Boletín Informativo ISA núm 539

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Sumario:

I. Algunos comentarios sobre la Alianza para acabar con la calidad educativa

Declaración de la Secretaría de Educación, Ciencia y Cultura del gobierno legítimo de México

II. Iniciativa de nueva Ley de Salud del DF, pérdida de derechos, por Asa Cristina Laurell

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ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE LA ALIANZA PARA ACABAR CON LA CALIDAD EDUCATIVA

Declaración de la Secretaría de Educación, Ciencia y Cultura del gobierno legítimo de México

1. El origen fundamental del conflicto magisterial actual es la instrucción dada por el Banco Mundial al des-gobierno de México de abrir la educación al mercado y, particularmente, de dar un uso distinto a los recursos públicos destinados a la educación. Dos orientaciones específicas se han planteado al respecto: replantear el gasto público en función de la demanda, abriendo oportunidades para escuelas privadas de recibir fondos públicos; y disminuir el presupuesto destinado al pago a maestros, para favorecer la inversión.

2. El instrumento que se ha elegido para hacer posibles dichos cambios es un procedimiento de evaluación que se ha aplicado a los estudiantes (conocido como Enlace), y el establecimiento de un procedimiento de ingreso y evaluación anual permanente de los maestros (hoy conocido como la Alianza para la calidad educativa). Los exámenes que se aplican a estudiantes desconsideran los programas de estudio, ya que se basan en la imposición de una presunta homogeneidad internacional de la formación de competencias para el mercado de trabajo, muy alejado del desarrollo de procesos de conocimiento en función del interés nacional. Es obvio que esto de las competencias es una barbaridad sin fundamento científico, pero además, es un inmoral negocio de compañías consultoras, la principal, Mc Kinsey, de origen canadiense, que actualmente factura al gobierno de México no menos de 3,000 millones de dólares anuales.

3. En el caso de los maestros, se están abriendo a concurso plazas interinas, eventuales y explícitamente no basificables, lo que constituye un engaño para quienes concursan, pero sobre todo, se planea entregar las plazas magisteriales a personas sin ninguna formación o experiencia en el campo educativo, a las que se aplica un examen indistinto, cualquiera sea el área de conocimiento y el nivel académico en que puedan involucrarse en el nivel básico. Esto también es una aberración, que se inscribe en el contexto de que CONAFE contrata ya a egresados de secundaria con becas de $300 pesos para que se conviertan en los maestros de primaria en comunidades rurales alejadas (que alimenta el programa de becas de Oportunidades), pero explica, sobre todo, que quiera suprimirse o reformarse radicalmente a las 250 normales públicas, en que se alberga buena parte de la experiencia y del pensamiento crítico magisterial que ha alimentado las luchas de los muchos años. Ha sido sistemática la disminución de plazas y recursos de todas las normales públicas, sobre todo desde el sexenio de Fox, y también la creciente contratación de maestros de normales privadas en escuelas públicas, en detrimento de egresados de normales públicas.

4. Por su parte, la llamada Alianza para la calidad de la educación, firmada, significativamente, por el SNTE, la SEP, la SHCP, SEDESOL y Salud, pero cuyo documento oficial no existe en ninguna página de gobierno se plantea tres objetivos básicos: modernización de los centros escolares; profesionalización de los maestros y de las autoridades educativas; y bienestar y desarrollo integral de los alumnos. El primero de estos objetivos señala la necesidad de mejorar la infraestructura y equipamiento de las escuelas, incorporando tecnologías de información y comunicación. Está asociado a las adquisiciones multimillonarias de computadoras que anualmente se hacen a Microsoft (una bolsa de infraestructura tecnológica que calculamos en no menos de 70 mil millones de pesos anuales), y también a la pretensión de desestatizar la infraestructura educativa, como pretendió la actualmente congelada Ley de infraestructura educativa que estuvo a punto de aprobarse el año pasado.

5. El objetivo de profesionalizar a los maestros supone la realización de exámenes de ingreso para la ocupación de todas las plazas vacantes; crear un Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros en Servicio (integrado presuntamente por instituciones de educación superior de reconocido prestigio), el 80% de cuyos cursos serán “matemáticas, ciencias, español, historia y formación ética y cívica”; que se ocupará de certificar a los maestros en función del rendimiento escolar; y que deberá reformar el programa de carrera magisterial para priorizar el aprovechamiento escolar (medido por el susodicho Sistema).

