de 2001, Amado Omar y Carlos Daniel Yáñez Osuna crearon la Inmobiliaria Cayo, SA de CV, con un capital social de 50 mil pesos. Amado fue designado presidente del Consejo de Administración y Daniel Rassvetaieff Guerrero, apoderado legal.
Este último –abogado de profesión– es también apoderado legal de Arrendadora Ocean Mexicana (AOM), filial del consorcio naviero Blue Marine, cuyos accionistas son el exasesor directivo de Pemex, Antonio Juan Marcos Issa; su yerno, Alfredo Reynoso Durand; el hermano de éste, Juan Reynoso Durand, y su padre, Juan Reynoso Flores.
Inmobiliaria Cayo se formalizó ante el notario público 19 de Tlalnepantla, Estado de México, con residencia en Huixquilucan, Alejandro Antonio Pérez Teuffer Fournier. Quedó inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal el 5 de abril en el folio mercantil 274259.
El 18 de noviembre de 2002, en reunión del Consejo de Administración, los accionistas aportaron a su empresa 100 millones de pesos y cambiaron la razón social por Geofísica Marina de Exploración (Geomarex), y modificaron sus estatutos para convertirla en “una sociedad que tendrá por objeto la compraventa, arrendamiento, subarrendamiento, operación, administración y exploración por cualquier medio de embarcaciones”.
Especifica que el giro son las contrataciones en empresas particulares y en especial en Pemex. Se designó como delegados especiales a Carlos Bernardo Bandala Cabo, Daniel Rassvetaieff Guerrero y Emilio Paulon Fuentes. En 2005 se integraron como accionistas Cristina Rassvetaieff Guerrero y Alberto Duarte López.
Por esos días, supuestamente los Yáñez enfrentaban precarias condiciones económicas que les impidieron cumplir a cabalidad con los contratos de arrendamiento de embarcaciones que PEP les encomendara en la Sonda de Campeche, según documentos remitidos por Amado Yáñez a los funcionarios de la paraestatal.
Los incumplimientos les valieron la rescisión de contratos de las lanchas Paula Kay, Kristin Grace y Seba’an, contrarrestada con amparos judiciales que les consiguieran abogados como Diego Fernández de Cevallos, Antonio Lozano Gracia y Migue Nassar Down.
La familia Yáñez había llegado al sexenio de Fox como pequeña contratista con una larga cadena de penalizaciones y rescisiones de contratos, por los cuales incluso se inconformaron ante la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, en impugnaciones, integradas en los expedientes 1223/1997, 032/98, 058/98, 326/99, 082/00, 241/01, todas declaradas improcedentes.
Información de la compañía detalla que, al igual que Oceanografía, Geomarex “proporciona servicios como empresa naviera, para lo cual cuenta con el respaldo de importantes empresas a nivel mundial, a través de las cuales pone a disposición del mercado costa afuera en México embarcaciones de reciente construcción con la más alta tecnología”.
Geomarex tiene oficinas en el número 28 de la calle 62, colonia Fátima, Ciudad del Carmen, Campeche, y en el interior 102 del número 13 de la calle Tecamachalco, colonia Reforma Social, Distrito Federal.
A su vez, Proyectos Alternativos, subsidiaria de Geomarex, despacha en las mismas oficinas que ésta. Según su razón social, se dedica a la asesoría, ingeniería, diseño, instalación y mantenimiento a equipos de perforación de la industria petrolera, trabajos que realiza “apoyándose en alianzas con empresas de reconocido prestigio internacional”.
Ni Geomarex ni Proyectos Alternativos cuentan con personal y equipo propios. Para ejecutar los contratos de Pemex y de la SCT utilizan recursos materiales y humanos de Oceanografía, según se desprende de los expedientes de los trabajadores asignados a sus contrataciones con el gobierno federal.
La compañía está encabezada por Carlos Daniel Yáñez Osuna, director general; Ricardo Sánchez, director adjunto; Rabindranath Cantú Fuguemann, gerente. Su representante legal ante la Secretaría de Hacienda es Alberto Antonio Duarte López, hijo de Alberto Duarte Martínez, accionista de Oceanografía, en la que ocupa el cargo de gerente de Geofísica y Posicionamiento.
En las nóminas aparecen Carlos Daniel Yáñez Osuna, Amado Yáñez Correa, Alberto Duarte Martínez, Guadalupe Duarte, Cristina Rassvetaieff Guerrero, accionistas de Oceanografía.
El director de estudios técnicos es Lino Solís López, extrabajador de Pemex, empleado por Oceanografía desde hace 25 años, donde ha sido gerente comercial y representante técnico de los contratos ante las Administraciones Portuarias Integrales (API) y los contratos de dragado y levantamientos topográficos de PEP.
Los contratos
Los primeros contratos que el gobierno federal otorgó a Geomarex fueron a través de las API, que dependen de la SCT, para los servicios de supervisión y topografía. La secretaría, encabezada por Luis Téllez, también ha contratado a Oceanografía para estos servicios, pese a que el gobierno federal cuenta con una estructura dedicada a estas actividades.
El 1 de agosto de 2004, la API de Campeche le otorgó el contrato para la supervisión del dragado en la dársena 1, etiquetado como Isla del Carmen 009-2004, por un monto de 250 mil pesos, que se firmó hasta el 15 de octubre, a unos días de que concluyera su plazo. En el mismo mes, la dependencia le otorgó otra adjudicación por 638 mil 400 pesos, para la “supervisión de la obra de dragado en el puerto de Ciudad del Carmen”.
El 1 de diciembre de 2005, la misma API le otorgó un contrato por 290 mil pesos, etiquetado con el numero SYBAPLAYA/054/2005, para supervisar el dragado en la zona de Seybaplaya, Champotón. Para el 16 de diciembre, le entregó otra contratación por 180 mil pesos para supervisar el dragado en la dársena de San Francisco, en las inmediaciones del puerto.
El 26 de junio de 2006, la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante otorgó a Geomarex el contrato 6-D-DD-A-044-Y-0-6, por 1 millón 210 mil 171.78 pesos, para “supervisar el control de la obra de dragado del puerto de Ciudad del Carmen”.
Respecto a éste, en una carta enviada al director general de Puertos, Ángel González Rul Alvídrez, los representantes de la compañía manifestaron “no encontrarse en los supuestos del artículo 51”, ya que “nuestra empresa no se encuentra en situación de mora en la ejecución de obras públicas que tiene contratadas”. Al mismo tiempo, en PEP registraba atrasos en la ejecución del contrato 413055821 y Pemex ya le había autorizado un plazo adicional.
El 8 de enero de 2007, la API de Campeche le otorgó una adjudicación por 398 mil 750 pesos para la supervisión de dragado en la dársena 1 de Ciudad del Carmen. El 24 de julio, la DGPMM los contrató por 614 mil pesos para supervisar la obra de dragado en el canal de navegación de acceso al puerto de Frontera, Tabasco. Según las bases del contrato 7-1-DD-A-039-Y-0-7, la compañía debía trabajar desde el 1 de agosto, sin embargo, según facturas expedidas por Geomarex a la SCT, inició hasta el 1 de octubre.

Leer mas AQUI.