Petróleo y crimen, dominación y sometimiento

Lilia Arellano

Octubre, el mes más sangriento de la historia
Plan México, siniestra estrategia
Funcionarios de Bush llegan a dar órdenes

“Para Estados Unidos, energía y seguridad nacional son una misma cosa”, advirtió con toda precisión el aspirante presidencial republicano John McCain por la televisión a los votantes estadounidenses hace unos días. Es en este propósito en el que se inscribe la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), que George W. Bush hizo firmar en su rancho a Vicente Fox en 2005, y cuyo fin es proteger militarmente las fronteras de ese país y asegurarle el suministro de petróleo. La reforma energética que impulsa Felipe Calderón y el PRI, y el Plan México disfrazado de Iniciativa Mérida, son dos ejes de la misma estrategia de dominación y sometimiento.
En el plano militar, la guerra que se libra en estos momentos en el interior de México, al igual que la que se promovió en Irak, a los únicos que beneficia son a las compañías petroleras, quienes a través del gobierno de Bush y sus funcionarios le han dado toda la celeridad que el caso requiere en el marco de la discusión de la reforma energética en el Congreso mexicano. El director de la Oficina Nacional para el Control de Drogas (zar antidrogas de Estados Unidos), John P. Walters, estuvo en la Ciudad de México este jueves, en donde señaló que en la lucha que libran los gobiernos de México y de EU contra el narcotráfico estos grupos criminales sólo tienen dos opciones “ser encarcelados o morir”.

El reciente ataque al consulado de EU en Monterrey, Nuevo León, fue el pretexto perfecto para confirmar la necesidad de los recursos militares y económicos que la administración de Bush está destinando al Plan México, así como para justificar la intervención directa de los cuerpos de investigación y militares estadounidense en territorio mexicano, en flagrante violación a la soberanía de México, acción permitida por la administración de Felipe Calderón, quien habrá de enfrentar y responder por este y otros hechos ante la justicia mexicana y el juicio de la historia.
Lo mismo se puede decir del asesinato del documentalista y reportero neoyorkino, Badley Roland Hill, el pasado 27 de octubre en las afueras de la ciudad de Oaxaca, cuando recibió dos balazos en el momento que integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) se enfrentaron a personas vestidas de civil, presuntamente personal al servicio del gobernador Ulises Ruiz. La APPO fue culpada de este asesinato y la PGR capturó y responsabilizó de los hechos a dos de sus integrantes, Juan José Martínez y Octavio Pérez Pérez, quienes fueron obligados a declararse culpables mediante agresiones físicas y sicológicas, según lo denunciaron los consejeros appistas César Mateos y Florentino López, los que señalaron a un regidor de seguridad pública del municipio de Santa Lucía del Camino como uno de los autores materiales del homicidio del periodista estadounidense.
La detonación de granadas en el zócalo de Morelia, durante los festejos del aniversario de la Independencia de México, sirvió también para escandalizar a la opinión pública mexicana y a la estadounidense, pues quiso evidenciar el peligro que representan las bandas del narco mexicano para la seguridad del traspatio de Estados Unidos. Para el mismo fin han sido utilizadas las matanzas en serie que se han dado en diferentes puntos de la geografía mexicana: en Creel y Ciudad Juárez, en Chihuahua; en Tijuana, Baja California; en la Marquesa, Estado de México; en Reynosa, Tamaulipas, en la península de Yucatán, en el Estado de Chiapas, así como la serie de ejecuciones en prácticamente todo el territorio nacional, particularmente en las entidades que son paso y/o productoras de estupefacientes.
El Plan México opera viento en popa. La próxima semana estará en nuestro país la secretaria de Estado de Estados Unidos, Condolezza Rice, para instruir a Patricia Espinosa Cantellano, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la administración calderonista, en los temas de la agenda bilateral y que se concentran en la “Iniciativa Mérida” y la “guerra” contra el crimen organizado. En Puerto Vallarta, Jalisco, se reunirán tan importantes señoras con el Secretario Asistente para el Hemisferio Occidental, Tom Shannon John Walters, el zar antidrogas, también en nuestro país le aseguró al procurador Eduardo Medina Mora que promoverá en el Congreso norteamericano la entrega a México de los 400 millones de dólares aprobados en la Iniciativa Mérida. La primera partida que se destinará a equipo y capacitación aún no ha sido liberada por los congresistas estadounidenses.