6. Los maestros a quienes se dio a conocer los objetivos de la supuesta Alianza en los talleres de actualización durante el verano captaron de inmediato que de lo que se trataba era de un empobrecimiento inexplicable e inadmisible, tanto del sistema educativo nacional, como de los maestros, a quienes no se reconocerían antigüedad, experiencia, carrera docente ni otros atributos que su presunto servicio a la formación de competencias para el mercado, de acuerdo a evaluadores extranjeros y a exámenes como los que empezaron a realizarse en agosto. En Michoacán, el magisterio tomó la decisión colectiva de no aplicar la Alianza en ninguna de sus vertientes, con lo que estuvo de acuerdo el gobernador. En Morelos, en cambio, el gobernador firmó; se abrieron a concurso 50 plazas; concursaron 5,000; y se publicaron dos listas completamente distintas de resultados por internet, la segunda de las cuales tenía a reconocidos allegados a la sección XIX del SNTE. Las protestas se han extendido a Zacatecas, Baja California, el DF, Quintana Roo, Veracruz, Oaxaca y Puebla, entre otros.

7. Cuando comenzó el movimiento en Morelos, los maestros se salieron de los talleres y fueron a exigir información y derogación del pacto al IEBEM (Instituto de Educación del estado). Se les sumaron los padres y madres de familia cuando el gobernador corrió el rumor de que se renovaría por completo a la planta de maestros y comenzó a pedir apoyo a la Unión de Padres de Familia y al Consejo Coordinador Empresarial para acabar con las protestas de los docentes. Y pese a que la suspensión de clases ha durado ya un mes, los maestros lograron el pago de su salario sin condicionamientos (se pretendió en un momento que firmaran su adhesión a la Alianza) y poner en jaque al gobierno para obligarlo a retirarse del pacto o incrementar la de por sí frágil estabilidad institucional.

8. El tercer objetivo de la Alianza, el del presunto bienestar de los alumnos, es simplemente profundizar el esquema de Oportunidades de dar apoyos focalizados presuntamente a los más pobres, pero esta vez, haciéndolas depender del “logro de aprendizajes relevantes”, es decir, de los resultados de las evaluaciones que practiquen sobre escuelas, maestros y alumnos, los organismos internacionales.

9. Como es visible, la tal Alianza no es sino una expresión más del pacto mafioso que corroe a todas las instituciones del país, sólo que aquí, además de los empresarios internacionales y el desgobierno, forman parte del negocio la dirección sindical corrupta y el Banco Mundial. El objetivo del Gobierno Legítimo de luchar por darle vigencia al derecho a la educación gratuita, universal, laica, democrática y nacional establecido en la Constitución es, por lo mismo, esencial para hacer frente a estos pillos. Además, en las actuales circunstancias, defender las normales significa tomar partido por una cultura pedagógica nacional que es parte invaluable de nuestro patrimonio cultural.

10. Las acusaciones que se hacen a los maestros debieran aplicarse al des-gobierno y a la corrupción sindical (venta de plazas, dobles plazas, comisiones indefinidas con goce de sueldo, etc.), pero no se plantea nada sobre la necesidad de devolver la dignidad de la función magisterial sobre la base de un salario suficiente y mejores condiciones de trabajo; derecho a pensión y jubilación; actualización y revisión a fondo de la carrera magisterial.

Nuestra solidaridad con los maestros agredidos de Morelos, y con la lucha del magisterio democrático, en cuyas manos está hoy la defensa del patrimonio educativo y cultural de nuestro país.

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INICIATIVA DE NUEVA LEY DE SALUD DEL DF, PÉRDIDA DE DERECHOS

por Asa Cristina Laurell, Secretaria de Salud del gobierno legítimo de México

(publicado en La Jornada el 2 de octubre de 2008)

En la política sanitaria el derecho a la salud es un tema básico y hay esencialmente dos concepciones. Una que lo reconoce como un derecho social universal que debe ser garantizado por la sociedad a través del Estado. La otra lo condiciona a una contribución monetaria, sea ésta en forma de un seguro prepagado o un desembolso directo pagado por el servicio en el sector público o privado. En México están presentes las dos concepciones; una rige el Programa de Servicios Médicos y Medicamentos Gratuitos (PSMMG) del DF y la segunda el Seguro Popular.

