Verdad y Justicia: tiempo de cumplir promesas

Julio Pimentel Ramírez

En un país sumido en un preocupante proceso de crisis económica, política y social, de la que forma parte el grave clima de inseguridad pública, que ha cobrado miles de vidas, entre ellas las de decenas de personas inocentes, en una Nación en la que además no han sido erradicadas la práctica de criminalización de la protesta social, es insoslayable reiterar la necesidad de cortar la línea de la impunidad que hace posible que se continúen presentando crímenes de lesa humanidad, similares a los cometidos hace décadas contra miles de mexicanos.
En las abiertas y comprometidas páginas de POR ESTO!, Diario de la Dignidad, Identidad y Soberanía -a cuyo director general Mario Menéndez Rodríguez reiteramos nuestra modesta solidaridad incondicional-, hemos insistido desde hace tiempo en que las violaciones a los derechos constitucionales y los delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado mexicano en contra de opositores políticos y la población civil durante la llamada “guerra sucia”, no serán superadas mientras no se establezca la verdad, en sus expresiones histórica y jurídica, se esclarezca el destino de los detenidos desaparecidos y se les presente con vida, se sancione a los responsables intelectuales y materiales, se reivindique la memoria de las víctimas y se instauren medidas legales y políticas que eviten la repetición de hechos de esa deleznable naturaleza.
La impunidad que protege a los responsables intelectuales y materiales de violación de los derechos humanos y delitos de lesa humanidad: detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles y degradantes, encarcelamientos injustos, procesos judiciales ilegales, ejecuciones extrajudiciales, genocidio, desapariciones forzadas, es uno de los mecanismos que en varios países de América Latina, México incluido, impide la existencia de un auténtico Estado de Derecho y la profundización de sus procesos democráticos.
Para romper la dicotomía impunidad versus Estado de Derecho, es necesaria la recuperación, conservación y difusión de la memoria histórica como fundamento de la verdad que, a su vez, es condición necesaria para alcanzar justicia, eslabón indispensable para conocer el destino de los más de mil 300 detenidos desparecidos, castigar a los responsables intelectuales y materiales de crímenes de lesa humanidad, resarcir integralmente el daño inferido a las víctimas y/o a sus familiares, aspectos que contribuirán a sentar las bases para que hechos de ese tipo no vuelvan a repetirse.
Comprender la triada memoria, verdad y justicia como elementos indispensables para poner fin a la impunidad en la historia de América Latina durante los años 60 a 90 del siglo pasado, es hablar tanto de las luchas y de la resistencia heroica de nuestros pueblos como de las masacres, genocidios, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones en las que se tradujo la política de Estado instrumentada por los respectivos gobiernos sometidos a los dictados del imperialismo estadounidense y a los intereses de los grupos políticos y económicos dominantes.
La lucha contra la impunidad en América Latina -recordemos que en Argentina (30 mil desaparecidos), Chile (bajo la brutal dictadura pinochetista), Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú, El Salvador, Guatemala y México, entre otras naciones-, implica la interrelación de esfuerzos sociales, políticos y jurídicos en los ámbitos nacional, regional e internacional.
Las comisiones de la verdad en América Latina han constituido, siempre, un intento por esclarecer los periodos de violencia y violación sistemática a los derechos humanos que atraviesan la formación y el desarrollo de nuestras democracias, incipientes muchas de ellas. Por ello, no es casual que su trabajo se haya realizado en periodos de transición de regímenes autoritarios a gobiernos democráticos.
En Michoacán, entidad que vive su segunda administración estatal bajo el signo de la alternancia y que pretende transitar hacia una verdadera democracia con participación social, se han realizado esfuerzos hasta ahora infructuosos por avanzar en el camino de la verdad y la justicia. Funcionarios gubernamentales han expresado que el próximo año se instalará una Comisión de la Verdad, que se pretende sea complementada con el nombramiento de un fiscal responsable de investigaciones jurisdiccionales.
Es hora de que el gobierno de Leonel Godoy asuma el compromiso empeñado por su partido, su antecesor y por él mismo. José de Jesús Guzmán Jiménez; Amafer, Armando, Solón Adenauer y Venustiano Guzmán Cruz; José Luis Flores Guzmán, Doroteo Santiago Ramírez y Rafael Chávez Rosas; Horacio Arroyo Souza, Ramón Cardona Medel, Felipe Peñaloza y desde el 26 de septiembre del 2007 Francisco Paredes Ruiz; entre otros compañeros detenidos desaparecidos, esperan verdad y justicia.
Las comisiones de la verdad son medios no jurisdiccionales de investigación que tienen por objetivo establecer las violaciones a los derechos humanos producidas en situaciones de violencia interna. Conformadas por personajes independientes (en los casos conocidos de comisiones de la verdad, en varios países), deben brindar a la sociedad una versión veraz de lo sucedido que trascienda la fría estadística de muertos, atentados y desaparecidos.