Gasolinazos y opacidad

Editorial

El gobierno federal determinó aplicar un nuevo aumento –el tercero en una semana y el número 18 en lo que va del año– a los precios de los combustibles, que entrará en vigor en las primeras horas de mañana: de esta manera, el costo del diesel se incrementará en 5 centavos, y los de las gasolinas Magna y Premium lo harán en 3 y 4 centavos por litro, respectivamente. De esta manera, los incrementos en los tres combustibles en lo que va del año –10.96 por ciento en el caso del diesel, 5.27 por ciento para la gasolina Magna y 5. 49 por ciento para la Premium– superan el porcentaje de la inflación acumulada de enero a julio de 2008 –el último dato disponible–, que es de 2.6 por ciento, y prácticamente rebasan la inflación anual, de 5.39 por ciento.

Por principio de cuentas, resultan cuestionables las razones con base en las cuales se defiende la aplicación de estas alzas. La actual administración ha calificado esta política de “ajuste gradual” de los precios de las gasolinas y el diesel como “necesaria”, dado el enorme gasto que representa subsidiar los grandes volúmenes de combustibles que se importan –alrededor de 200 mil millones de pesos, de acuerdo con cifras del gobierno federal–. Tal argumento, sin embargo, acusa una distorsión en el enfoque por parte de las autoridades: la principal razón del déficit de oferta nacional de los combustibles –situación paradójica en un país abundante en hidrocarburos– es la falta de recursos para la construcción y operación de refinerías. Esta circunstancia, a su vez, ha sido empleada para defender la intención de trasladar a manos privadas, por medio de una reforma al estatuto legal de Petróleos Mexicanos, los filones más redituables de la industria petrolera nacional, entre ellos el de la refinación. Sin embargo, como lo ha revelado un estudio reciente elaborado por Banamex, bastaría con eliminar el asfixiante régimen fiscal que pesa sobre la paraestatal para que ésta se colocara, en términos de rentabilidad, por encima de las mayores compañías energéticas del mundo, y para que contara, por ende, con los recursos económicos necesarios para financiar la construcción de nuevas refinerías y frenar, en esa medida, la creciente importación de gasolinas extranjeras.

Adicionalmente, el hecho de que el gobierno no haya anunciado ninguno de los 18 gasolinazos de este año es fiel reflejo de la inexistencia de una cultura mínima de transparencia por parte de las autoridades para con la población, y deja la impresión inevitable de que el destino del país se maneja con decisiones arbitrarias y unilaterales, que para colmo lastiman la economía popular. Significativamente, el diesel –combustible que ha sufrido mayor incremento en este año, casi de 11 por ciento– es utilizado por 80 por ciento del transporte de carga y pasajeros, lo que hace suponer que serán los consumidores finales de productos y servicios quienes acabarán por absorber los aumentos decretados.

Por último, no debe pasarse por alto el hecho de que la mitad de las nuevas alzas en los precios de las gasolinas, y un 25 por ciento en el caso del diesel, corresponde al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS). Esto pone en evidencia que se están usando estos incrementos con fines recaudatorios, aun cuando en materia de impuestos el gobierno federal no se manda solo y, hasta ahora, no está claro si ha habido autorización por parte de la Cámara de Diputados –instancia encargada de aprobar las modificaciones a los impuestos– con respecto a estos incrementos y su origen. En suma, en el manejo de la política de precios de los combustibles, como en tantos otros casos, el signo de la administración calderonista ha sido la opacidad.