La primera está en la Constitución y en la Ley de acceso gratuito a los servicios médicos y medicamentos para los residentes del DF sin seguridad social laboral y la segunda en el apartado sobre el Seguro Popular (77 bis) en la Ley General de Salud.

El asambleísta priísta Marco Antonio García Ayala acaba de presentar una iniciativa de Nueva Ley de Salud del DF. Esta iniciativa incluye todo un capítulo sobre el Seguro Popular, pero hace mutis sobre el derecho de los capitalinos a los servicios médicos y medicamentos gratuitos y la obligación del Gobierno del DF de ofrecerlos en todas sus unidades médicas. Es un caballo de Troya que introduce sigilosamente reglas que quitan derechos a los capitalinos.

En este contexto es urgente volver a discutir el Seguro Popular y sus implicaciones para los afiliados y no afiliados; discusión que se ha dado sobre bases falsas por la difusión masiva de propaganda poco veraz. El argumento más usado a favor del Seguro Popular es que ha incrementado sustancialmente los recursos públicos para la salud. Es cierto pero podría haber crecido igual o más con otra política de salud como lo demuestra el caso del DF en el periodo 2001 a 2008. El monto presupuestal es una decisión política que no depende de uno u otro modelo de organización y prestación de los servicios. Obviamente puede usarse para frenar o imponer un modelo como en este caso. Es además necesario indagar sobre el uso y el impacto del presupuesto. Respecto al Seguro Popular he demostrado en este espacio y otros textos un subejercicio sistemático y la falta de infraestructura para prestar los servicios que lo convierte en el modelo que menos atenciones de salud presta a sus afiliados.

Si se sustituyera el PSMMG por el Seguro Popular los capitalinos perderían muchos derechos. El derecho a la protección de la salud pasaría de ser un derecho universal y exigible por todos a ser un “derecho” condicionado y restringido. El 80 por ciento pagaría una prima anual de entre 715 a 11 mil 380 pesos y, además, una cuota “reguladora” al atender ciertos padecimientos. Además sólo da acceso a los servicios de un paquete de intervenciones como cualquier seguro privado. Estas intervenciones excluyen servicios a los cuales los capitalinos ahora tienen acceso sin costo alguno en el marco del PSMMG.

Otra restricción importante es que la inscripción al Seguro Popular está fijada en un máximo anual de 14.3 por ciento de la población elegible, por lo es necesario afiliarse por anticipado y no al momento de requerir del servicio como se puede hacer en el PSMMG.

Por otro lado el reglamento del Seguro Popular promueve un trato privilegiado para sus afiliados lo que ocasiona discriminación en las unidades médicas entre éstos y el resto de los usuarios. Es más, prescribe la presencia de “gestores” en los centros de atención para proteger a sus asegurados; crea explícitamente mexicanos de primera y de segunda en los servicios. Esto sería muy degradante para los no afiliados porque tanto ellos como los afiliados se atienden en los mismos centros de salud y hospitales del GDF. En contraste, el PSMMG no promueve ninguna diferencia en el trato entre sus derechohabientes y otros usuarios que, siendo residentes del DF, pueden afiliarse con efecto inmediato en menos de una hora.

También hay que advertir sobre el hecho de que la iniciativa del PRI plantea la creación de dos nuevas estructuras burocráticas desconcentradas y costosas: una para administrar el dinero proveniente del Seguro Popular y otra para el control de los riesgos sanitarios. Entre ambas dejarían a la Secretaría de Salud con poderes muy restringidos para organizar los servicios con calidad y equidad. No es casual porque se requiere debilitar la institución pública para abrir la puerta a los privados.

El PSMMG es una alternativa al Seguro Popular y ha demostrado su viabilidad y eficiencia durante siete años. Preservar los derechos sociales es fundamental para una sociedad equitativa.