Estrategia fallida
Los operativos que ha instaurado el gobierno de Felipe Calderón parecen más diseñados para ampliar y profundizar la guerra interna en territorio mexicano que para acabar con el flagelo del narcotráfico, además de que ha generado una impresionante serie de violaciones a los derechos humanos. No hay una coordinación elemental entre el Ejército y las fuerzas federales y mucho menos con los cuerpos policiacos estatales y municipales, por lo que prevalece la anarquía frente al enemigo, lo que se ha traducido en una gran cantidad de bajas dentro de las filas oficiales. Tampoco los Estados Unidos están haciendo la parte que realmente sí les correspondería realizar con el cuidado de su frontera, que actualmente es totalmente porosa, pues se cuelan con una facilidad espantosa dinero, armas y drogas. El resultado: una matanza interminable. Tan sólo en la primera quincena de este mes es de 400 muertos, según los registros de los medios de comunicación, y la cuenta aumenta hora tras hora.
A pesar de estos hechos extraordinarios, las preocupaciones en las familias mexicanas por el grado en que les afectará en sus bolsillos y, por ende, en la canasta básica de alimentos que llevan a sus mesas, la “turbulencia financiera” internacional, agravada por la especulación de vivales de la iniciativa privada, y la complicidad y rapiña de las autoridades financieras responsables de vigilarlos, ha pasado a segundo plano la inseguridad que se resiente en el país, provocada por el avance del crimen organizado en el control del territorio nacional, que el gobierno federal ha sido incapaz ya no de detenerlo sino ni siquiera intentar frenarlo.
Las pérdidas que resintieron importantes empresas mexicanas, la continúa devaluación del peso, cuya caída no se detiene; la subasta de dólares de las reservas mexicanas; la disminución del precio del petróleo; y las negras perspectivas que se ven en el plano económico en el último trimestre del año, que garantizan una cuesta de enero de 2009 por demás pronunciada ante el prácticamente nulo crecimiento económico proyectado para el próximo año por el gabinete económico, disminuyeron la importancia que tiene el baño de sangre por la agudizada disputa de territorios entre los cárteles de la droga.
El estado de Chihuahua que gobierna el priísta Reyes Baeza -quien ya tronó contra la Procuraduría General de la República- y el de Baja California Sur, en manos del Partido Acción Nacional desde hace 1989 y gobernada por Alejandro González Alcocer, siguen siendo las entidades que más resiente el enfrentamiento entre los cárteles de la droga. Los sicarios al servicio de los barones de la droga apuntan sin misericordia contra cualquier persona, ya sea rival en el “negocio”, o agentes de las fuerzas policíacas y militares, o integrantes de los poderes legislativo, ejecutivo o judicial.
Dos de las principales puertas de entrada de los estupefacientes a territorio estadounidense, en donde los consumidores se suman por millones, Ciudad Juárez, Chihuahua, y Tijuana, Baja California, son dos de los grandes escenarios de la despiadada lucha por controlar el negocio de miles de millones de dólares. En territorio chihuahuense el nivel de violencia llegó al extremo de contabilizarse un asesinato cada hora, los días 10 y 11 del mes en curso. En la frontera juarense, el viernes 11 un comando camuflageado con uniformes de agentes federales balearon a 11 personas en un bar y, ese mismo día, otro grupo de sicarios asesinó a siete personas en una fiesta.
Las rutas que ocupan los cárteles para el traslado de droga, producida en el país, e importada de Sudamérica, los han llevado a disputarse palmo a palmo prácticamente todo el territorio nacional, lo mismo en la península de Yucatán que en los estados colindantes con el Golfo de México, o los del centro de la República o los del norte, noroeste y noreste. No hay una entidad federativa que les sea vedada por las autoridades federales o estatales, que lo único que han logrado hacer es, como las autoridades financieras ante al ataque al peso mexicano, llevar el registro de lo que sucede, en el mejor de los casos, cuando no han estado involucrados en los ilícitos.

Infiltrados
Un claro ejemplo lo representa lo que sucede en el Estado de México, bajo el mandato de Enrique Peña Nieto, que ha gastado carretadas de dinero para promocionarse como precandidato del PRI al gobierno de la República y para sacar de los medios de comunicación el gravísimo problema de inseguridad. La Procuraduría General de la República del gobierno panista de Felipe Calderón, bajo la responsabilidad -o irresponsabilidad en su caso- de Eduardo Medina Mora, filtró esta semana a un diario nacional que altos mandos policiacos y operativos del mandato de Peña Nieto “vendieron” la plaza a dos cárteles distintos, Los Zetas y Los Pelones, que se disputan el control, además de la irrupción de un tercero que busca participación en el negocio, La Familia.
El reporte extraoficial señala que tal venta anuló los pactos políticos que se tenían antes de la llegada de Peña Nieto al poder, y que fueron mantenidos por sus antecesores, el último de los cuales fue precisamente su “tío” Arturo Montiel, conocido como “la rata”, mote derivado de sus spots propagandísticos durante su campaña electoral y por los nefastos resultados de su administración, sobre todo en el rubro de rendición de cuentas al pueblo mexiquense. Así la “inmunidad” de la que gozaba la entidad, que era tranquilamente trabajada por un solo grupo delictivo, fue anulada por “Jimmy Neutrón”.
Esto originó la despiadada lucha por una plaza que antaño presumía sólo de ser únicamente territorio de paso de los cargamentos de droga, pues el negocio se diversificó hacia el consumo local. “El consumo de enervantes aumenta 20 por ciento cada tres años”, destaca el reporte filtrado y precisa que en lo que en los primeros nueve meses del año se han registrado 74 secuestros, 20 levantones -es decir secuestros sin pedir rescate que por lo regular desembocan en “desapariciones” o asesinato- y 150 ejecutados, entre los que se encuentran por supuesto el asesinato masivo cerca del Parque Nacional La Marquesa.
Precisamente sobre este despiadado multihomicidio, las autoridades judiciales federales y estatales presentaron este jueves a dos detenidos: Raúl Ortega T, presunto integrante del Cártel de Sinaloa, bajo las órdenes de Edgar Valdés Villarreal La Barbie, y Antonio Ramírez Cervantes, quien es nada menos que comandante de la Policía Municipal de Huixquilucan. Según dichas autoridades, Villa Ortega fue el autor material de las 24 ejecuciones perpetradas el pasado 12 de septiembre, mientras que Ramírez Cervantes se encargó del “levantamiento” de las víctimas. Hace menos de un mes, las mismas autoridades estatales habían señalado que “algunos” de los ejecutados eran “albañiles” que trabajaron en la construcción de un “narcotúnel” en el norte del país, el cual había sido descubierto unas semanas antes de estos hechos.
También esta semana la PGR informó de la detención de Javier García Carrasco, El Chácharas un comandante de la Procuraduría del Estado de México, que hasta hace unas semanas estaba a cargo de una Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo, en coordinación con la PGR-Edomex, cuando José Manzur -actualmente prófugo- se desempeñaba como delegado estatal ante la PGR. La captura de este funcionario se desprendió del arresto de Fernando Sánchez, “El Cóndor”, integrante del grupo delictivo “La Familia” y quien delató a García Carrasco como la persona que le vendía información de los operativos contra el narcomenudeo, y los horarios de los mandos medios y superiores de la procuraduría estatal. Dicha información sirvió a los sicarios para emboscar y ejecutar a Nicolás Braulio Hernández, escolta y chofer del director operativo de la Policía Judicial estatal, Cuitláhuac Ortiz Lugo, quien está amenazado de muerte.
Todos estos últimos hechos muestran el grado de penetración que tienen ya los cárteles de la droga en los gobiernos federal, estatales y municipales, por lo que la lucha será larga y dolorosa para poder extirpar a la sociedad mexicana este cáncer social, para lo cual será indispensable más, mucho más que la movilización de mil soldados a Sonora, Coahuila y el Istmo de Tehuantepec y regiones de Chiapas, Tabasco y Campeche. La Secretaría de la Defensa Nacional adelantó a legisladores federales dicho plan que operará para “frenar el paso de explosivos, armas y dinero manejado por los cárteles de la droga” y con ello “estrangular casi 50 por ciento de las operaciones de los cárteles en el norte del país y lograr la dispersión de sus células operativas”.
El Ejército tiene 90 mil involucrados en la lucha antidrogas en todo el país y la administración de Felipe Calderón tiene la intención de mantener a los militares y en las calles durante toda su administración a fin de lograr mantenerse en el cargo.

México, policía de EU
La colocación de México en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas -órgano internacional que tiene la facultad de imponer sanciones y enviar fuerzas para mantener la paz en el mundo- en donde substituirá a Panamá, el 1 de enero de 2009, por un período de dos años, convierte a nuestro país en el policía de Estados Unidos en Latinoamérica y el Caribe. Cinco de las diez bancas no permanentes de este consejo se renuevan al cierre de estas líneas: Japón en representación del continente asiático, Uganda en la banca africana; e Islandia, Austria y Turquía, están a la espera de reemplazar a Bélgica e India en Europa; Libia, Vietnam, Burkina Faso, Costa Rica y Croacia, son los otros cinco miembros no permanentes que seguirán en el Consejo otro año mas. Los cinco miembros permanentes con poder de veto son China, Francia, Gran Bretaña, Rusia y Estados Unidos.

lilia_arellano@yahoo.com